En los medios

Clarín
6/03/17

La irresponsabilidad de desproteger

El profesor del Departamento de Ciencia Política y estudios internacionales reflexiona sobre la posibilidad de que "el Gobierno acepte sumarse a misiones internacionales cuyo sentido fue desvirtuado".

Por Juan Gabriel Tokatlian
Después de años de deliberación, al calor de la Posguerra Fría, a raíz del genocidio en Rwanda, y en razón del informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, establecida por Canadá en 2001, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó el principio de la “Responsabilidad de Proteger” (RdeP). Se entendía que la soberanía del Estado le confería, entre otras funciones, la responsabilidad de asegurar la protección a la población dentro de las fronteras nacionales.

Así, cuando un Estado no protegía a sus habitantes por incapacidad o falta de voluntad, la comunidad internacional debía asumir una conducta responsable y acudir en defensa de la población desprotegida.

Argentina, entre varios países, aportó al reconocimiento y desarrollo de la RdeP en el marco de políticas internacionales activas sobre derechos humanos que se construyeron desde el advenimiento de la democracia y se reforzaron con el tiempo, a pesar de los gobiernos de distinto signo político.

En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU invocó la RdeP para el caso de los conflictos armados en abril de 2006 y, bajo ese marco de referencia, se autorizó una operación para el mantenimiento de la paz en Sudán (Darfur) en agosto de ese año. Sin embargo, en marzo de 2011, la ONU aprobó una resolución -que tuvo cinco abstenciones- que avaló una intervención militar en Libia; intervención que generó un gran descalabro y que facilitó que el Estado Islámico convirtiera ese país en su base de proyección en el Norte de África.

A pesar de este fiasco, y sin efectuar un balance pormenorizado del fracaso libio, el Consejo de Seguridad recurrió a la RdeP para aprobar resoluciones relativas a misiones de estabilización en Sudán del Sur (2011), Mali (2013) y República Centroafricana (2014). Si bien en reiteradas ocasiones la ONU evocó la “Responsabilidad de Proteger” para los casos de Siria y Yemen, no ha sido posible alcanzar un consenso para hallar una solución humanitaria ante los terribles padecimientos de la población en ambos países.

En realidad, y en gran medida por la acción de las principales potencias de Occidente, el sentido y el alcance de la RdeP se fueron desvirtuando y se terminó consagrando, de fact que podría llamar la “Irresponsabilidad de Desproteger”, esto es, la tergiversación de la Responsabilidad de Proteger procurando legitimar ahora intereses estratégicos de las potencias en desmedro del sentido humanitario que le dio origen. Mucho realpolitik y casi nada de idealpolitik.

Durante 2016, y quizás la solicitud se redoble este año, algunos países desarrollados le solicitaron a la Argentina que se sume a algunas de las misiones africanas, en particular en Mali y República Centroafricana. Sería un error grave aceptarlas. Estos son casos en los que se entrecruzan complejas disputas políticas, étnicas y religiosas y no son ejemplos de misiones pacificadoras, sino de operativos bélicos.

Como ya lo explicitó el informe sobre misiones de paz de 2015 elaborado por el panel de expertos independientes de alto rango convocado por la ONU, la organización “no debe emprender operaciones militares anti-terroristas”.
Y como lo señala un artículo de Kevin Sieff y Richard Gowan publicado el 17 de febrero de 2017 en el Washington Post, Mali -donde existe presencia de Al Qaeda-se ha convertido en el caso más sangriento en la historia de los contingentes desplegados por Naciones Unidas. A su vez, es equivocado y riesgoso creer que porque el país se incorpore a operativos anti-terroristas ello le generará dividendos económicos y diplomáticos externos y que no tendrá efectos internos en el sentido de atraer al yihadismo.

No se trata de que la Argentina se desentienda de los problemas que hacen a la seguridad mundial, ni de que altere su postura en materia de derecho internacional humanitario.

El país se ha comprometido con la paz en Colombia y tiene allí efectivos presentes para verificar el desarme de las FARC. Si, como dijo el presidente Mauricio Macri en su discurso de marzo de 2016, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la “Argentina puede ser parte de la solución de cuestiones globales” como la paz, es oportuno contribuir a un debate profundo sobre el futuro de la Responsabilidad de Proteger y no sumarnos a misiones que solo incrementan la Irresponsabilidad de Desproteger.

Sería un error grave que el Gobierno acepte sumarse a misiones internacionales cuyo sentido fue desvirtuado.