El ciudadano de a pie tampoco es ajeno a la injerencia de los datos en su quehacer cotidiano; ¿o acaso su poder de decisión y su privacidad no se ven cada vez más afectados?  Y paradójicamente en esa relación asimétrica con los prestadores dominantes del mercado digital, siente que lleva las de ganar por creer que recibe servicios gratuitos. 

Para cualquier abogado dedicado al mundo de los negocios es esencial inmiscuirse en las particularidades jurídicas de los datos personales, los mecanismos y recaudos que hacen viable su transferencia o negociación. Hay un sinnúmero de consideraciones jurídicas en juego, y no sólo impuestas por las leyes de nuestro país, sino también por la normativa de otras jurisdicciones.

Al ser un activo clave e insumo vital de las compañías que navegan las aguas de la economía digital, surgen un sinnúmero de cuestiones jurídicas de las cuales un operador del derecho no puede estar ajeno. A manera ejemplificativa se pueden citar al: ciclo de datos dentro de una empresa, los diferentes tipos de datos existentes y las consecuencias jurídicas derivadas de dicha clasificación, los contratos que involucran datos, los riesgos y responsabilidades por la seguridad de datos (data breach), políticas de compliance específicas para datos, criterios de valuación, implicancias laborales en el manejo de la privacidad, nuevas pautas bajo el derecho de defensa de la competencia entre algunos de los tópicos a  discutir.  

El procesamiento de datos personales al implicar un acceso virtual a la vida privada del titular del dato, sus actividades, sus gustos, sus posibles futuros consumos, está ligado a los férreos principios de la ley protección de datos personales. La ley vigente, inminentemente a ser modificada por no prever la interacción de los datos en Internet, se enrola con la normativa europea. De proseguir en esta tendencia algunas empresas locales deberán adecuarse a novedosos principios (privacy by design y por defecto, evaluación de impacto de privacidad, responsabilidad proactiva y la evidencia de diligencia, CPO) ante el riesgo de millonarias multas. Asimismo esta nueva corriente regulatoria implica un marcado empoderamiento de los ciudadanos, como titulares de datos privados, con nuevos derechos y la irrupción de nuevo ecosistema donde el manejo de los datos personales se apuntala en la noción de centricidad del usuario.

A la par de las novedosas variables que afectan a los datos privados, existe un correlato en el mundo de los datos públicos con un marcado impulso hacia procesos de apertura, participación, colaboración e innovación a nivel nacional y subnacional, y con compromisos asumidos a nivel internacional bajo la Open Government Partnership. Estas premisas vienen a revolucionar la actuación en el ámbito estatal por el cambio del grado de compromiso de la ciudadanía bajo el Estado de Derecho, generando inusuales desafíos jurídicos cuya máxima expresión podrá resultar en las ciudades inteligentes. 

Los límites de interacción entre los datos públicos y privados están lejos de clara delimitación, ante la cada vez más asidua intromisión de los principios jurídicos de un área en el ámbito de la otra y viceversa.  Sin embargo todo parece circunscribirse al fenómeno de Datificación, lo que nos lleva a plantear la generación de parámetros comunes para su análisis bajo un modelo científico sistémico.

Ante las constantes novedades del sector es oportuno anticiparse a las regulaciones en gestación detectando las cuestiones en discusión bajo las políticas públicas a ser adaptadas. Asimismo detectar realidades tecnológicas como Internet de las Cosas, Big Data, Algoritmos, Inteligencia Artificial, entre otras, e ir distinguiendo los valores en juego facilitando la adopción del respeto de los derechos digitales de los usuarios como parámetro diferenciador en el mercado.

*Info sobre el curso que organiza la Universidad Torcuato Di Tella en esta temática 

http://www.utdt.edu/ver_contenido.phpid_contenido=13596&id_item_menu=24126