Históricamente los dos principales objetivos de Estados Unidos en América Latina han sido garantizar su seguridad y propender por la estabilidad en la región. Para lograrlo Washington implementó un conjunto variado de políticas y prácticas en aras de afianzar su hegemonía en el continente. Desplegó incentivos positivos, así como el uso de la fuerza, el recurso a la coerción diplomática y la vulneración de valores como la democracia y los derechos humanos. Antes, durante y después de la Guerra Fría, la seguridad y la estabilidad fueron el leitmotiv de la proyección de influencia y control estadounidense en Latinoamérica. Hace más de un siglo el “otro” que afectaba los intereses de Washington en el área era Europa y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín el enemigo era la Unión Soviética. Hoy el mayor peligro proviene de China.



Las ideologías que inquietaron a Estados Unidos respecto a la región fueron primero el fascismo y después el comunismo. No sin tensiones, y al calor de la Guerra Fría, Washington convivió con ciertas experiencias de populismo latinoamericano, siempre que fuesen el antídoto al comunismo. En la Posguerra Fría y más precisamente en los años recientes, la “amenaza” ha sido lo que en 2014 el General John Kelly (entonces al frente del Comando Sur y años después Jefe de Gabinete del Presidente Donald Trump) llamara el “populismo radical”.

A grandes rasgos, la creciente proyección de poder y prestigio de China en la Argentina y la intensión de evitar el regreso del populismo fueron las claves para el decidido respaldo estadounidense al gobierno de Macri. Ningún gobierno desde 1983, ni siquiera el de Carlos Menem, recibió tanto apoyo del ejecutivo, del legislativo, de los thinktanks, de Wall Street, del Southcom y de la banca multilateral en Washington. El acuerdo con el FMI es el ejemplo emblemático de ese elocuente soporte estatal y no gubernamental de Estados Unidos a Cambiemos.

El poco pragmático Integrated Country Strategy del Departamento de Estado de septiembre de 2018, plagado de errores, sesgos y argumentos ideológicos, ratificó un compromiso pleno de la administración Trump con la presidencia argentina. Pero Macri perdió; a diferencia de todos los presidentes sudamericanos (Cardoso, Lula, Dilma, Uribe, Santos, Correa, Chávez, Morales, Menem, Cristina Fernández, y Fujimori), no fue reelecto.

Hoy la región atraviesa una profunda y potencialmente descontrolada convulsión. Un simple listado de eventos ocurridos en solo los últimos treinta días lo pone en evidencia. La detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán que enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, terminó en una batalla campal con muertos y heridos. Los opositores al gobierno de Juan O. Hernández en Honduras se han movilizado exigiendo su renuncia en reacción al juicio contra su hermano Antonio.

La crisis migratoria centroamericana no ha cesado. Las movilizaciones en Haití se han tornado muy violentas. En Colombia el pos-acuerdo de paz se debilita, grupos disidentes de las FARC retoman las armas y los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados son recurrentes ante la escasa disposición del presidente Iván Duque para avanzar en las reformas pactadas. En Venezuela se consolida un catastrófico empate entre el gobierno y la oposición en medio de violaciones a los derechos humanos. En Ecuador se produjo un grave conflicto socio-político después del anuncio de la imposición de medidas de ajuste exigidas por el FMI. Perú sufrió una grave tensión institucional cuando el presidente Martin Vizcarra disolvió el Congreso y éste, a su vez, lo suspendió a él.

En Chile estalló una desbordada explosión social, resultado de la frustración acumulada que generó un modelo de crecimiento plagado de injusticias. En Bolivia fue cuestionada la re-elección de Evo Morales y las fricciones entre gobierno y oposición derivaron en un golpe de Estado cívico-militar. Y en Brasil los cotidianos exabruptos y provocaciones del presidente Jair Bolsonaro sobrevuelan una economía estancada y cuestionamientos nacionales e internacionales en ascenso en materia de derechos humanos, medio ambiente, entre otros.

En ese contexto, gracias a una elección que evitó un escenario social complejo, la Argentina podría ser un ancla de relativa estabilidad en América Latina. Si operara con racionalidad, el caso argentino debería ser funcional a los propósitos de Washington.

Una relación madura con el gobierno de Alberto Fernández podría evitar que el país se inclinara en exceso hacia Beijing. Argentina no necesita frentes hostiles sino contra-partes que eviten su colapso financiero y económico. Para Buenos Aires y para Washington por igual es crucial reivindicar la estabilidad como una dimensión que facilita una convergencia coyuntural y que coloca el vínculo bilateral en un terreno de predictibilidad más allá de los puntos de natural divergencia. Ojalá que en Estados Unidos se entienda que será costoso para sus intereses nacionales seguir apostando al desorden regional o creyendo que con puntos candentes en toda América Latina China desaprovechará la oportunidad para sacar ventajas importantes.

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