Las audiencias públicas informativas convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para determinar sobre la constitucionalidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta, concluyeron hoy con una participación muy activa de los cuatro ministros presentes del alto tribunal, que ahora deberá resolver sin plazos establecidos al efecto.

En la última audiencia expusieron la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo y los representantes de los padres que presentaron un amparo, junto a una ONG, para que se declare la inconstitucionalidad de tal normativa

Los demandantes sostienen que, tal como es aplicada, la Ley de Educación de Salta (Ley Provincial 70546) y ciertas disposiciones de la Dirección de General de Enseñanza Primaria de esta misma provincia, "imponen el adoctrinamiento" de menores en la religión católica aún cuando sus padres poseen otras creencias.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta ya había rechazado que la norma sea inconstitucional pero dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en el catolicismo durante el horario escolar.

Entre ellos dispuso que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

Esta decisión fue ratificada por la Corte de Justicia de Salta pero recurrida por las familias ante la Corte Suprema de la Nación, que ahora deberá resolver sobre la cuestión.

“La audiencia ha cumplido un papel importante hasta ahora en la aportación de visiones diferentes sobre el tema”, aseguró el ministro Ricardo Lorenzetti.

El primero en hablar fue el titular de la ONG Asociación de los Derechos Civiles (ADC), cuyo titular, Hernán Gullco, denunció que "no se está cumpliendo con la implementación de un programa alternativo para los alumnos no católicos"

Agregó que “la enseñanza religiosa sigue siendo confesional y católica en Salta” y que “la única enseñanza religiosa confesional en la que el Estado puede involucrarse, tiene que ser fuera del horario de clase y de la currícula”.

"Aun cuando incluyera contenidos de todos las religiones, -lo que consideró “no factible porque existen 44 credos reconocidos en la provincia-, seguiría siendo inconstitucional porque implicaría seguir utilizando para ello el aparato coercitivo del estado”.

A diferencia de lo ocurrido en otras jornadas, los cuatro miembros de la Corte presentes realizaron numerosas preguntas a los expositores, haciendo particular hincapié en la necesidad de precisar si la enseñanza religiosa es obligatoria o no tal como hoy se imparte en las escuelas públicas de la provincia.

También si hay control por parte de las autoridades educativas respecto a la continuidad de prácticas religiosas en el espacio escolar.

A su turno, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo aseguró que la enseñanza religiosa no sólo “no es catequesis”, sino que “no es obligatoria ni se orienta a la práctica de un culto religioso determinado” y que su inclusión dentro de la currícula "se justifica por su contribución a la formación integral” de los niños.

“La enseñanza religiosa tiene un currículo abierto y flexible porque a partir de principios básicos para todos, hacemos un proceso de selección de contenidos con los padres, para ser dados en un aula 'multicurso' y con el objetivo de que los chicos conozca la historia y cultura religiones de todos sus compañeros”, dijo.

Además, la funcionaria negó que el Arzobispado de Salta intervenga en la elaboración de los contenidos y selección de los docentes, y aseguró que “la situación cambió sustancialmente” en las escuelas de la provincia tras el fallo de la Corte de Justicia provincial, dado que se sustituyeron los rezos antes de las clases y las comidas por un pronunciamiento de “propósitos para ese día”.

Por su parte, el padre José Mendioroz sostuvo: “Hay una manera práctica de terminar con la enseñanza escolar” en la provincia que es la negativa de todos los padres en el formulario de consulta que se les hace a principio de año lectivo; pero ocurre que “masivamente es aceptada”.

La Corte Suprema deberá expedirse ahora sobre el tema sin plazos establecidos al efecto.