Escuela de Gobierno
En los medios
15/04/19
Crece la participación de los colegios privados en el presupuesto educativo
“El objetivo de la Argentina debería ser un sistema educativo inclusivo y de calidad pero también integrado, sin guetos sociales, sin segregación socieconómica, donde los chicos aprendan a vivir juntos”, sostuvo Mariano Narodowski, profesor del Área de Educación de la Escuela de Gobierno UTDT.
El recurrente conflicto docente en la Provincia agregó, la última semana, una variante: la actividad gremial frente a colegios de gestión privada de la Región por el atraso o el pago del salario docente en cuotas. “Incluso en escuelas que son subvencionadas en su totalidad por el Estado presentan demoras; otras sólo abonan la parte del salario que es subsidiada y el resto lo pagan por tramos”, habían denunciado desde el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), y apuntaron a los propietarios de los establecimientos como “los responsables de garantizar la remuneración de los maestros”.
Pero, ¿bajo qué mecanismos se deciden los montos y porcentajes de subvención? ¿Quién controla el destino de esos fondos?
“Se necesitan mayores datos, más información y transparencia sobre la distribución de los fondos”, apunta a EL DIA la especialista en educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), Cecilia Sleiman, autora de un estudio que en los últimos meses del año pasado reveló que en la provincia de Buenos Aires -puesto que la Educación en el país está a cargo de los estados provinciales- $125 de cada $1.000 del presupuesto se destina a los colegios privados y que, entre ellos, los que más aporte reciben son los confesionales del nivel secundario.
Ahora bien, si se analizan los últimos datos alojados en la Contaduría General Bonaerense y se los compara con los de hace una década, se puede advertir un notorio incremento en el porcentaje de transferencias que realiza la Dirección General de Cultura y Educación a establecimientos educativos de gestión privada para el pago de salarios a los maestros. Así, mientras que en el año 2009 estas partidas representaban el 10,58% del total, ahora representan el 12,72%, la mayor incidencia porcentual de la década: casi $130 de cada $1000, contra los $100,5 de cada $1000 que se destinaban hace diez años.
Atento a que en la Provincia -según datos de principios de 2018- hay 5.308 establecimientos de gestión privada en los que estudian 1.429.007 alumnos, el investigador y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, analiza que “con el 13% del presupuesto se mantiene alrededor del 30% de los alumnos, lo que demuestra que el sistema educativo argentino necesita que una parte de la población asista a escuelas privadas porque el Estado no tiene capacidad financiera de garantizar el derecho a la educación”.
¿Cómo se explica el aumento en las partidas? Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) precisan que cada año, y mes a mes, contemplan los incrementos paritarios para luego “simular” los recibos de haberes docentes de cada colegio. El empleador presenta ante las autoridades su planta de maestros nominalizada y el Estado le gira un porcentaje de subvención. ¿Qué criterios se siguen para el otorgamiento de los montos? “Evaluamos el barrio en el que se ubica el colegio, el poder adquisitivo de los alumnos que asisten y de sus familias y la cuota que puede cobrar la escuela. Si tienen un 100% de subvención, cobrarán mucho menos que si se les otorga un 40%”, enumeran desde la Diegep, y resaltan que “el aporte debe ser destinado al pago de salarios, el empleador es responsable por ello y debe rendir cuentas todos los meses”.
“Es un año difícil”, admite Lentijo, y reconoce una “baja en la matrícula de muchas escuelas” (Ver aparte) y que quienes más lo sufren son aquellos colegios que, siendo confesionales o no, “atienden a los sectores más vulnerables”. Es una “fuga” en cascada que, según pudo saber este diario, se da del siguiente modo: producto de la crisis, reflexionan propietarios de escuelas de la Región, los alumnos han comenzado a migrar de las escuelas con menor subvención -y arancel más alto- a establecimientos parroquiales -con una cuota más baja- y, de aquí, a la escuela pública.
Como se dijo, desde la Diegep apuntan que el empleador es el “responsable” y “nada puede justificar la irregularidad en el pago”. El secretario general de ADEEPRA dispara que, aunque la Provincia muestra una “actitud de acompañamiento, no está dando aportes nuevos a escuelas que los necesitan, que atienden a sectores de menores recursos con porcentajes insuficientes de subvención”.
Por su parte, Sleiman advierte sobre la necesidad de “transparentar y dar a conocer los datos sobre el destino de los fondos, cuál es el proyecto social que tiene el establecimiento que reclama determinado dinero para solventar los salarios docentes. Sólo a través de reglas de juego claras y un sistema de monitoreo sobre el otorgamiento de los subsidios se podrá decidir si son las familias o el Estado el que tiene que aportar”.
Como se dijo, son las secundarias privadas las que mayor aporte estatal reciben -un 77% del total nacional-, “algo que puede deberse a la menor oferta estatal de educación para este nivel”, indica Sleiman, que advierte que el 81% de esos colegios son confesionales. “En algún momento habrá que plantear si lo que se financia es la educación o a la Iglesia. Y si, como se sostiene, Iglesia y Estado deben ir por separado, por qué se continúa financiando a las escuelas religiosas”.
Son las zonas grises que enumera la investigadora sendero para todo tipo de controversias. Como la que plantea el director de una escuela pública de la periferia platense, al cuestionar que “mientras escuelas privadas con matrícula plena reciben el 100% de subvención, nosotros trabajamos al 70% de nuestra capacidad”, y postula: “El origen de los subsidios se explicaba cuando el Estado no podía escolarizar a todos los niños por no tener infraestructura. Hoy hay mucha capacidad ociosa del Estado en muchas escuelas públicas, por lo que no se justifican los subsidios”.
De ninguna manera, interviene Narodowski, y explica por qué, tal quita de susbsidios haría colapsar el sistema educativo y dejaría un Estado “con mayor debilidad financiera: sólo algunas escuelas estatales podrían reabsorber a los alumnos que quedarían afuera de la privada; habría que volver a contratar a los docentes desempleados, por lo que lo ahorrado en la quita de subvenciones volvería a gastarse; y tampoco habría espacio físico para los nuevos estudiantes, por lo que se necesitarían más colegios, algo crucial para que miles de chicos no queden fuera de la escuela”.
Desde Sadop sostienen que “la discusión no pasa por quitar o no subvenciones a escuelas de gestión privada, sino sobre la inversión que el Estado debe hacer en todo el sistema educativo. La baja del salario docente o la falta de inversión en infraestructura escolar pública no se solucionará de este modo”. Alertan en el gremio que el recorte de subsidios dejaría en la calle “a muchos de los más de 100.000 docentes -un 31% del total- que hoy trabajan en colegios privados, que los aranceles se elevarían, menos familias podrían acceder y miles de chicos quedarían sin lugar para estudiar”.
Mientras que Sleiman asevera que de lo que se trata es de generar “mayores incentivos para que más chicos vayan a la escuela pública. Por ejemplo: “no presentándola como una institución para pobres”. Y, aunque advierte que además de los subsidios para el pago de sueldos, las escuelas privadas son beneficiadas “con exenciones impositivas” y se las excluye “de pagar contribuciones patronales a sus docentes -algo que responde a una larga tradición política-”, también subraya que “nada hace suponer que quitando la subvención al sistema privado se vayan a financiar más escuelas públicas ni que más familias vayan a optar por enviar a sus hijos a ellas”.
Nunca -sentencia la académica- un recorte presupuestario puede ser la solución, y propone revertir la espiral de decadencia que, según detalla, ha llevado la inversión nacional de infraestructura y equipamiento escolar de $9.200 millones en 2018 a $2.600 millones en 2019. Quienes representan a los docentes privados agregan que el debate no debe ser “subvención sí o subvención no”, ni debe pasar por “confrontar a los docentes de ambas gestiones”, sino por discutir “qué modelo de sociedad y de educación queremos”.
“Aprender juntos”, sintetiza Narodowski, “ese es el sentido de la escuela pública en el siglo XXI”, y concluye: “El objetivo de la Argentina debería ser un sistema educativo inclusivo y de calidad pero también integrado, sin guetos sociales, sin segregación socieconómica, donde los chicos aprendan a vivir juntos”. Si llegaste hasta acá, es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.
Pero, ¿bajo qué mecanismos se deciden los montos y porcentajes de subvención? ¿Quién controla el destino de esos fondos?
“Se necesitan mayores datos, más información y transparencia sobre la distribución de los fondos”, apunta a EL DIA la especialista en educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), Cecilia Sleiman, autora de un estudio que en los últimos meses del año pasado reveló que en la provincia de Buenos Aires -puesto que la Educación en el país está a cargo de los estados provinciales- $125 de cada $1.000 del presupuesto se destina a los colegios privados y que, entre ellos, los que más aporte reciben son los confesionales del nivel secundario.
Ahora bien, si se analizan los últimos datos alojados en la Contaduría General Bonaerense y se los compara con los de hace una década, se puede advertir un notorio incremento en el porcentaje de transferencias que realiza la Dirección General de Cultura y Educación a establecimientos educativos de gestión privada para el pago de salarios a los maestros. Así, mientras que en el año 2009 estas partidas representaban el 10,58% del total, ahora representan el 12,72%, la mayor incidencia porcentual de la década: casi $130 de cada $1000, contra los $100,5 de cada $1000 que se destinaban hace diez años.
Atento a que en la Provincia -según datos de principios de 2018- hay 5.308 establecimientos de gestión privada en los que estudian 1.429.007 alumnos, el investigador y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, analiza que “con el 13% del presupuesto se mantiene alrededor del 30% de los alumnos, lo que demuestra que el sistema educativo argentino necesita que una parte de la población asista a escuelas privadas porque el Estado no tiene capacidad financiera de garantizar el derecho a la educación”.
¿Cómo se explica el aumento en las partidas? Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) precisan que cada año, y mes a mes, contemplan los incrementos paritarios para luego “simular” los recibos de haberes docentes de cada colegio. El empleador presenta ante las autoridades su planta de maestros nominalizada y el Estado le gira un porcentaje de subvención. ¿Qué criterios se siguen para el otorgamiento de los montos? “Evaluamos el barrio en el que se ubica el colegio, el poder adquisitivo de los alumnos que asisten y de sus familias y la cuota que puede cobrar la escuela. Si tienen un 100% de subvención, cobrarán mucho menos que si se les otorga un 40%”, enumeran desde la Diegep, y resaltan que “el aporte debe ser destinado al pago de salarios, el empleador es responsable por ello y debe rendir cuentas todos los meses”.
Un año difícil
En la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), su secretario general, Perpetuo Lentijo, vuelve sobre las denuncias por incumplimiento en el pago de salarios que hasta el viernes pasado se escucharon en la Región y, aunque admite que “hay dificultades financieras”, con un “importante índice de incobrabilidad”, desmiente que las escuelas hayan dejado de pagar sueldos o cargas sociales. “No es cierto”, asevera. “Las escuelas privadas son de las que más al día están en sus pagos”, asegura, y que, además, los establecimientos subvencionados tienen la obligación de rendir mensualmente el aporte estatal. Entonces, ¿cómo se explican aquellas denuncias? Lentijo desliza tres motivos: una “intencionalidad política”; que algunas escuelas “no puedan anticipar el pago y tengan que esperar la llegada del aporte estatal para poder pagar sus salarios” o que, en los casos en los que la subvención no alcanza al total del personal, “se desdoble el pago, aunque no es lo habitual”.“Es un año difícil”, admite Lentijo, y reconoce una “baja en la matrícula de muchas escuelas” (Ver aparte) y que quienes más lo sufren son aquellos colegios que, siendo confesionales o no, “atienden a los sectores más vulnerables”. Es una “fuga” en cascada que, según pudo saber este diario, se da del siguiente modo: producto de la crisis, reflexionan propietarios de escuelas de la Región, los alumnos han comenzado a migrar de las escuelas con menor subvención -y arancel más alto- a establecimientos parroquiales -con una cuota más baja- y, de aquí, a la escuela pública.
Como se dijo, desde la Diegep apuntan que el empleador es el “responsable” y “nada puede justificar la irregularidad en el pago”. El secretario general de ADEEPRA dispara que, aunque la Provincia muestra una “actitud de acompañamiento, no está dando aportes nuevos a escuelas que los necesitan, que atienden a sectores de menores recursos con porcentajes insuficientes de subvención”.
Por su parte, Sleiman advierte sobre la necesidad de “transparentar y dar a conocer los datos sobre el destino de los fondos, cuál es el proyecto social que tiene el establecimiento que reclama determinado dinero para solventar los salarios docentes. Sólo a través de reglas de juego claras y un sistema de monitoreo sobre el otorgamiento de los subsidios se podrá decidir si son las familias o el Estado el que tiene que aportar”.
Como se dijo, son las secundarias privadas las que mayor aporte estatal reciben -un 77% del total nacional-, “algo que puede deberse a la menor oferta estatal de educación para este nivel”, indica Sleiman, que advierte que el 81% de esos colegios son confesionales. “En algún momento habrá que plantear si lo que se financia es la educación o a la Iglesia. Y si, como se sostiene, Iglesia y Estado deben ir por separado, por qué se continúa financiando a las escuelas religiosas”.
Son las zonas grises que enumera la investigadora sendero para todo tipo de controversias. Como la que plantea el director de una escuela pública de la periferia platense, al cuestionar que “mientras escuelas privadas con matrícula plena reciben el 100% de subvención, nosotros trabajamos al 70% de nuestra capacidad”, y postula: “El origen de los subsidios se explicaba cuando el Estado no podía escolarizar a todos los niños por no tener infraestructura. Hoy hay mucha capacidad ociosa del Estado en muchas escuelas públicas, por lo que no se justifican los subsidios”.
De ninguna manera, interviene Narodowski, y explica por qué, tal quita de susbsidios haría colapsar el sistema educativo y dejaría un Estado “con mayor debilidad financiera: sólo algunas escuelas estatales podrían reabsorber a los alumnos que quedarían afuera de la privada; habría que volver a contratar a los docentes desempleados, por lo que lo ahorrado en la quita de subvenciones volvería a gastarse; y tampoco habría espacio físico para los nuevos estudiantes, por lo que se necesitarían más colegios, algo crucial para que miles de chicos no queden fuera de la escuela”.
Desde Sadop sostienen que “la discusión no pasa por quitar o no subvenciones a escuelas de gestión privada, sino sobre la inversión que el Estado debe hacer en todo el sistema educativo. La baja del salario docente o la falta de inversión en infraestructura escolar pública no se solucionará de este modo”. Alertan en el gremio que el recorte de subsidios dejaría en la calle “a muchos de los más de 100.000 docentes -un 31% del total- que hoy trabajan en colegios privados, que los aranceles se elevarían, menos familias podrían acceder y miles de chicos quedarían sin lugar para estudiar”.
Mientras que Sleiman asevera que de lo que se trata es de generar “mayores incentivos para que más chicos vayan a la escuela pública. Por ejemplo: “no presentándola como una institución para pobres”. Y, aunque advierte que además de los subsidios para el pago de sueldos, las escuelas privadas son beneficiadas “con exenciones impositivas” y se las excluye “de pagar contribuciones patronales a sus docentes -algo que responde a una larga tradición política-”, también subraya que “nada hace suponer que quitando la subvención al sistema privado se vayan a financiar más escuelas públicas ni que más familias vayan a optar por enviar a sus hijos a ellas”.
Nunca -sentencia la académica- un recorte presupuestario puede ser la solución, y propone revertir la espiral de decadencia que, según detalla, ha llevado la inversión nacional de infraestructura y equipamiento escolar de $9.200 millones en 2018 a $2.600 millones en 2019. Quienes representan a los docentes privados agregan que el debate no debe ser “subvención sí o subvención no”, ni debe pasar por “confrontar a los docentes de ambas gestiones”, sino por discutir “qué modelo de sociedad y de educación queremos”.
“Aprender juntos”, sintetiza Narodowski, “ese es el sentido de la escuela pública en el siglo XXI”, y concluye: “El objetivo de la Argentina debería ser un sistema educativo inclusivo y de calidad pero también integrado, sin guetos sociales, sin segregación socieconómica, donde los chicos aprendan a vivir juntos”. Si llegaste hasta acá, es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.