En los medios

Página/12
11/06/18

La economía después del acuerdo: con margen limitado

El profesor de la Maestría en Finanzas analizó cómo impactará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la economía local. Describió la apuesta oficial de mantener el crecimiento de los ingresos, lograr una licuación real en los gastos de consumo y una baja nominal en los gastos de obra pública, cumpliendo el sendero de reducción del déficit.

Por Martín Vauthier

Durante la campaña electoral de 2015, el debate se centraba entre corregir las distorsiones heredadas (cambiaria, tarifaria y de precios relativos) aplicando un enfoque gradual o uno de shock. Una vez iniciada la nueva gestión, el Gobierno liberó las restricciones cambiarias, retornó a los mercados globales y tomó medidas destinadas a reducir en simultáneo la presión tributaria y el déficit fiscal, diagramando un esquema de metas fiscales que incluían la disminución de este último en un punto del PIB por año. 


Este gradualismo fiscal, no obstante, no se aplicó en el caso del déficit de cuenta corriente. Más bien todo lo contrario: en 2015, con el límite natural que imponía el cierre parcial de la cuenta financiera, el déficit del sector externo ascendió a 17.622 millones de dólares, en tanto en 2017 creció al récord histórico de 30.792 millones. Este comportamiento en sentidos opuestos deja en claro que, más allá de estar relacionados a través de la identidad de las cuentas nacionales, una baja en el déficit fiscal no necesariamente deriva en una disminución en el déficit de cuenta corriente (para ello se requeriría que el ahorro privado y la inversión no se modificarán).

El reciente salto del tipo de cambio contribuye a un ajuste en el déficit de cuenta corriente vía una reducción en las importaciones de bienes y en los gastos por turismo emisivo, pero genera, todo lo demás constante, un aumento en el déficit financiero, teniendo en cuenta que actualmente el sector público se encuentra “corto” en moneda extranjera.

En este sentido, resulta pertinente distinguir entre los efectos directos (sobre ingresos y gastos que ajustan en forma instantánea en una devaluación) e indirectos (los renglones vinculados a la nominalidad de la economía, que tiende a aumentar en línea con el traslado a precios de una devaluación) de una suba en el tipo de cambio sobre las cuentas públicas. 

Impactos directos: Desde el lado de los ingresos, la suba en el tipo de cambio implica, todo lo demás constante, un aumento en la recaudación en pesos por los tributos vinculados al comercio exterior. Sin embargo, la eliminación en los derechos de exportación a la mayor parte de los rubros y el esquema de reducción mensual en la alícuota que recae sobre el complejo sojero limita el impacto sobre este rubro, al generar incentivos para postergar la exportación. En el caso de los impuestos vinculados a las importaciones, el impacto positivo del tipo de cambio queda compensado parcialmente por la caída en las cantidades importadas. Desde el lado de los gastos, el movimiento en el tipo de cambio impacta en forma plena sobre los costos de generación eléctrica, los programas de subsidio a la producción de gas y parcialmente sobre el transporte público por el componente del combustible. Finalmente, la suba en el dólar impacta en forma plena sobre los intereses en moneda extranjera.

Impactos indirectos: En un contexto de aceleración en la inflación, donde buena parte de los recursos se encuentran parcialmente correlacionados con la nominalidad presente, la fórmula de movilidad previsional, que indexa las prestaciones en un 70 por ciento a la inflación pasada, implica que los gastos indexan a una inflación menor a la presente, contribuyendo en el corto plazo a mejorar la dinámica fiscal (aunque en menor medida que la fórmula previa).

El margen de maniobra para achicar agresivamente el déficit fiscal resulta limitado, considerando que casi el 60 por ciento del gasto primario de la Nación se encuentra indexado por ley al pasado, lo que requiere, en ausencia de una nueva ley que modifique la fórmula, presionar sobre el 40 por ciento restante de las erogaciones, que incluyen salarios, obra pública, transferencia discrecionales a provincias y otros gastos corrientes. La apuesta fiscal del Gobierno, en un escenario virtuoso y sin cambios de leyes, consiste en mantener el crecimiento de los ingresos vinculado a una mayor eficiencia de la AFIP, lograr una licuación real en los gastos de consumo (25 por ciento del gasto primario) y una baja nominal en los gastos por obra pública (8 por ciento del gasto), cumpliendo el sendero de reducción del déficit fiscal y compensando parcialmente los efectos sobre el nivel de actividad con la inversión en infraestructura vinculada a las PPP, para lo cual se requiere necesariamente una baja en el costo de capital y de financiamiento para el sector privado.