Por mucho que esté de moda afirmar lo contrario, los derechos humanos no han fracasado. Podemos discutir si prometen más de lo que ofrecen o si son una lente limitada para analizar muchas de las situaciones en las que se los invocan, pero siguen siendo un instrumento influyente en el orden internacional. Nuestro sistema político global no es anárquico, pero tampoco está organizado por una autoridad centralizada: está determinado por diversas interacciones entre una infinidad de actores que incluyen a Estados, organizaciones internacionales y no gubernamentales, y empresas multinacionales. Muchos de estos actores se arrogan la facultad de afirmar qué son los derechos humanos, cuándo se los viola o cuándo se los defiende. Lo hacen de maneras muy, poco o nada persuasivas. La crisis de Venezuela demuestra que en estas conductas radican oportunidades, tanto para quienes invoquen los derechos humanos y su defensa como para las personas que buscan proteger. La creatividad puede ser recompensada políticamente y, entretanto, quizás también salvar vidas.

La decisión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de nombrar un panel de expertos para recopilar información sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ilustra esta doble oportunidad. Y ofrece lecciones para gobiernos como los de Mariano Rajoy y Mauricio Macri.

En el año 2015, a semanas de las elecciones parlamentarias en Venezuela, Almagro se convirtió en el primer diplomático latinoamericano en denunciar con fuerza y precisión posibles violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. En una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Almagro manifestó su preocupación por las condiciones en las que se celebraría la elección. Entre ellas, Almagro mencionó la sospecha de que un plan de seguridad adoptado por Maduro hubiera sido "responsable de detenciones masivas y de presuntas ejecuciones extrajudiciales".

La jugada era arriesgada pero no inoportuna: para entonces, había pocas expectativas de que algún actor relevante le hiciera frente al gobierno venezolano. Tiempo atrás, indignado por las decisiones en contra de su gobierno, Hugo Chávez había despojado a la Corte Interamericana de su jurisdicción sobre Venezuela. Estaba claro, también, que el dividido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tenía planes de ocuparse de Venezuela. Además, crucialmente, los gobiernos de la región guardaban perfecto silencio sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Almagro, quien acababa de asumir su cargo, vio una oportunidad perfecta: podría devolverle a la OEA, devenida en un actor disminuido, un rol central en la política latinoamericana. Pero la estrategia fracasaría: no solo no reuniría apoyo político, sino que a la dura reacción del Gobierno de Maduro se sumaría la de José Mujica.

Presionado, Almagro redobló la apuesta: estableció el panel de expertos. Este panel tendría la función de recoger evidencia sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad con un objetivo inédito: determinar si la "situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional" (CPI). La CPI es el primer tribunal penal internacional permanente y tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de crímenes internacionales. Nuevamente, la jugada de Almagro no fue improvisada: la Corte Penal Internacional podría tener especial interés en abrir una investigación en Venezuela, por al menos dos grandes motivos. En primer lugar, esta investigación ayudaría a desplazar las habituales críticas de que la CPI se ha concentrado excesivamente en África. En segundo lugar, en un mundo fragmentado, las organizaciones internacionales necesitan de cooperación para asegurar su propia existencia. El solo establecimiento del panel de la OEA reafirma la relevancia global de la CPI. Ante la falta de apoyo estatal, Almagro buscó el apoyo de otro actor internacional.

La presentación del informe final del panel de expertos es esperada para antes de las elecciones presidenciales venezolanas del 20 de mayo. Este informe podría desembocar en la apertura de una investigación sobre Venezuela por parte de la CPI y, consecuentemente, en un reconocimiento para las víctimas, y en un triunfo para Almagro y la propia Corte.

Si el informe del panel determinara que existen pruebas de que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, otros actores estarían a tiempo de intentar beneficiarse de la apuesta de Almagro; en particular, gobiernos como los de Rajoy y Macri: ¿por qué?

El estatuto de la CPI establece un mecanismo por el cual los Estados pueden remitir al fiscal "una situación en que parezca haberse cometido" crímenes internacionales. Ante esta remisión, el fiscal puede abrir una investigación sin solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, lo que no ocurre ante el envío de información por parte de otros actores como el panel de la OEA.

España o Argentina podrían remitir la situación de Venezuela a la CPI. Esta decisión contaría con el apoyo de la OEA y el respaldo de la evaluación de un prestigioso panel. De este modo, Rajoy, Macri u otro mandatario podrían intentar mostrarse como comprometidos con los derechos humanos y, a la vez, marcar un fuerte contraste con el populismo que tanto rechazan.