La Argentina necesita emprender urgentemente un proceso de reforma de sus instituciones. El bajo crecimiento económico y las recurrentes crisis que generó en las últimas décadas la falta de una infraestructura institucional adecuada relegan cada vez más al país en el conjunto de las naciones y aumentan la desigualdad hasta niveles incompatibles con una sociedad democrática. Si seguimos en esta inercia, el país seguirá sin disfrutar los beneficios de la libertad.

De 1970 a 2014, el crecimiento prometido de la economía argentina fue del 2,4%, contra el 3,8% promedio (simple) de las economías latinoamericanas.

Además de ser más bajo, fue 16% más volátil que en el resto de la región. Una comparación con países emergentes asiáticos nos dejaría aún mucho peor parados.

Como consecuencia, el PBI per cápita de la Argentina fue en 2010 apenas 30% más alto que en 1970. En el mismo periodo, en el resto de América latina creció 100%. Solo Venezuela tuvo un desempeño peor.

El bajo crecimiento, la recurrencia de grandes crisis y la mala calidad de las políticas públicas redundaron en las últimas décadas en un aumento notorio de la pobreza y la desigualdad, algo que ocurrió en pocos países de la región. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, es más alto en el país que a inicios de los noventa. En el mismo periodo, experimentó una baja sistemática en el Brasil, Chile y México.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza era del 2,6& en 1974. Las sucesivas crisis económicas y posteriores recuperaciones hicieron que este indicador sufriera importantes fluctuaciones, pero la tendencia fue creciente: luego de subir abruptamente durante la crisis de 2001-2002, bajó al calor de la recuperación económica y de las políticas de distribución implementadas en la última década, pero comenzó a subir nuevamente desde 2012 a la fecha.

Según el Observatorio de la deuda Social de la Universidad Católica Argentina, se encontraba en el 18,3% de los hogares en 2014 (28,7% de la población).

De persisto esta mala performance, en los próximos treinta años el PIB de las demás economías latinoamericanas crecerá 50% más que de la Argentina. Eso va a pasar a menos que modifiquemos las instituciones, en particular si consideramos que a fines de 2015 los desequilibrios económicos de nuestro país eran más profundos que los de la mayoría de la región, excepto Venezuela.

Emprender un proceso de cambio es urgente.

Institucionalismo: del voluntarismo a la implementación efectiva Los cambios propuestos en este libro se inscriben dentro de una larga tradición intelectual que ha ganado un fuerte impulso recientemente: el institucionalismo.
Las instituciones son las reglas y los procedimientos que estructuran la interacción social y que habilitan y restringen las acciones de las personas. Esta corriente pregona su importancia para el desarrollo. El ejemplo más importante es la relevancia en el debate internacional del libro de Daron Acemoglu y James Robinson, ‘Por qué fracasan las naciones’, que intenta explicar las diferencias de riqueza de distintos países en función de un principio fundamental: si tienen instituciones inclusivas o extractivas.

Es importante destacar que un simple cambio de reglas y procedimientos no revertirá en sí mismo nuestro largo proceso de deterioro.

El problema es que la Argentina está llena de reglas, que se han modificado muchas veces, pero que no se cumplen. Como en muchos otros países emergentes, las instituciones son débiles y predominan los acuerdos informales: reglas sociales compartidas, generalmente no escritas, creadas, comunicadas y hechas cumplir fuera de los mecanismos oficiales.

Como ejemplo de instituciones débiles, pensemos en la capacidad de control que la Auditoría General de la Nación tiene respecto del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la Oficina Anticorrupción.

Sin duda, la Argentina cuenta, en los papeles, con un conjunto amplio de mecanismos de control de los actos de los gobernantes. En la práctica, sin embargo, los sucesivos gobiernos se han visto poco limitados en su acción por estos organismos. Ese es un ejemplo de “institución débil”. Los procedimientos de aprobación de leyes en el Congreso y el funcionamiento interno de los partidos políticos, por su parte, son casos de “instituciones informales”.

Sería esperable que las leyes se negociasen entre las bancadas oficialistas y opositoras en el Parlamento. Sin embargo, la práctica habitual es que la puja sea entre el PEN y los gobernadores, que luego “instruyen” a los diputados de sus provincias sobre “como votar”. Existe, por otra parte, un conjunto de órganos de conducción y decisión establecidos en la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, rara vez se reúnen y las reglas del partido se violan abiertamente todo el tiempo.

Cambiar las instituciones y su funcionamiento no es sencillo. El hecho de que muchas reglas y procedimientos no se cumplan y que existan mecanismos alternativos obedece a costumbres muy arraigadas y, más importante aún, a un conjunto de intereses muy fuertes que responden al actual equilibrio de poder dominado por el hiperpresidencialismo.
La experiencia internacional muestra, sin embargo, que es posible mejorar y fortalecer las instituciones, aunque sea un proceso costoso que lleva mucho tiempo. Existen tres fuerzas complementarias que permiten la transformación de instituciones informales:
1) Cambio de las instituciones formales donde haya que cambiarlas. Las modificaciones en las reglas de juego alteran costos y relativos de operar con viejas reglas informales, por lo que pueden llevar a mejoras en la operación real.
En el caso de la Argentina, por ejemplo, la introducción de cambios en las reglas y los procedimientos electorales podrían producir una transformación en los incentivos de los legisladores para convertir al Congreso en un contrapeso eficaz al Poder Ejecutivo.

2) Cambios en la distribución de poder y recursos. Eventos externos producen cambios en la distribución de poder y recursos entre los distintos actores políticos, lo que debilita a los que se beneficiaban con un determinado statu quo. En la Argentina se identifican al menos dos fenómenos al respecto. El primero, relativamente nuevo y probablemente con una influencia real acotada, se hizo evidente con la crisis de la Resolución 125 en 2008, que mostró la fortaleza relativa del segmento agroexportador argentino y una alianza contingente e implícita con sectores urbanos de ingresos medios y altos.

Los intereses de estos grupos se orientan hacia una mayor eficiencia estatal y una menor presión impositiva, y se oponen a los de otros sectores urbanos que han peleado históricamente por gravar al campo para redistribuir hacia grupos de menores ingresos.

Esa convergencia de intereses no tuvo una expresión política clara y contundente (en este sentido, la coalición Cambiemos solo representa en forma parcial estos intereses). El segundo fenómeno es la oportunidad que podría brindar una nueva crisis macroeconómica o el comienzo de un nuevo gobierno que tenga el mandato o la vocación de transformar el país, aún más en el contexto de transformar el país, aún más en el contexto de una nueva generación de dirigentes accediendo al poder. Estos factores podrían debilitar las redes clientelares profundizadas en los últimos años y abrir la posibilidad de implementar una agenda de cambios institucionales como los que sugerimos en este libro.

3) Cambios en las creencias y las experiencias. Si las creencias compartidas sobre costos y beneficios de las reglas vigentes cambian a lo largo del tiempo, puede entonces surgir la oportunidad para avanzar en un proceso de reformas institucionales.

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