"Otorgar títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo"

Porta un apellido imposible de corear en una tribuna política. Pero a Ernesto Schargrodsky -que no se dedica a la política sino a la economía- eso no parece importarle. No, al menos, mientras su vida transite en la órbita del mundo académico. Porque justamente es desde ese ámbito que viene produciendo desde hace ya varios años diagnósticos y fórmulas de solución para dos problemas políticos cruciales de la Argentina: la inseguridad y los asentamientos urbanos, un fenómeno social, este último, que vimos explotar con furia durante la ocupación de Soldati y la posterior ola de tomas que le siguió.
Ocupas urbanos. Esa es la especialidad -o una de ellas- del decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. O, como a él le gusta llamar a su área: la construcción de derechos de propiedad para los más pobres.
En los noventa, se doctoró en Harvard y hoy, además de enseñar economía, escribe artículos en las revistas más prestigiosas de su especialidad, tales como American Economic Review o Quarterly Journal of Economics, muchas veces en coautoría con sus colegas y amigos Sebastián Galiani y Rafael Di Tella, también economistas y profesores en universidades norteamericanas.
Hace años vienen desarrollando un estudio de campo en el barrio San Francisco Solano, un "experimento natural", que empezó con una ocupación, en 1981, muy parecida a la de Soldati. Se trata de una de las pocas investigaciones que hizo foco en un proceso de construcción de viviendas populares, cuyos resultados -medidos a lo largo de los años- podrían extrapolarse al diseño de políticas públicas dirigidas a resolver el déficit habitacional en la Argentina.
Schargrodsky asegura que el final del conflicto en Solano, que duró treinta años en todo su despliegue (hay un documental sobre la historia), sugiere un camino para los conflictos actuales. Aquella ocupación, realizada durante la dictadura, derivó con el tiempo en un resultado paradójico: la mitad de las familias ocupantes recibieron el título de propiedad de la tierra, mientras que la otra mitad quedó en la ilegalidad. Semejante tratamiento diferencial les permitió a los investigadores, sin embargo, evaluar cómo impactó la titularidad en ambos grupos.
"Nuestros resultados sugieren que el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra puede ser una herramienta importante para la reducción de la pobreza en el largo plazo", concluye el estudio.
Schargrodsky apunta a la necesidad de diseñar políticas creativas para atender dramas colectivos -como el del Indoamericano-, en el que todos los actores tienen parte de razón: "Por un lado, el conflicto de un tipo que tiene una casa, por la que trabajó toda su vida, cuyo valor de pronto se esfuma porque le ponen enfrente un asentamiento. Por otro, el drama de los que no tienen un techo donde vivir, ni tampoco pueden pagar un alquiler. Frente a eso, hay un camino lento, que lleva por lo menos una generación, pero que trae tantas mejoras para toda la sociedad que el subsidio del Estado, en este caso, vale la pena".
Cuando está por explicar con más detalle la herramienta que más se adecuaría a la sociedad argentina -la que llama "loteo social"-, el aire acondicionado se apaga. Pero el decano enseguida encuentra una solución: "¿"Usurpamos" la oficina de mi colega?"
Usurpamos.
-Estamos asistiendo a una ola de toma de tierras, que parece no encontrar una solución sustentable. ¿Por qué?
-Para poder contestar seriamente a esa pregunta, deberíamos tener mucha más información. Sin embargo, lo que tenemos ahora son un conjunto de hipótesis, incluso algunas que no veo discutidas. Una primera aproximación: existe una política económica inflacionaria, que impacta de un modo diferencial entre los pobres y los segmenta. Enfrenta a los más vulnerables con los que están un poco más arriba, en la escala de la precariedad.
-Pero, ¿cómo se conecta la inflación con la toma de tierras?
-Incluso en un momento de boom económico, como el actual, la inflación impacta sobre los más pobres, que siempre tienen menos herramientas financieras para protegerse. Los más vulnerables gastan casi todo en alimentos. Por lo tanto, aun en momentos buenos, puede haber un grupo -ahora son los inquilinos de las villas- que tiene ingresos más precarios con los cuales no puede seguir el ritmo de aumento de los precios. Y llega un momento en el que no puede afrontar el alquiler.
-Es decir, la suba de los precios afecta más a unos pobres que a otros. ¿De qué depende?
-Por ejemplo, el que está en un trabajo informal está menos protegido que el que está en blanco, porque tiene sindicatos o paritarias, que van consiguiendo aumentos para paliar la inflación. La asignación universal, que es una buena política, beneficia a los argentinos, pero no a los extranjeros que viven en las villas, lo que deja en desventaja a los segundos. Es probable, también, que la construcción de barrios privados y de countries en el conurbano haya restado tierras para los pobres, que se ven empujados a trasladarse a los márgenes de la ciudad.
Y finalmente, en un año electoral, en la semana anterior a la toma de Soldati, el anuncio que había hecho Macri de titulación de tierras en la villa 19 pudo disparar la ocupación en otros lugares, como un modo de presión.
-Usted habló de una hipótesis que no había visto discutida ¿cuál es?
-Tiene que ver con este fenómeno relativamente nuevo de los alquileres en las villas. Porque cuando pensamos con más detalle en este singular mercado, nos damos cuenta de que no hay un Estado para garantizar el cumplimiento de los "contratos" adentro de los asentamientos. En otras palabras: ¿cómo garantiza el "propietario" que su "inquilino" no se quede en la propiedad? Fuera de la villa, cuando los contratos no se cumplen, uno acude a la Justicia. La pregunta que me hago, en definitiva, es si esta división en el mundo de los pobres no nos está señalando el desarrollo de otros mecanismos coercitivos paraestatales
-Es decir, que cuando el Estado se retira, los conflictos se dirimen a los tiros o, en el mejor de los casos, con el apriete.
-Llevándolo a otro contexto, el principal argumento para la legalización de las drogas en el mundo es que, mientras sea un mercado ilegal, será un territorio en el que los problemas se resuelven con violencia. Ese también fue el argumento para interrumpir la Ley seca en EE.UU. Hay una falacia en contraponer Estado con mercado. El mercado necesita un Estado.
Por eso creemos que, a la larga, el otorgamiento de títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo. La lección de Solano deja ver cómo una comunidad, que en 1981 no tenía nada, hizo un progreso gigantesco. Hoy esos chicos van a la escuela, incluso en un alto porcentaje terminaron la secundaria. No hay problemas de desnutrición, ni embarazos adolescentes.
-Sin embargo, muchos no ven justo que quienes ocupan tierras se hagan dueños de una propiedad que, tal vez, muchos otros sólo pudieron lograr trabajando toda la vida.
-Quisiera explicar con más detalle el caso de Solano para que no quede la idea de que el Estado ha dado todo. No es así, y eso es justamente lo que me gusta de esta política. El Estado primero respondió con palos y después, no podemos decir que haya regalado demasiado. Se hizo una ley de expropiación, se compraron los terrenos, pero la gente los fue pagando con una cuponera. Más tarde fueron haciendo sus casas. Y si cuando llegaron eran villeros, no armaron una villa sino lotes y manzanas, de sesgo urbano.
-¿Y por qué algunos recibieron los títulos y otros no?
-La historia fue así: pasado el período más duro de la dictadura militar, en 1981, unas 1800 familias, lideradas por el cura Berardo, se asentaron en Solano. Dicen que este sacerdote usó por primera vez la palabra asentamiento, por la figura bíblica de la tierra prometida. Ellos creían que era tierras fiscales; sin embargo, tenían 13 dueños distintos. Primero hubo un intento de desalojo con violencia, y cuando vino la democracia, se sanciona una ley de expropiación. Entonces, la mitad de los dueños acepta la oferta y la otra mitad, la rechaza. Viven uno al lado del otro, llegaron el mismo día, y mientras una familia es propietaria, la otra, no.
-¿Y qué pasó cuando compararon a los dos grupos, años después?
-Los resultados fueron asombrosos. Si ahora vamos a caminar por el barrio, no tengo que decirte cuáles son las tituladas, y cuáles no. Salta a la vista: las tituladas son ostensiblemente mejores. Pero hay otras mejoras: las familias son menos numerosas, por lo que los padres invirtieron mucho más en sus hijos. La finalización del secundario subió fuerte, en un 25 por ciento, acercándose al promedio de la sociedad. Son mejores las condiciones de salud: mejor peso para la altura. Y finalmente, las creencias de las familias tituladas se acercan más a la cultura de la clase media: creen que esforzarse es necesario para llegar a ser alguien en la vida, confían más en el otro y ven al dinero como algo necesario para ser feliz.
Grabamos la nota para Enfoques en un espacio vidriado con vista a un amplio parque. Schargrodsky cuenta una historia increíble, que se desarrolló a pocos metros, en ese parque, y a unos días de la toma del Indoamericano.
"Como parte de un programa de management, un grupo de empleados de una firma, que había venido para hacer un entrenamiento a la Universidad, tenía que armar una casita sobre el pasto. Pero la actividad justo coincidió con la toma de Soldati. Sucedió entonces que, a poco de armar la casita, se les vino la Policía encima. Costó convencerlos de que estaban estudiando aquí y de que no iban a armar ningún asentamiento."
- Parece increíble que estemos hablando de un conflicto por las tierras, en un país donde sobran.
-Justamente, pensando en la escasez de recursos del Estado y la abundancia de un recurso, como es la tierra, una política que podría tener sus ventajas, desde el punto de vista social, y también desde la descentralización, sería que el Estado -con la entrega o incluso con un mecanismo de crédito barato- produjera un lote de 2 mil o 3 mil dólares, en un barrio suburbano y con servicios básicos garantizados: electricidad, agua, cloacas. La experiencia indica que, una vez que son propietarias, esas familias asumen plenamente el compromiso y el esfuerzo de construir la casa propia.
-¿Y si son tierras privadas?
-El Estado debería comprarlas, como sucedió en Solano, previa ley de expropiación. O incluso, fomentar su venta a través de mecanismos impositivos. Hay muchos regímenes para promover la venta, como el impuesto a la tierra no utilizada.
-Argentina tiene una Constitución "generosa" en derechos sociales -promete el acceso a una vivienda digna para todos, por ejemplo, pero los políticos no se toman muy en serio esas leyes. ¿Será porque sienten que no le deben rendir cuentas a nadie, salvo cuando hay un desquicio, como el de Soldati?
-Hay demandas que están fuera del alcance de los gobernantes. Y uno se pregunta, ¿por qué se comprometen, entonces? Puede haber algún tipo de populismo, es cierto, pero también hay todavía mucha ilusión de que somos un país rico, aunque no lo somos. Somos un país medio que no llega al desarrollo económico, y no puede afrontar planes onerosos. Hay sobreestimación de los recursos.
-¿Y hay vasos comunicantes con los funcionarios, que podrían nutrirse de esta experiencia académica para perfeccionar las políticas públicas?
-Buena pregunta? Y me la hacen mucho, ¿eh? La verdad es que no. Argentina tiene, en muchas áreas, políticas innovadoras, pero hay otras en las que está totalmente atrasada. Una de ellas es la evaluación externa por parte de académicos, consultores privados u ONGs. En ese sentido, otros países de la región, como México, Chile o Brasil, en el mismo momento en que diseñan una nueva política, incluyen en el presupuesto la auditoría externa.
Laura Di Marco
Para LA NACION

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MANO A MANO

Ernesto Schargrodsky es uno de esos académicos que produjo la universidad pública en la Argentina de la primavera democrática, interesados no sólo en comprender el enigma de nuestro país sino en contribuir, desde las ciencias sociales, a generar soluciones para una sociedad más justa. Lo de su pertenencia ochentista no parece un tema menor: como economista, no enarbola un discurso de extremos, blanco o negro, bueno o malo, sino que, más bien, parece esforzarse en tener en cuenta muchos puntos de vista a la vez. No parece estar empeñado en tener razón, sino en comprender, con auténtica curiosidad y rigor académico.
Es probable que esa mentalidad, más flexible, lo haya llevado a investigar áreas atípicas para un economista, como la economía del crimen o el acceso a servicios financieros y de propiedad de los "ocupas urbanos", donde, según dice, se concentra la miseria en el tercer mundo.
Tiene 43 años y, aunque hizo estudios de posgrado en Harvard, se enorgullece de haber nacido en La Boca, tanto que en su elegante CV de decano de la Escuela de Negocios en la Di Tella aparece un curioso destacado: "Bostero citizenship" (ciudadano bostero).
Me generó pena volver a comprobar la desconexión que existe entre la producción académica sobre políticas públicas y los funcionarios que las ejecutan. Funcionarios que, en lugar de ir a los tumbos, podrían enriquecerse accediendo a datos y conclusiones disponibles que el Estado ya no produce.