En los medios

La Nación
24/08/19

Tras las PASO, ¿peligran todas las causas de corrupción K?

Roberto Gargarella, profesor de la Escuela de Derecho UTDT, fue consultado por acerca del futuro de las causas contra Cristina Fernández y otros funcionarios ante una posible victoria del Frente de Todos. El profesor argumentó que, de confirmarse el resultado de las PASO en octubre, también corren riesgo las investigaciones.

Por Javier Fuego Simondet
Alberto Fernández es el candidato a presidente por el Frente de Todos. Esa simple sentencia es la que surge de los resultados de las PASO. Sin embargo, el veredicto de las urnas a favor del exjefe de Gabinete kirchnerista fue tan sorpresivo y contundente que hoy ocupa un rol central en la escena política. Sus palabras son anticipos de una probable nueva etapa para la Argentina. En razón de los 15 puntos de ventaja que obtuvo, Fernández fue contactado por el presidente Mauricio Macri para calmar las aguas del mercado. Sus declaraciones, incluso las previas al resultado electoral, adquieren hoy un peso específico mayor. En este marco, su advertencia preelectoral de que jueces y camaristas "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno" es muy significativa.

Las sospechas hacia una Justicia que suele moverse al calor del poder político están de nuevo sobre la mesa. Cristina Kirchner, con más de diez procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva, está a las puertas de llegar a la vicepresidencia. ¿Qué riesgos corren las causas de corrupción que involucran a la expresidenta y a muchos de sus exfuncionarios más encumbrados?


Esta semana, algunos fallos habilitaron temores alrededor de un mal recurrente de la Argentina, el tiempismo de los jueces. ¿El país está condenado a que los tribunales bailen al ritmo de la política? Para los especialistas, el escenario que se perfila es complejo, pero habría algunas recetas para mejorar.

El futuro de los expedientes por corrupción del kirchnerismo es una incógnita, y no solo por las opiniones de Fernández sobre los fallos. Así lo plantea Hugo Alconada Mon, periodista de investigación de la nacion: "No están en riesgo solamente por las declaraciones de Alberto. Muchos jueces y muchos fiscales son procíclicos: cuando tenés poder, se hincan ante vos y, cuando dejás de tenerlo, te patean la cabeza. Esto no es nuevo, viene desde los tiempos en que Carlos Menem metió la mano y modificó el Poder Judicial tanto en Comodoro Py, modificando la cantidad de jueces, como elevando jueces molestos a la Cámara y ampliando la Corte Suprema. Se repitió con el kirchnerismo y con Cambiemos".

Para el abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella también corren riesgo las investigaciones de confirmarse el resultado de las PASO en octubre. "En principio, por un problema que es más propio de la Justicia [federal, en particular] que de la política, y que tiene que ver con la disposición de muchos magistrados a actuar y decidir exclusivamente en función de razones políticas en un sentido muy amplio [razones no públicas, sino personales, muchas veces], usando el derecho solo como cobertura y excusa. A eso se suman las previsibles presiones políticas, que han existido siempre, y que no hay ninguna razón para no asumir que estén también muy presentes en un futuro gobierno de Alberto Fernández", advierte.

Durante la semana, algunos fallos alimentaron en la opinión pública suspicacias acerca de un incipiente movimiento del "péndulo judicial".

Por un lado, los camaristas Irurzun y Bruglia anularon procesamientos, sobreseimientos y faltas de mérito en el capítulo soterramiento del Sarmiento de las coimas de Odebrecht. Fueron beneficiados, entre otros, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi. Salieron perjudicados el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, y el emprersario acusado de lobista Jorge "Corcho" Rodríguez. Sin embargo, en los fundamentos de la resolución los camaristan dejan en claro que la decisión se basa en inconsistencias de la investigación. Entre otras cosas, la Cámara planteó que para avanzar en la causa falta material probatorio que debe llegar de Brasil.

Incertidumbres

Por otro lado, los mismos camaristas rechazaron pedidos de nulidad planteados por directivos del Correo Argentino y por la defensa del ministro Oscar Aguad, en la causa que investiga el acuerdo entre esa empresa de la familia Macri y el Estado por una deuda millonaria.

Lo cierto es que hoy en Comodoro Py hay incertidumbre ante la actitud con los jueces que adoptaría el kirchnerismo si volviera al poder, como informó la nacion esta semana.

Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, observa indicios de "tiempismo" judicial a partir de estas últimas decisiones. "Veo síntomas que empiezan a oler a la Justicia tiempista. La causa del Correo, que compromete al Gobierno, ha tenido un visto bueno para ir adelante desde la Cámara Federal. En el tema del soterramiento se revocaron los procesamientos a varios funcionarios K, con De Vido a la cabeza, lo cual parece un movimiento de regresión frente a lo que estos mismos jueces y competencias nos decían hasta hace muy poco. El tercer caso es el tema de la investigación sobre el Paseo del Bajo [el juez federal Claudio Bonadio pidió información a la empresa Autopistas Urbanas SA, en una investigación sobre las adjudicaciones de esta obra de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta]", remarca, en diálogo con este diario. "La primera impresión que da es que va a haber un riesgo importante", completa.

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, coincide. "Ya desde el final del último gobierno militar, la Justicia argentina ha mostrado ser sensible al cambio de contexto político. Por lo general, cuando los gobiernos llegan, la Justicia tiende a ser más condescendiente y, cuando se debilitan o finalizan, suele asumir posiciones más críticas. Un cambio político importante, como sería el reemplazo del gobierno de Macri por el de la fórmula Fernández- Fernández, seguramente tendrá influencia en las causas con contenido político y será a favor del gobierno que llega".

Para los especialistas y observadores, la salida de este atolladero es, sobre todo, institucional. "Hay una receta que ha funcionado alrededor del mundo, y es el fortalecimiento institucional. Tener un Consejo de la Magistratura que realmente sea tal; desarrollar un proceso de selección de jueces y fiscales que realmente sea selectivo y no por lobby; un proceso de remoción de los jueces que no son independientes, y bancarte que esos procesos institucionales puedan terminar avanzando en contra de vos mismo", explica Alconada Mon. "Cambiemos llegó al poder prometiendo que iba a aplicar estas reformas. ¿En qué terminó? Nombrando en la ex-SIDE a un amigo, Gustavo Arribas; con Daniel Angelici funcionando de operador, y nombrando subrogantes en la Cámara Federal porteña y sin un nombramiento en la Procuración, para tener a alguien que sea más o menos manejable".

Los procesos tienen que resolverse dentro del ámbito de la Justicia, afirma Ricardo Gil Lavedra. "Mucho hemos sufrido con las interferencias en la actividad de los jueces. Estos juicios tan delicados, como los de corrupción vinculados a altos funcionarios, tienen que ser inobjetables. Hay muchas quejas de los abogados de los imputados que tendrán que resolver los tribunales superiores", señala. Abogado y político, integrante del tribunal del Juicio a las Juntas, Gil Lavedra agrega: "La presencia de operadores del gobierno del que se trate y, sobre todo, de las agencias de inteligencia, ha sido nefasta para la administración de Justicia y todavía no ha cesado. Los caminos son una muy fuerte decisión política de cada uno de los gobiernos para que los jueces puedan trabajar sin interferencias, pero también respetando todas las garantías".

Pero ¿qué pasará con los juicios en los que se investiga la corrupción de los gobiernos kirchneristas, algunos muy avanzados? "¿La sociedad está dispuesta a sacrificar todo lo que se trabajó en la lucha contra la impunidad?", se pregunta Sabsay.

Qué se puede hacer

"El Poder Judicial es, en todos lados, el más frágil. Si no hay voluntad de los poderes políticos y fácticos de respetarlo, por más ética que haya es muy difícil. Desde lo institucional, si hubiera un cambio de gobierno y no se produjera una mayoría aplastante para designar y remover jueces, la cosa se podría negociar y no sería tan grave. El Poder Judicial se renueva con personas diferentes, con concursos diferentes. Precisa una institucionalidad muy fuerte, que no tenemos. Durante estos años no se hizo mucho, seamos sinceros", subraya el constitucionalista.

Gargarella aporta otra mirada. "La única manera es saliendo por arriba del laberinto judicial. Esto es, evitando que los casos judiciales sean un modo que tienen los jueces para negociar beneficios o presionar por intereses particulares o personales; la única manera que veo requiere romper el control exclusivo que tiene la Justicia sobre estos casos, y favorecer formas de control y decisión ciudadana en la materia [como el juicio por jurados]".

Fraga pone sus fichas en otro aspecto. "La Corte Suprema puede transformarse en una instancia de moderación de la influencia política en las causas. Eso puede ser mucho más eficaz que una norma, un pronunciamiento político o incluso que una marcha o una campaña en redes sociales". Para el analista, un problema central es que los jueces son elegidos por un organismo con fuerte integración política, el Consejo de la Magistratura, y necesitan el acuerdo de dos tercios de los senadores. Ese sería un mecanismo a revisar. "Los jueces no deben ser consecuencia de una negociación política, sino de un sistema que promueva a los mejores".

El tembladeral de las PASO no se refleja solo en los mercados. Con menos impacto inmediato que la devaluación del peso y el aumento del riesgo país, en los tribunales se sienten los movimientos que produce un resultado electoral todavía no definitivo, pero sorprendente.