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iEco
9/05/10

¿Qué se puede hacer con la inflación?

Por Eduardo Levy Yeyati

Partamos de la base, dice el autor, de que hay un problema que en alguna medida tiene que ver con un exceso de demanda alimentado política fiscal expansiva y una política monetaria, en el mejor de los casos, acomodaticia. Más importante aún, aceptemos que a estas alturas la inflación es dos partes impulso fiscal y monetario, y tres partes inflación inercial. Esto es, 15% del 25% proyectado para el año sería pura inercia inflacionaria.

Eduardo Levy Yeyati Director de Analytica, Docente de la UTDT

Partamos de la base de que existe un problema inflacionario. Esto es, que ni el incremento en la concentración de mercado, si lo hubiera, ni el efecto diferido de la devaluación de 2002, ni la suba mundial de la energía y los alimentos (que experimentaron otros países sin problemas inflacionarios) explican una inflación acumulada desde principios de 2007 de entre 70% y 90% según diversos índices (incluyendo algunos basados en datos oficiales), ni una aceleración de la inflación en momentos, en los últimos años, pari passu con una desaceleración del crecimiento.

Todo esto, sin contar el atraso tarifario, que es inflación diferida (al costo fiscal de los subsidios). O sea, partamos de la base de que hay un problema que en alguna medida tiene que ver con un exceso de demanda alimentado por una política fiscal expansiva (y, en muchos años, procíclica) y una política monetaria, en el mejor de los casos, acomodaticia.

Más importante aún, aceptemos que a estas alturas la inflación es dos partes impulso fiscal y monetario, y tres partes inflación inercial (indexación implícita a la inflación pasada). Esto es, 15% del 25% proyectado para el año sería pura inercia inflacionaria, el costo de no haber actuado a tiempo.

En este marco, ¿cómo llevamos la inflación nuevamente a niveles de un dígito con un mínimo costo para la economía real? Lo primero a tener en cuenta es que la inflación presenta dos problemas en uno: eliminar los impulsos de política (sacar el pie del acelerador) y erosionar el núcleo duro de inflación inercial (que explica la inflación de dos dígitos en un año contractivo como el 2009) mediante un cuidadoso manejo y concertación de expectativas.

Lo segundo a tener en cuenta es el orden de los factores: no se puede contener expectativas sin coordinar aumentos alrededor de una pauta realista de inflación futura; ninguna pauta es realista sin políticas monetaria y fiscal consistentes con ella; ninguna política (o pauta) tendrá influencia sin un índice de precios creíble que permita el seguimiento y los ajustes pertinentes.

Así, hay un orden natural para que los ingredientes de una plan antiinflacionario tengan el efecto deseado. Vayamos por partes, entonces.

El tema IPC tiene dos aristas: la recuperación institucional del INDEC, compleja pero no complicada, y la revisión del IPC, que representa el escollo más delicado, ya que involucra no sólo consideraciones metodológicas sino, fundamentalmente, cuestiones legales y de política fiscal (asociadas a los bonos indexados).

Por estas cuestiones, es más probable el lanzamiento de un nuevo IPC que no revise para atrás y que, con la excusa de utilizar una metodología alternativa, soslaye el problema de empalmar con un IPC que hoy subestima el nivel de precios.

Por su parte, reconstruir la confianza en la política monetaria requiere:

* Que el BCRA reconozca su rol en este frente: un banco central que censura la palabra “inflación” de sus informes o la atribuye a factores estructurales de oferta de los que se desentiende, difícilmente contribuya a recortar las expectativas inflacionarias.

* Que el programa monetario contenga metas de inflación, no en un sentido estricto hoy inaplicable, sino como compromiso a un rango realista que oriente los acuerdos salariales y la fijación de precios.

* Que el Banco Central cuente con libertad para ejecutar las políticas una vez convenidas. No vale la pena elaborar sobre el papel de la política fiscal en este frente, basta mencionar que es ingenuo pensar en un plan anti- inflacionario solamente basado en la restricción monetaria, y sin tomar en cuenta la incidencia del gasto público: la elaboración del programa monetario debe ser consistente tanto con la meta como con el presupuesto. Sólo a modo de ejemplo, asumiendo una política cambiaria que anclara la depreciación nominal un 5% por debajo de la meta, y gasto público y aumentos salariales (contingentes) en línea con la pauta inflacionaria, hoy un esquema de metas podría plantear 15% para los primeros 12 meses, y 9% para los siguientes 12 meses, apuntando a una inflación de un dígito en dos años.

Una vez relanzado el IPC, y comunicados la pauta de inflación, el presupuesto y el programa monetario, tendría sentido convocar a una negociación de empresarios y sindicatos para acordar un esquema de precios y salarios que minimice el costo en términos de nivel de actividad de recortar la inflación inercial. Esta negociación debería incluir un cronograma de sustitución del subsidio tarifario por una tarifa social, lo que implicaría una aumento adicional en el nivel de precios.

Si bien es difícil monitorear los aumentos de precios, un acuerdo de este tipo, en la medida que desinfle expectativas, hará más costosa la remarcación preventiva. Así como la inflación alta reduce el valor informativo de los precios e inhibe la discriminación del consumidor, una menor expectativa de inflación potencia la búsqueda y disciplina las fijación de precios.

Con estos elementos, la política cambiaria podría tener un rol secundario. Aun cuando es difícil sostener que la Argentina sufra hoy un problema de competitividad, una inflación esperada de 50% para el bienio 2010-2011, combinada con una depreciación esperada del 25%, arrojaría un 25% de apreciación real. En un contexto de achicamiento del superávit comercial, con importaciones creciendo muy por arriba de las exportaciones, y acceso restringido a capitales externos, el Gobierno no debería excederse en el uso del ancla cambiaria, muletilla de décadas pasadas que no debería reemplazar a las políticas monetaria y fiscal como herramientas de estabilización.

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