Buenas prácticas entre los abogados

Nadie mejor que un abogado para conocer las injusticias y las fallas de la actual organización social y nadie más indicado que él para contribuir a atenuarlas o suprimirlas", se lee en la memoria que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires publicó con motivo de la celebración de la primera década de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público que funciona en esa entidad. No obstante, advierte a renglón seguido: "Poco lograremos si no realizamos nuestro esfuerzo en forma asociada".

De allí la falta de nombres y apellidos en este nota {ver Encolumnados), que repasa los principales logros del trabajo pro bono en nuestro país. Durante el año pasado, 12 firmas de abogados integrantes de la Comisión contabilizaron nada menos que 15.210 horas de trabajo pro bono de 522 profesionales. En esa línea y para fortalecer la demanda de casos, en 2010, realizó una "Convocatoria abierta a ONGs", invitándolas a presentar sus casos. Como resultado de ese proceso se seleccionaron 14 propuestas, que fueron distribuidas entre varios estudios jurídicos.

Además, seis universidades (UBA, UdeSA, UCA, UTDT , UP y Austral) ya han firmado la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, documento impulsado por el Cyrus Vance Center de la New York City Bar Association y receptado en nuestro medio por el Colegio de Abogados de la
Ciudad. Allí, básicamente, se establecen pautas generales para fomentar este tipo de práctica social y profesionalmente responsables.

En cuanto a antecedentes, los voceros de la Comisión destacan:
I "Promoviendo la transparencia y el acceso a la información pública en el Senado de la Nación", caso que les fue presentado por la ONG Poder Ciudadano. La demanda apuntaba a lograr que, en el Senado, se hiciera pública la información sobre el resultado de los censos de
empleados realizados en 2000 y 2002, así como del funcionamiento del sistema de asignación de fondos presupuestarios a los senadores para remunerar a su equipo de colaboradores y asesores, cosa que Poder Ciudadano había reclamado sin éxito. Por medio de un amparo impulsado desde la Comisión, se obtuvo una sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones, que obligó a la Cámara Alta a cumplir con la publicidad reclamada.

I "Proyecto PACO". En marzo de 2010, comenzó a gestarse este proyecto que llegó de la mano
de un grupo de abogados que trabajan en la Villa 31 de Retiro, prestando servicios de asesoramiento jurídico gratuito a personas de bajos recursos los sábados por la mañana.

A raíz de una primera investigación sobre internación coactiva de drogadictos, la Vicaría Episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia les encargó un trabajo de investigación integral sobre la normativa vigente en la Argentina en materia de drogadicción, con particular énfasis en los tratamientos para la rehabilitación.

El 27 de julio pasado se entregó el informe -para el que trabajaron mancomunadamente abogados de cinco firmas y estudiantes de la Universidad Austral- con la recopilación y el análisis de las normas vinculadas a la prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción, con particular enfoque en la pasta base de cocaína (paco). - "Acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por accesibilidad de discapacitados motrices a escuelas públicas y privadas". Por medio de diversos relevamientos se advirtió que el 85% de los establecimientos educativos de la Ciudad no es accesible para personas con discapacidad: no cuentan con rampas de acceso, ascensores o baños adaptados, situación que deja afuera del sistema educativo a unos 21.000 chicos.

Esta situación motivó la presentación de una acción de amparo por parte de la ONG Acceso Ya!, con la asistencia jurídica
gratuita de la Comisión. En diciembre de 2009, la Justicia le ordenó al Gobierno porteño realizar distintas obras para garantizar la accesibilidad en las escuelas, tanto públicas como privadas, en un plazo de 240 días.
Otra acciones
En los últimos tiempos, los bufetes que integran la Comisión también han trabajado individual o colectivamente en:
- El asesoramiento general de más de 200 ONGs, fundamentalmente en temas societarios y laborales.
- La conformación y asesoramiento de
la Red Argentina de Instituciones de Microfinanzas, trabajo que repercute en unos 50.000 prestatarios de microcréditos en todo el país.
- Niñez en riesgo. Tres firmas brindan patrocinio jurídico gratuito a asociaciones de familias de tránsito que acogen niños con sus derechos vulnerados.

Ahora, el nuevo gran desafío es la conformación de una red nacional de trabajo pro bono, con Colegios de Abogados, universidades, ONGs involucradas en temáticas de acceso a la justicia, abogados de empresas y asociaciones que nucleen a profesionales de otras disciplinas.
Al final del día, lo que buscan es equilibrar los desequilibrios para vivir en una sociedad un poco más justa o, lo que es lo mismo, bastante mejor.
A.A.N.

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Encolumnados
Fundada en diciembre de 2000, la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad reúne a abogados y estudios jurídicos que trabajan gratuitamente en casos de interés público y "entienden al Derecho como herramienta de cambio social y de modificación de políticas públicas".
Estos estudios son signatarios de la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, instrumento por el cual se comprometen a cumplir la meta de asignar 20 horas anuales al trabajo pro bono (en promedio por abogado). Encolumnados tras las tareas de la Comisión están Allende & Brea; Baker & McKenzie; Beccar Varela; Brons & Salas; Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera & Torassa; Casal, Romero Victorica & Vigliero; Cárdenas, Di Ció, Romero & Tarsitano; Del Carril, Colombres, Vayo & Zavalía Lagos; Klein & Franco; Llerena & Asociados; Marval, O"Farrell y Mairal; M&M Bomchil; O"Farrell; Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h); Raggio & García Mira, y Zapiola Guerrico & Asociados.