No hay carrera armamentista
<P>En los últimos tiempos se han multiplicado los análisis que sostienen la tesis de una carrera armamentista en la región. Los cultores de ésta emplean con fines instrumentales toda declaración o dato que contribuya a azuzar la supuesta escalada militar sudamericana.</P>
Por Jorge Battaglino, Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Essex (Inglaterra). Luciano Anzeleni, Magíster en Estudios Internacionales ( UTDT ).
En los últimos tiempos se han multiplicado los análisis que sostienen la tesis de una carrera armamentista en la región. Los cultores de ésta emplean con fines instrumentales toda declaración o dato que contribuya a azuzar la supuesta escalada militar sudamericana. Desde Hugo Chávez vislumbrando “vientos de guerra” en el acuerdo entre Bogotá y Washington para la utilización de bases militares, pasando por la compra brasileña de submarinos franceses o la adquisición venezolana de armamento ruso y chino, todo es leído como parte de un “preocupante” fenómeno. Sin embargo, un análisis revela que, lejos de un escenario de agudización de los dilemas de seguridad, nos encontramos frente a procesos de “modernización disuasiva”.
La literatura especializada señala que para comprobarse una carrera de este tipo debe verificarse una relación de interdependencia en las compras de armamento por parte de dos países que previamente tenían una elevada percepción de amenaza recíproca. Las carreras armamentistas se caracterizan por un elevado gasto presupuestario y por la sensación social y política de inminencia de la guerra.
En el caso de América del Sur, la mencionada correlación empírica simultánea no se verifica ni siquiera para los países que mantienen históricos diferendos limítrofes: Chile (con Perú y Bolivia) y Venezuela (con Colombia). En lo que hace a compra de armamentos, no se observa ningún patrón sólido de respuesta entre las partes. Mientras Chile adquirió 316 tanques entre 1999 y 2006, y casi 50 aviones de combate F 16; Bolivia compró 16 tanques y Perú optó sólo por dos fragatas usadas de origen italiano. Las compras venezolanas –entre ellas, 24 aviones Su 30 de última generación– tampoco han originado respuestas de Colombia, más allá de la adquisición de aviones Kfir de segunda mano destinados a la lucha contra la insurgencia.
Otro indicador es el incremento en el número de efectivos. Tampoco se verifica aquí un patrón “acción-reacción”. En el período 2000-2005, Chile ha reducido su personal militar de 101 mil hombres a 72 mil, Perú de 115 mil a 80 mil y Bolivia lo ha incrementado sólo en un 5%. En el caso colombo-venezolano, ambas partes experimentaron un aumento, aunque muy desigual: Colombia de un 35% y Venezuela de sólo un 4%. Por último, el gasto militar también refuta la idea de una carrera armamentista. Mientras el presupuesto de defensa de Chile como porcentaje del PBI se ha elevado levemente de 3,4% en 2003 a 3,7% en 2007, el de Perú se ha reducido de 2,2% a 1,2% y el de Bolivia ha experimentado un leve incremento, de 1,3% a 1,5%.
Así las cosas, reducir el análisis al número y tipo de armas que se compran nos hace perder de vista aspectos que contribuyen a la percepción de la seguridad regional. En este sentido, América del Sur gasta en defensa la mitad del promedio mundial, a la vez que atraviesa un período de cooperación e institucionalización en materia de defensa y seguridad. Desde luego, esto no significa que la región esté exenta de conflictos, pero éstos se hallan crecientemente contenidos por los inéditos niveles de cooperación, institucionalización e interdependencia económica.
Los países de América del Sur adquieren armas por razones no vinculadas a la identificación de amenazas regionales. Las compras de Chile se relacionan con la Ley del Cobre, que establece que un 10% de las exportaciones de ese metal sean destinadas a la compra de material bélico. Venezuela, para un eventual y poco probable enfrentamiento con los EEUU. Colombia lo hace por su conflicto interno. Brasil, en cambio, privilegia la necesidad de que su poder militar se corresponda con su estatus de potencia ascendente. En suma, la adquisición de grandes cantidades de armamento puede ser un motivo de preocupación regional, pero tal inquietud no debería ser considerada un problema militar o de seguridad, sino, por el contrario, una cuestión que merece mayor atención política y diplomática.
En breve, las referencias a una carrera armamentista en Sudamérica no parecen encontrar sustento en la realidad. Lejos de pujar por nuevos equilibrios militares, las compras de los países de la región responden, más bien, a la necesidad de reemplazar el material existente.