La constitución del 57: copiar sin que se note

Ironía de la historia, 50 años atrás, en Santa Fe, la Convención Constituyente convocada por Aramburu consagraba casi como un calco los mismos derechos sociales que el peronismo había incluido en la constitución de 1949, derogada por el gobierno militar. Nacía así el artículo 14 bis, única reforma lograda.

Corría la cuarta semana de octubre de 1957 en Santa Fe. La Convención Constituyente convocada por el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu estaba sesionando en la Universidad del Litoral, pero lo hacía herida.

En primer lugar, las elecciones a convencionales del 28 de julio habían arrojado un resultado nada satisfactorio para los anhelos oficiales. El voto en blanco, expresión del peronismo proscripto, había obtenido el primer lugar (24,3%), relegando a un segundo puesto a la Unión Cívica Radical del Pueblo por apenas una décima de punto. Además, se estaba produciendo un éxodo masivo de convencionales.

El 30 de agosto, durante la primera sesión preparatoria, se habían retirado los 77 miembros del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente, convertido por obra del sistema D Hont en la primera bancada de la Convención a pesar de que sus votantes (21,7%) habían sido menos que los de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El partido de Arturo Frondizi, embarcado en una guerra sorda contra la administración de Aramburu, había alegado que el tenso clima político del país inhabilitaba una reforma constitucional. Poco más tarde se retiraron también convencionales filo-peronistas o viejos peronistas (por ejemplo, Cipriano Reyes) y nueve sabattinistas encabezados por Mario Roberto.

Retenga el lector este dato: del total de 205 convencionales elegidos el 28 de julio el número de participantes se redujo a 110, cuando el mínimo para sesionar era 104. Desde entonces, el tema central de la Asamblea sería más el de la incertidumbre sobre el quórum que el de las decisiones sustantivas que tomaría.

Quienes permanecieron en sus bancas no se caracterizaron por la homogeneidad de pensamiento, aunque sí, a primera vista, por la desigualdad de fuerzas: eran 65 radicales del pueblo, 15 conservadores, 12 socialistas, 7 demócrata cristianos, 5 demócrata-progresistas, 3 comunistas, 2 bloquistas de San Juan y 1 cívico independiente.

En una segunda mirada, el poder de los radicales no era tal. Si conservadores o socialistas se retiraban de la Asamblea, ello significaba la muerte de la Convención por falta de número, e incluso las bancadas menores disponían de algún poder en ese sentido. Sin embargo, la fragilidad de la Asamblea contrastaba con las ambiciones reformistas de muchos de sus miembros.

Es cierto que la Convención había sido convocada, antes que nada, para enmendar un error. El gobierno de septiembre de 1955 había derogado la Constitución de 1949 y repuesto la de 1853-1860 mediante un decreto-ley cuando era la opinión jurídica casi unánime que, para hacerlo, se necesitaba del poder constituyente. Pero una vez que ese tema central fue resuelto -lo que ocurrió rápidamente- quedó libre el camino para que avanzara la voluntad transformadora. Así, en los primeros días de octubre, las subcomisiones fueron escenario de un arco multicolor y contradictorio de propuestas: reforma electoral, atenuación del presidencialismo, propiedad del subsuelo, reforma agraria, reforma impositiva y, como una más entre ellas, los derechos sociales.

Los riesgos de las convenciones constituyentes son conocidos: abren, asumiéndose soberanas, la Caja de Pandora de la que emerge, en un caos, todo lo bueno y todo lo malo. Si no ocurrió así en 1957 fue porque la escasez de convencionales impuso la disciplina del veto cruzado. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo se salvaron los derechos sociales de ese empate paralizante?

La influencia de Crisólogo Larralde es clave para ensayar una respuesta. El caudillo bonaerense, que no era convencional pero ejercía la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo, estaba convencido de que, pendiente como estaba de un hilo su continuidad por las dificultades con el quórum, la Convención no podía cerrar sus sesiones sin haber aprobado los derechos sociales. Para lograr ese objetivo viajó a Santa Fe, alineó a su propia tropa y negoció con tropa ajena. Se trataba, para él, de una cuestión central: si todo lo que iba a ocurrir en las deliberaciones de la Universidad del Litoral era el restablecimiento de la Carta Magna de 1853 sin reforma alguna, los radicales intransigentes se habrían apropiado del discurso social y anotado la victoria desde fuera de la Convención. Había que luchar para que fueran los radicales del pueblo quienes grabaran en el texto constitucional la marca del Programa Nacional y Popular de Avellaneda y de la plataforma electoral de 1951.

La jugada no falló. Cada uno por sus propias razones, todos los bloques se plegaron -con más o menos entusiasmo- al plan de trabajo en sesiones plenarias impulsado por la mayoría del radicalismo del pueblo. Para socialistas, comunistas y aun para demócrata-progresistas, el debate sobre la cuestión social serviría para exponer sus posiciones en un ámbito más amplio que el de las capillas partidarias. Para los demócrata-cristianos, era la oportunidad de presentarse en sociedad defendiendo con tanto énfasis los derechos de los trabajadores como el que empleaban para defender la familia y la educación libre.

Concesiones

La incógnita eran los conservadores, que habían llegado a la Convención con la prioridad -compartida por otras fuerzas políticas menores- de obtener un régimen electoral de representación proporcional que incrementara su participación en el Parlamento. Estaban, no obstante, en una encerrona: salvo el grupo de los cuatro conservadores reformistas -Pablo González Bergés, José Aguirre Cámara, Guillermo Belgrano Rawson y José Antonio Mercado-, los once restantes hubieran preferido abandonar Santa Fe con el texto de 1853 intacto, pero alguna concesión tenían que hacer al entusiasta clima de ideas reinante en la Convención, imbuido del constitucionalismo social que había desembarcado en playas argentinas. Según las crónicas de la época, el debate interno del bloque conservador fue agitado y hasta violento.

El acuerdo llegó cuando las sesiones plenarias sobre las reformas sociales ya estaban avanzadas y sus términos fueron explicados públicamente por el mendocino Adolfo Vicchi: "Hemos salvado el primer obstáculo. Vamos a votar los derechos sociales; después seguimos conversando sobre lo demás". Con esas palabras, Vicchi expresaba un estrecho consenso que iba más allá del bloque que integraba.

Las sesiones plenarias sobre "la consagración constitucional de los derechos sociales" comenzaron el lunes 21 de octubre y terminaron a las seis de la mañana del viernes 25. El esfuerzo titánico de los convencionales por aferrarse a antecedentes históricos, bíblicos, episcopales y jurídicos, y evitar toda referencia al más cercano capítulo III de la Constitución de 1949 no alcanzó a esconder lo evidente: los derechos que se incorporaban eran poco menos que mellizos de los que se habían derogado. El derecho al trabajo, a una retribución justa y móvil, a condiciones dignas de labor, a igual remuneración por igual trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, estaban en las dos Cartas.

En esa sustitución de una gota de agua por otra, como dijo un convencional, el juego de barrer al peronismo bajo la alfombra fue compartido por todos. Si bien el radical Valentín Antonio Mercado reivindicó para el radicalismo la paternidad de la reforma social, no lo hizo en confrontación con el peronismo sino con el socialismo; el demócrata-progresista Horacio Thedy afirmó que en épocas del tirano no había habido protección para los trabajadores sino para las ganancias empresarias; el demócrata-cristiano José Antonio Allende reconoció los progresos sociales ocurridos durante la última dictadura, pero sostuvo que eran la contrapartida de una hipoteca sobre las libertades políticas. En todo caso, la Carta de 1949 apareció en la escena para que los convencionales pusieran al desnudo su insuficiencia: no figuraba en ella -nada menos- el derecho de huelga.

Fueron días de debate, pero parsimonioso y acotado. El socialista Julio César Martella propuso que a la protección contra el despido arbitrario se agregara la estabilidad del empleo público. Si ese principio iba a tener jerarquía constitucional sería obligatorio para las provincias, y eso provocó el infructuoso rechazo de los conservadores. En el capítulo sobre la jornada de trabajo limitada, la bancada comunista intentó sin éxito especificar el número de horas; la convencional comunista Irma Othar no pudo incorporar al articulado los derechos de la mujer; el demócrata-progresista Luciano Molinas y el conservador Reynaldo Pastor lograron pequeños cambios de redacción cuando se opusieron a la inmunidad de los dirigentes sindicales; los partidos de izquierda no lograron corregir una coma cuando se opusieron a la participación obrera en las ganancias argumentando que -al igual que el Congreso de la Productividad peronista- se trataba de una astucia para limitar las demandas salariales.

Nada de todo aquello se apartó del libreto más o menos previsible. Sólo el convencional socialista Teodoro Bronzini se atrevió a expresar en voz alta un brutal anticlímax: advirtió que el bienestar de los trabajadores dependía principalmente de la disponibilidad de capitales: "Si el país no tiene nada que esperar por ese lado, yo no se cómo se las va a arreglar para dar amparo a los trabajadores".

Clareando el 25, el debate terminó con el voto positivo de los convencionales. Muchos de ellos cantaron el himno. Había nacido el artículo 14 bis de la Constitución. No habría otras reformas: la consagración de los derechos sociales era el único punto del plan de trabajo en que los bloques se habían puesto de acuerdo. El 26 se supo que aquellos once reticentes convencionales conservadores, liderados por Emilio Hardoy y acompañados por el cívico independiente Luis María Otero Monsegur, abandonarían Santa Fe, asestándole el golpe de gracia al quórum.

El lunes 28 de octubre, LA NACION publicó un reportaje a Isaac Francisco Rojas en el que el vicepresidente celebraba la aprobación de los derechos sociales. Al mismo tiempo, el diario informaba sobre la creciente conflictividad sindical, visible sobre todo en las barriadas industriales del Gran Buenos Aires.

Sin otras novedades, la Convención se clausuró el 14 de noviembre.