En los medios

Clarín
2/09/19

Después de la paridad, ¿qué?

La graduada de la Licenciatura en Estudios Internacionales analizó la participación de las mujeres en la política a partir de la Ley de Cupo (1991) y la Ley de Paridad (2017). "Más allá de la Ley de Paridad y su indudable utilidad, creer que la desigualdad está saldada por este hito es tan inverosímil como irresponsable", señaló Cerra.

Por María Emilia Cerra
Durante la segunda década del siglo XXI el movimiento de mujeres se refundó en una oleada sin precedentes cuando las movilizaciones de mujeres en todo el mundo se volvieron masivas. Esto se tradujo en consignas concretas para los gobiernos y en una mayor participación de las mujeres en la política.

En ese sentido, Argentina es uno de los países más avanzados en cantidad de congresistas mujeres, alcanzando el 40%. Luego de la Ley de Cupo de 1991 que estableció una cuota del 30% las listas legislativas, se logró la aprobación de la Ley de Paridad en 2017. Esta establece que las listas deben estar compuestas por el mismo porcentaje de hombres que de mujeres y se estrenará en las elecciones de 2019.

La paridad en las listas representa un gran avance en los derechos políticos de las mujeres que siempre se encontraron subrepresentadas en los ámbitos de toma de decisión. Gracias a estas medidas que buscan salvaguardar diferencias de base, el proceso de toma de decisiones se enriquece a partir de la multiplicidad de actores. Las mujeres introducen temas que antes no estaban, faltan menos, están más formadas y presentan más iniciativas legislativas.

Hablar de igualdad y paridad es un gran paso, pero no es lo mismo. La primera se refiere a la igualdad jurídica fundada en la conquista de derechos cívicos y políticos. La segunda extiende la igualdad en la esfera pública para corregir la falta de mujeres en la misma. Podemos decir que ambas garantizaron la homogeneización de las reglas formales para el pleno ejercicio de los derechos cívicos y políticos.
Sin embargo, haber alcanzado esta igualdad formal no elimina otras barreras invisibilizadas.
Si una democracia plena se mide en términos de las posibilidades que cada ciudadano tiene de ejercer con total libertad la vida pública, Argentina no ha alcanzado esa plenitud; no en tanto la igualdad y la paridad no sean superadas por el debate de la equidad de género.

Equidad es igualar las condiciones de partida de todos. Cuando nos referimos al acceso de las mujeres al ejercicio de cargos representativos, la equidad implica no tener que resignar el ejercicio de la vida pública en base a roles que culturalmente se les han asignado. La tarea de cuestionar estos roles es sana para la democracia. Algunos barreras pueden ser jurídicas, institucionales o socioculturales: desde la soberanía sobre el propio cuerpo hasta en qué horarios se realizan las sesiones. Todo esto interviene a la hora de participar en política.

¿Cómo disminuir estas barreras? ¿Es el ámbito privado el que debe democratizarse para que las mujeres puedan participar más de la esfera pública? ¿O para que se distribuyan más equitativamente las tareas domésticas y de cuidado es necesario que primero haya paridad en todas las legislaturas? ¿Es un cambio cultural el que tiene que ocurrir para entender la socialización de los estereotipos de género? En la discusión por estas garantías de equidad, intervienen factores como el debate sobre hasta qué punto el estado debe inmiscuirse en lo privado o qué vendrá primero; la legislación de la paridad en todos los poderes o la equidad en la privacidad del hogar para garantizar la paridad real en la cosa pública.
Más allá de la Ley de Paridad y su indudable utilidad, creer que la desigualdad está saldada por este hito es tan inverosímil como irresponsable.

Cuestionar la comodidad, desafiar los mandatos y extender el debate más allá de los derechos ya conquistados es lo que mueve la historia hacia adelante.

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