En el mundo desarrollado, el trabajo asalariado es mayoritario y goza de buena salud, y esto lleva a buscar que el empleo en plataformas emule las condiciones del empleo en relación de dependencia. De ahí, los fallos recientes en el Reino Unido, España o California que obligan a las plataformas a constituirse como empleadores. De ahí, también, que los trabajadores independientes lo sean en su mayoría por elección y como complemento de ingreso, y que presenten un alto nivel de satisfacción laboral -sobre todo, los de plataformas- según reporta un trabajo reciente del McKinsey Global Institute.

En el mundo en desarrollo, el trabajo asalariado es más la excepción que la regla. En la Argentina, la mitad de los trabajadores es independiente o informal, los puestos de trabajo asalariado privado son los mismos que en 2012, y el trabajo independiente suele ser primera fuente de ingresos de trabajadores no calificados (o sobrecalificados sin opciones) con salarios bajos y alta rotación. ¿Cuánto hay de elección y cuánto de necesidad en estos arreglos laborales? ¿Qué sentido tiene castigar el trabajo malo sin la alternativa de uno mejor?

Una cuestión moral

Para opinar sobre el trabajo en plataformas debería tomarse como referencia una situación en el que éste no existiera, proponía el otro día un economista en Twitter. El argumento es bastante común: un juez prohíbe las plataformas de mensajería por incumplir con las condiciones mínimas de seguridad de tránsito y transporte, y sus trabajadores quedan inmediatamente desocupados. Quien más pierde con el discurso antiplataformas es el trabajador de plataformas.

Hay al menos tres problemas con este razonamiento.

El primer problema es que la misma lógica podría aplicarse, por ejemplo, a los sweat shops de trabajo semiesclavo al que acuden voluntariamente trabajadores de baja calificación que de otro modo estarían desocupados. ¿Cuál sería el límite aceptable de explotación del trabajador independiente en un país que no genera trabajo asalariado? ¿Y en qué dimensiones: salario, licencias, seguridad, horas? Las normas laborales, entre otras cosas, ponen un piso a esta explotación, que podríamos llamar moral. La relación entre oferta y demanda tiene poco que decir al respecto.

Los otros dos problemas son económicos.

Puja distributiva

Lo que las reglas laborales tramitan, de manera ordenada, es una puja distributiva de siglos entre el capital y el trabajo. Este trámite avanzó mucho en el universo asalariado gracias a los sindicatos por rama, pero poco y nada en un universo independiente ignorado por los sindicatos, en el que cada trabajador negocia por su cuenta con empleadores más o menos concentrados (y las plataformas, por sus externalidades de red que hacen que la rentabilidad crezca con el tamaño, son particularmente propicias a la concentración).

Por otro lado, el trabajo en plataformas, en tanto independiente, casi no aporta al sistema previsional, agravando el problema fiscal que está detrás de nuestras crisis quinquenales.

El saber convencional supone que la empresa opera con márgenes normales y que no le paga más al trabajador independiente -en salario, en beneficios y licencias, en aportes- porque no puede. La precariedad sería condición necesaria del modelo de negocio de las plataformas: si sus trabajadores tuvieran los beneficios de los asalariados, el modelo no sería rentable y perderían sus trabajos.

Es el mismo saber que predice que una suba del salario mínimo genera desempleo, a pesar de que, ya en 1993, los economistas David Card y Alan Krueger -y otros después de ellos- mostraron que en muchos casos las empresas le pagan al trabajador menos de lo que pueden y que, ante la suba del salario mínimo, aceptan pagarle más. (No siempre es así: en mercados competitivos los márgenes son bajos y, en cualquier caso, un aumento excesivo del salario mínimo sí destruiría empleo.)

Salvando las distancias, algo similar se insinúa cuando una plataforma de delivery reparte cascos y chalecos ante una intimación judicial, sin echar a nadie (sin que esto implique que las plataformas puedan absorber cualquier exigencia; de hecho, tampoco es claro que sean rentables).

Una solución de compromiso sería encuadrar estas ocupaciones en un régimen especial, como se hizo con el personal doméstico, a mitad de camino entre la precariedad y el convenio colectivo. Lo que seguramente no es una opción es seguir ignorando al trabajo independiente, el único que crece en el país, en el debate político del futuro del trabajo argentino.

Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella y director del CEPE-DiTella

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