Di Tella en los medios
La Nación
13/03/11

Radiografía del ciudadano argentino

En forma conjunta, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Vanderbilt realizaron por segunda vez la encuesta de opinión pública denominada Barómetro de las Américas. Se trata de un estudio multinacional, encarado en forma simultánea, sólo que de los resultados generales se desglosan informes analíticos producidos en cada uno de los países americanos (menos Cuba, que no pudo ser incluida, y Haití, donde el relevamiento se frenó por el terremoto y eso demoró hasta ahora la inclusión de datos haitianos).

El informe que analiza los resultados argentinos en perspectiva americana es muy vasto, abarca desde opiniones sobre la participación del Estado en la economía hasta la tolerancia ciudadana con los homosexuales. Tiene 354 páginas e incluye 270 gráficos. Fue redactado por Germán Lodola, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella.

Política y sociedad
Protestamos y toleramos la protesta callejera más que ningún otro país en América latina, confiamos poco en los procesos electorales y los partidos políticos, nos ubicamos en el centroizquierda del espectro ideológico y aprobamos mayoritariamente una fuerte participación del Estado en la economía. A dos años del estallido de la crisis financiera internacional, la percepción de los argentinos sobre su vida política fue eje de una encuesta regional realizada por las universidades Torcuato Di Tella y Vanderbilt
Por Pablo Mendelevich

La Argentina es el país más contencioso del continente, según surge de un trabajo académico realizado en 24 países de América latina y el Caribe, además de Estados Unidos y Canadá. Contencioso, según la Real Academia, es la persona que por costumbre contradice o disputa todo lo que otras afirman, aunque aquí, obviamente, se alude al fenómeno de los cortes de calles, rutas y puentes por parte de los más variados sectores sociales. El trabajo revela que la proporción de argentinos que en el último año protestó o se manifestó en las calles es mayor que la que acudió a alguna de las instancias estatales de resolución de conflictos, tales como elevación de pedidos a legisladores, intendentes, concejales y funcionarios o participación en reuniones convocadas por la intendencia local. En otras palabras, los cortes se convirtieron, respecto de las vías institucionales, en un método privilegiado para satisfacer protestas, debido, sencillamente, a su mayor eficacia. Una tercera magnitud completa el fenómeno: casi no hay país donde la protesta sea más tolerada que acá.

Pero la Argentina también es, hay que decirlo, el país en el que, pese a las protestas, el descontento nunca llega a poner en duda el apoyo al sistema democrático.

Estas son dos de las conclusiones más destacadas del informe "Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles", realizado por la Universidad Torcuato Di Tella y la Vanderbilt University.

Todo el estudio explora en detalle la percepción de la repercusión en cada país de la crisis económica mundial de 2009, iniciada en 2008. "Aunque el rompimiento generalizado de la democracia parece inconcebible en América latina después de tantos años de estabilidad democrática -dice Germán Lodola, autor del capítulo argentino del informe-, lo ocurrido en Honduras y el deterioro continuo en Venezuela muestran que la democracia sigue siendo frágil en algunos países".

Con un total de 40 mil entrevistas realizadas desde Canadá hasta Tierra del Fuego, se intentó saber cuánto podría minar a las democracias la crisis económica. No sorprende corroborar que si es por el impacto de la crisis mundial, la Argentina salió relativamente bien parada, suerte muy distinta cuando se hurga en la percepción de los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción. Sólo los peruanos se sienten más proclives que los argentinos a ser víctimas de un asalto o un robo. En cuanto a corrupción, de acuerdo con la encuesta, los argentinos creen -se trata de eso, de percepciones- que acá es muy alta: para una marca más pesimista hay que irse a Trinidad y Tobago, Jamaica o, de nuevo, a Perú.

En el campo político se ventilan más peculiaridades locales, muy estimulantes, sin duda, para los investigadores académicos, que encontrarán en esos laberintos nuevas ocupaciones. Una es la paradoja de que se registre una bajísima tasa de confianza de los argentinos en la calidad de las elecciones y en los partidos políticos, y a la vez se declaren altos niveles de participación política, por lo menos en comparación con lo que sucede en los otros países.

Otra paradoja: la compra de votos y el clientelismo político paga menos, dirían en el Hipódromo, de lo que habitualmente se supone. La encuesta sugiere que una buena parte de los que de uno u otro modo "venden" su voto son desleales cuando se quedan solos en el cuarto oscuro.

Fortalezas
Algunas conclusiones involucran, pues, cualidades más o menos permanentes de la cultura política, mientras que otras dimensionan la fortaleza de la democracia en América ante el desafío de la crisis económica de 2009. En este sentido, resalta Lodola que en nuestro país el efecto negativo de la crisis económica se limitó a los hogares donde al menos un miembro perdió su empleo. "Los argentinos que tienen una percepción negativa de su propia situación económica personal y sobre la economía nacional -dice Lodola- manifiestan un nivel de apoyo al sistema significativamente mayor". Una buena. Pareciera ser que para muchos el sistema debe ser respaldado -y no abolido- en los momentos críticos.

El estudio mide directamente, incluso, la satisfacción de los ciudadanos con la democracia. Desde luego, no prevalece entre los encuestados esa cúspide bucólica de "satisfacción total" que suelen mencionar los servicios de atención al cliente de las cadenas de hamburguesas. Países como Paraguay, México, Venezuela y El Salvador sufrieron una disminución considerable en el rubro satisfacción con la democracia respecto de 2008, lo que se explica por el mayor impacto, allí sí, de la crisis económica mundial. Algo similar dejaron dicho los encuestados de Estados Unidos. Pero la Argentina experimentó una reducción módica. En un índice de cero a cien, pasó de 50,2 en 2008 a 45,3 en 2010.

A su vez, cuando se les preguntó a los entrevistados si justificarían un golpe de estado bajo condiciones de alto desempleo, elevada delincuencia y alta corrupción, la respuesta afirmativa fue muy baja en casi todos lados, pero muy especialmente en Panamá... y Argentina. Esta misma pregunta había dado índices muy altos en Honduras cuando fue formulada por el Barómetro de las Américas en 2008, poco antes de la deposición del presidente Manuel Zelaya.

Otra parte del trabajo aborda la relación entre estado de derecho, criminalidad, delincuencia, corrupción y sociedad civil, y es allí donde aparece un gráfico con la percepción de inseguridad en perspectiva comparada. Argentina está segunda (detrás de Perú, seguida por El Salvador y Venezuela) y los países con índices más bajos, es decir, aquellos donde la expectativa de ser víctima de un asalto o de un robo es menor, son, en este orden, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. Vaya novedad.

Poco más de dos de cada diez argentinos dicen haber sido víctimas de un suceso criminal, en la jerga argentina, un hecho delictivo. De modo que cerca de uno de cada dos argentinos siente temor a ser víctima de un delito, pero poco más de uno de cada cuatro ha sido realmente victimizado. Sólo Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen un índice mayor de victimización.

También se les preguntó a los entrevistados si habían sido víctimas de un acto de corrupción en primera persona. Argentina salió sexto, después de México, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil. Un 23,5 por ciento de los argentinos, según el estudio, frente a un promedio regional de 17 por ciento, manifiesta haber sido victimizado por episodios de corrupción. Como se buscó examinar de qué forma la percepción de criminalidad y corrupción afecta las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia, se formuló esta pregunta: "Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley?". El 55,5 por ciento consideró que las autoridades no pueden violar la ley (promedio continental: 60,3 por ciento). El 44,5 por ciento restante dijo que estaba dispuesto a que las autoridades actúen al margen de la ley para prevenir el delito.

Ordenados los países de mayor a menor por el apoyo al estado de derecho, la Argentina quedó, significativamente, en el lugar 17 (entre 25). Es muy probable que esta parte del estudio sea leída con la mayor atención en el marco de la actual disputa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. ¿Indican estas mediciones de opinión pública que los resabios autoritarios en nuestra sociedad son más significativos de lo que se cree? Aquí algo previsible, el estudio sostiene en clave académica algo ya surgido -con menos elegancia- de la boca de Aníbal Fernández, el padre de la teoría de la sensación de inseguridad: que quienes fueron víctimas de un crimen muestran menores niveles de apoyo al respeto de las leyes por parte de las autoridades para enfrentar la criminalidad. No se llega a determinar qué anima a aquel 44,5 por ciento, el de tolerantes con las acciones al margen de la ley. ¿El peso de la historia o el hastío? ¿Una posición ideológica, como suele sostener el gobierno, o la paciencia agotada?

Junto con Uruguay, Canadá y República Dominicana, la Argentina es uno de los países donde los ciudadanos expresan mayor interés en la política. Pero los partidos políticos tienen el nivel de confianza más bajo de todo el continente. Al referirse a la participación política, el estudio observa que las personas afectadas por el desempleo y quienes reciben una ayuda económica por parte del gobierno tienen una probabilidad significativamente mayor de participar en política partidaria que los demás.

"En el primer caso este resultado pareciera sugerir que la actividad política constituye para algunos individuos una potencial fuente de empleo. En el segundo caso, el resultado pareciera indicar que la distribución selectiva de beneficios materiales es una estrategia eficiente de movilización de apoyo político", se lee en el informe.

Sólo uno de cada veinte argentinos asiste a reuniones convocadas por la municipalidad, apenas el 15 por ciento dice haber presentado peticiones al gobierno local y poco más del 10 por ciento dice haber pedido ayuda a su intendente alguna vez (o a un concejal). Lo curioso es que entre quienes acudieron a sus representantes, el 90 por ciento dice que le fue bien, que obtuvo una resolución favorable a su problema.

Cuando una batería de preguntas específicas explora la participación cívica, el resultado no es alentador. "Los argentinos muestran un nivel comparativamente bajo de involucramiento en la solución de problemas comunitarios", dice Lodola, verdad barrial asumida en las reuniones de consorcio de los edificios, aquí certificada. El país apenas obtiene 15,5 puntos en nuestra escala de 0 a 100. "Este valor representa 2,5 puntos menos que el promedio regional y casi 10 puntos menos que el promedio registrado para Paraguay y República Dominicana, las naciones que ocupan los primeros puestos en el continente", explica el politólogo.

La relación hidráulica del reclamo por vías institucionales y las protestas callejeras es uno de los aspectos más luminosos del trabajo. Lodola destaca la relación positiva entre militancia partidaria y protestas, que "indica la interrelación y superposición existentes entre la política institucional y la no institucional; queda claro que no son arenas mutuamente excluyentes".

Advierte el estudio que la protesta social en ningún caso está asociada con creencias y actitudes desestabilizadoras de la democracia. "Contrariamente a nociones vagas de debilidad institucional o amenaza sistémica -dice-, la protesta social en la Argentina democrática se ha configurado como una vía cotidiana de actividad política colectiva y de participación en procesos de diseño e implementación de política pública".

Los niveles de aprobación de los cortes de ruta y las invasiones a la propiedad privada en la Argentina se mantuvieron relativamente estables en los últimos dos años. En el cuadro respectivo nuestro país aparece en el cuarto lugar, después de Honduras, Belice y Colombia. Alta aprobación.

Poca Confianza
Es muy interesante, y podría decirse muy inquietante en este momento, también, la relación de los argentinos con las elecciones. Según el Barómetro de las Américas, la confianza promedio de los argentinos en el sistema electoral es la más baja del continente después de Nicaragua. Lodola explica esta mala calificación por la tecnología de la votación, el sistema de boletas y la administración de los comicios. Recuerda que las boletas no son producidas por una agencia estatal independiente sino por los propios partidos y que eso permite que sean manipuladas y distribuidas por los activistas o punteros semanas antes de las elecciones junto con otros bienes materiales, tales como bolsas de comida, elementos de construcción, ropa y colchones. El sistema facilita otras prácticas ilegales: Lodola se explaya sobre el vaciamiento y robo de boletas en el cuarto oscuro y los recuentos de votos sesgados gracias a la falta de fiscales. Desemboca en el relevamiento de las percepciones sobre compra de votos. El 18 por ciento dijo haber recibido alguna vez una oferta de compra (sólo es peor en República Dominicana y en Bolivia) y de ese grupo un 10,7 por ciento decidió efectivamente vender su voto. En el promedio continental, uno de cada dos declaró sentirse menos inclinado a votar por el candidato o partido del benefactor (lo de más inclinado y menos inclinado al parecer es un eufemismo que aplican los encuestadores para mitigar la inhibición que le produce al encuestado toda pregunta directa sobre este tema). Pues bien: en la propensión a vender el voto, la Argentina aparece curiosamente como el anteúltimo país del continente, adelante de Chile.

Hay también en esta medulosa investigación un capítulo sobre preferencias políticas e ideologías. Allí aparece un cuadro sobre la autopercepción de los argentinos, que se ubican más a la izquierda en el espectro ideológico, apenas superados por los uruguayos. Más aún, surge que en los últimos tiempos hubo un ligero corrimiento, de nuevo hacia la izquierda. ¿Lo sabe el gobierno nacional? Seguramente. El dato coincide, por ejemplo, con la decisión de la Casa Rosada de retemplar la retórica antinorteamericana con miras a las elecciones de octubre.

En cifras

Conflictividad
La manifestación callejera es una clara singularidad nacional respecto de la región. El 35% de los argentinos aprueba los cortes de ruta y el 20,7, la invasión de la propiedad privada como formas de protesta.

Participación política
El índice de confianza en las elecciones, en un rango de 0 a 100, es de 42 puntos entre los argentinos. Tampoco es alta la confianza en los partidos políticos: en ese ítem, liderado por Uruguay con un índice de 50,4 puntos, Argentina aparece anteúltimo con 27,3.

Clientelismo
El 18% de los argentinos afirma haber recibido alguna vez una oferta por su voto. La cifra duplica prácticamente el promedio latinoamericano. De todos modos, podría decirse que el clientelismo no paga bien: el 43,9% de los encuestados afirma no sentirse ni más ni menos inclinado a votar por el candidato del benefactor, en tanto que el 45,3% dice sentirse menos inclinado a hacerlo.

Ideología
En un rango de 1 a 10 (donde 1 es izquierda y 10, derecha) la identificación ideológica de los argentinos se ubica en 5,1. La cifra, comparada con 2008, está ligeramente más ubicada hacia la izquierda, ya que entonces había sido de 5,5. La posición de la ciudadanía argentina aparece como una de las más pronunciadas del continente: sólo Uruguay está más a la izquierda.

El rol del Estado
El nivel de apoyo a la idea de que el Estado debe ser el dueño de las empresas e industrias más importantes se ubica entre los más elevados de la región: de 0 al 100, obtiene 67,9 puntos.

Derechos civiles
Los argentinos son particularmente receptivos -junto con los canadienses, norteamericanos y uruguayos- a la idea de que los homosexuales puedan posturlarse para ocupar cargos públicos y puedan casarse.

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