Los alumnos pobres del conurbano bonaerense, los de Santiago del Estero o los de Formosa, entre otros, reciben para su educación obligatoria dos o tres veces menos dinero que los de otras provincias argentinas. Las consecuencias son evidentes: son los chicos y adolescentes que tienen los peores resultados en las evaluaciones ONE/Aprender y los que más abandonan la escuela.

Nadie puede justificar esto. Hay quienes responsabilizan a los gobernadores e intendentes de esos distritos y hasta a los padres de esos estudiantes. Pero aun aceptando estos argumentos (que no comparto) no podemos mirar para otro lado cuando son los chicos quienes se perjudican.

¿Qué culpa tiene un chico santiagueño o de González Catán de haber nacido en un hogar pobre, en una provincia empobrecida? La justificación basada en el artículo quinto de la Constitución Nacional de 1853 –que establece que es cada provincia la que sostiene su sistema educativo- luce insuficiente: es una coartada que condena al atraso educacional a chicos argentinos como si fueran residentes en otros países.

Las dirigencias políticas han (hemos) respondido con eslóganes superficiales, transitando relatos variopintos que van desde la “inclusión” a la “meritocracia” con modestos resultados. El resto de las dirigencias parecen igualmente desinteresadas respecto de la educación. Es verdad que hay referentes políticos, sindicales, empresariales y de los movimientos sociales a quienes se los ve genuinamente preocupados. También es cierto que en algunas provincias se han dado pasos importantes. Pero las reacciones son aisladas y no logran articular una verdadera masa crítica de poder para torcer la tendencia al declive: el empobrecimiento de la educación es condición para más pobreza y menos desarrollo económico

Las clases medias y altas –incluidos expertos y funcionarios de todos los colores políticos- han decidido que “se salvan” mandando a sus hijos a escuelas privadas. Malas noticias: según las pruebas internacionales PISA, los alumnos de nivel socioeconómico más alto de la Argentina poseen un nivel educativo inferior al del nivel socioeconómico más bajo de España (que ni siquiera es de los más altos de Europa). La lección ya deberíamos haberla aprendido: nadie se salva solo.

Para colmo, el escenario actual presenta altos niveles de confrontación política, tal vez los más importantes en la historia democrática; una grieta que se ensancha y que restringe la posibilidad del diálogo maduro y la delimitación de consensos.

Sin embargo, este diagnóstico no debería perpetuar el pesimismo sino servir como base para un espacio superador, en el que suspendamos la grieta en lo relativo a la educación. En recientes diálogos con funcionarios y especialistas en educación de todos los sectores, pude identificar algunos ejes en los que es posible consensuar.

Primero, un rediseño de la lógica financiera de nuestro federalismo fiscal para logar un principio elemental de igualdad: todos y cada uno de los alumnos, docentes y escuelas necesitan y merecen financiamiento adecuado independientemente de la provincia a la que pertenezcan. Y por un principio de equidad, los más desfavorecidos deberían recibir más recursos y no menos, como ocurre desde siempre.

Un fondo federal para la educación se vislumbra como una herramienta razonable para lograr esas metas permitiendo a la vez resguardar al financiamiento para la educación de las recurrentes crisis económicas: la meta del 6% del PBI para educación fue positiva, pero solo se cumplió en 2015 y es una meta relativa: la porción de una torta que se achica cuando se achica la torta. El FUNDEB implementado en Brasil por el Presidente Lula parece un modelo adecuado de financiamiento educativo.

Adicionalmente, esos recursos deben tener una aplicación precisa, llegar a sus verdaderos destinatarios: los alumnos, los docentes y las escuelas.

Segundo, un programa de mejoramiento de la infraestructura escolar que incluya en un tablero de control a todos y cada uno de los edificios escolares argentinos, identificado sus déficits, que en muchos casos son tan esenciales como la falta de agua potable, los pésimos servicios sanitarios o el hacinamiento. Este tablero debe proveer información respecto de la falta de vacantes y necesidades de construcción de escuelas.

Tercero, un plan concreto de mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los docentes, para convertirla en una carrera profesional salarialmente atractiva y que valore el compromiso y la innovación. Los criterios de esta transformación ya están establecidos en la Ley de Educación Nacional de 2006, pero ningún gobierno nacional o provincial los aplicó. Es hora de negociar con los educadores el mandato de una Ley que respetan y defienden.

Cuarto, un programa para poner en valor a las escuelas públicas tanto desde lo pedagógico como de la imagen institucional a fin de limitar el proceso privatizador que la Argentina sufre hace tanto y que los sectores medios vuelvan a elegir escuela pública. Se trata de revertir o al menos detener el brutal proceso de segregación socioeconómica en nuestro sistema escolar.

Quinto, un programa nacional de compromiso y responsabilidad por la calidad educativa, especialmente en matemática y lengua, identificando acciones precisas y efectivas desde las más altas esferas gubernamentales hasta los docentes.

Ninguna de estas cuestiones tan elementales se resuelven de un día para el otro ni en una sola gestión de gobierno, nacional o provincial. Hace falta estrategia política para la próxima década que delimite un horizonte claro y atienda a los desafíos de equidad y desarrollo económico, con resultados parciales que pueden observarse de inmediato.

Esto no implica eliminar las diferencias políticas sino delimitarlas, explicitarlas mediante el diálogo honesto, para saber por dónde es posible avanzar. Diálogo que debería incluir la autocrítica de quienes estuvimos en altos cargos de la función pública.

En parte, ese plan ya existe en la Ley de Educación Nacional. Sus artículos más relevantes nunca se cumplieron y su implementación sería un aporte sustantivo. Pero lo problemas superan el alcance de esa ley porque requieren mayores acuerdos políticos, financieros e institucionales. Necesitamos un Proyecto Educativo para la Argentina.

El consenso por una educación sin grieta significa la actitud valiente de poner entre paréntesis las rencillas coyunturales y pensar la educación en serio, en largo y en grande. Para empezar con el pie derecho, el nuevo gobierno podría conformar el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación -también previsto en la ley de educación y que no funciona desde hace años- para la elaboración de un Proyecto Estratégico de Educación 2030 que pueda ser sometido al debate público y aprobado por el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales

Es mucho lo que hay por hacer. Ya no hay excusas para volver a transitar en la dirección incorrecta.