En los últimos meses de 2019, asistimos a una inesperada ola de descontento popular contra presidentes que manipulaban el discurso democrático o atropellaban derechos. En todos los casos, esos presidentes, que accedieron al poder por medio de elecciones democráticas, terminaron llamando a las jefaturas militares o policiales para reprimir las movilizaciones y garantizar su permanencia en el cargo.

En realidad, esto no comenzó en octubre pasado. Un rápido repaso nos recuerda al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en su asunción en enero de 2016 rodeado de oficiales. Asimismo, en enero de este año, Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército, asumía la Presidencia de Brasil apelando a un discurso religioso, reivindicativo de las dictaduras de la década de los 70, y amparando su poder en el nombramiento de más de 140 oficiales en puestos del Gobierno.

Los hechos más recientes nos muestran a Iván Duque, presidente de Colombia, perdiendo apoyo popular por la represión de las protestas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que eran una reacción al aumento de los precios de la canasta familiar.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció una serie de medidas económicas que provocaron protestas de tal calibre en Quito, que el gobernante tuvo que refugiarse en Guayaquil y retirar las medidas. Finalmente, convocó a la pacificación rodeado de policías y militares.

En los primeros días de octubre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, junto a los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, apelaba al respaldo ciudadano tras disolver el Congreso. Sebastián Piñera, en Chile, puso a los carabineros en las calles y decretó el toque de queda por las protestas frente al aumento del transporte público.

También los gobiernos considerados como progresistas recurrieron a los militares para asegurar su permanencia. En Bolivia, Evo Morales dedicó buena parte de su gestión a cautivar a los militares, quienes pasaron de considerarlo un traidor a la patria, a verlo como el artífice de la estabilidad política y económica. No obstante, esas fuerzas aliadas se reacomodaron rápidamente con las nuevas autoridades y aceptaron reprimir al pueblo. En Venezuela, las fuerzas armadas son el sostén del "Proyecto Bolivariano". Reproduciendo un modelo que se asemeja demasiado al cubano, estos militares tienen el control sobre la economía, las finanzas y los negocios ilegales.

Hace unos días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel nombró al excoronel Manuel Marrero como primer ministro. Marrero no se ha destacado por su carrera militar, ya que fue jefe del grupo técnico de inversiones, subdirector y director general del hotel Río de Luna y subdelegado de la empresa militar Gaviota para las provincias orientales.

Marrero combina la fortaleza económica y política del postcastrismo: trabajó en el entramado militar que controla el sector clave del turismo. En 1999 llegó a la vicepresidencia del Grupo de Turismo Gaviota y, en 2001, a la presidencia. En 2017 recibió el Premio Excelencias Turísticas. De 2004 a 2019 fue ministro de Turismo.

El turismo es clave en lo económico, las FAR son claves en lo político y controlan el negocio del turismo.

El nombramiento de Marrero sorprendió, ya que era un funcionario poco conocido, no era uno de los candidatos que se vislumbraban como posible segundo del presidente. Sin embargo, 594 diputados de la Asamblea Nacional de Cuba lo ratificaron.

Además, Díaz-Canel designó como secretario del Consejo de Ministros al general de brigada José Amado Cabrera Guerra, un virtual jefe de Gabinete, hombre de confianza de Raúl Castro, quien le asignó esas funciones en 2009.

El Consejo de Ministros de Cuba cuenta con otros militares: el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintra Frías, y el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, como ministro del Interior. A ellos se suman miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, quien es también viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General, y el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro de las FAR, entre otros. Todo ello es evidencia del peso militar en las decisiones políticas.

La foto de la designación de Marrero como primer ministro habla por sí sola de una realidad que muchos desdeñan, otros desconocen y algunos intentan ocultar: en Cuba, los militares ya no se preparan para el combate, sino para controlar la economía y blindar al presidente. ¿Es realmente casualidad que un miembro de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial que maneja un alto porciento de la economía cubana, asuma la segunda función del Estado?

Esto da lugar a dos interpretaciones. Por una parte, el sector crítico solo ve una fachada de reparto de poder y está convencido de que nada cambia. Por otra parte, la mayoría de los cubanos sigue sin expresar su opinión ante esta designación, por miedo, por desidia, por cansancio o porque esto es ajeno a sus luchas cotidianas.

Más que la investidura de un funcionario de segunda línea, asombra que, pese a que los militares siguen siendo realmente una de las instituciones que toman decisiones en la Isla, se conozca tan poco acerca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

En América Latina, el retorno democrático logró que los militares volvieran al cuartel. Pero en los últimos años, nuevamente, las fuerzas armadas incrementaron su participación en la política y su injerencia en la toma de decisiones. La preocupación por el control civil democrático de las fuerzas armadas se va desvaneciendo. En regímenes de dudosa legitimidad democrática, ese concepto de control civil, extensamente debatido en la literatura, no tiene cabida. Quizás en este punto Argentina puede ser una excepción, ya que la política de derechos humanos de los gobiernos democráticos ha desprestigiado a los militares poderosamente.

Sin embargo, tanto para Cuba, como para el resto de los países de la región, este sesgado y gradual aumento de la participación militar en la sociedad y el Estado tiene consecuencias nefastas. Una institución que mantiene el monopolio de la fuerza pública, es un riesgo para la defensa de los derechos humanos. Es también un desequilibrio para el juego institucional.

En la mayoría de los países latinoamericanos, parte de la sociedad recuerda con amargura la impericia, la corrupción, y especialmente la represión y la violencia instauradas por los militares. Las fuerzas armadas han sido creadas y entrenadas para proteger al país y a todos sus habitantes, y no a un régimen de gobierno. Este es un tema permanente, que los medios de prensa, los intelectuales, los grupos sociales y políticos tienen que fiscalizar continuamente.

Lamentablemente, 2019 muestra que países democráticos como Chile, Ecuador, Brasil y Colombia están militarizando su política como lo han hecho Cuba y Venezuela. En vez de un avance democrático la región se está militarizando.

Cuba, y también Venezuela, empoderan a los militares como guardianes de sus regímenes, los ubican en funciones privilegiadas, pero la paradoja es que al mismo tiempo corroen el sistema político y vacían de contenido a sus propias revoluciones.

Solo una activa implicación de la sociedad civil, a nivel nacional y regional, puede contener esta intensificación de las funciones militares, que deteriora la vida de los ciudadanos.

Sobre las autoras:

Rut Diamint: Investigadora principal de Conicet, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, de Buenos Aires, Argentina.

Laura Tedesco: Vicedecana de Humanidades y Ciencias Sociales de Saint Louis University/Madrid Campus