¿Existe un real neoconstitucionalismo latinoamericano?

¿Existe un real nuevo constitucionalismo latinoamericano? Reconozco que soy un ágrafo para escribir sobre la materia, porque se trata de una cuestión casi reservada a doctrinarios.

Justifico mi atrevimiento, no obstante, en que el conocimiento siempre será un pretensión, debido a que de las cosas que hay que saber, por mucho que sepamos, siempre será una parte ínfima en ese universo infinito. Y el tema del constitucionalismo requiere ser socializado en nuestras academias, de manera particular, y en la sociedad dominicana, en general; generando espacios de debates.

Las cátedras de algunos de los profesores de la Universidad de Granada que tuve en la Maestría sobre Estudios Políticos Electorales me llevaron al convencimiento de que existía, propiamente hablando, un nuevo constitucionalismo en América Latina.

Luego, a partir de otras reflexiones, he caminado hacia un punto en el cual no tengo ya la certeza de mi apreciación original.

En América Latina conocemos de los aportes de las constituciones modernas de Colombia, 1991; Argentina, 1994; Venezuela, 1999; Ecuador, 2008; Bolivia, 2009; y República Dominicana, 2010.

Y la pregunta vuelve a ser si en realidad estas marcaron eso que llamamos el nuevo constitucionalismo en América Latina.

En estos días estuvo por el país el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla La Mancha, Marcos Francisco Massó Garrote, para dictar la conferencia “Las garantías de los derechos fundamentales”, organizada por el Tribunal Constitucional como parte de la Segunda Jornada de Justicia y Derecho Constitucional. Un periódico que hizo la reseña de su disertación puso de titular: “Valoran neoconstitucionalismo como motor de la lucha por las desigualdades”.

Vistas así las cosas, todo indica que es realidad, conceptual y práctica, la visión del neoconstitucionalismo, al menos en el país.

Pero si profundizamos, nos daremos cuenta que hay cuestionamientos, algunos teóricamente bien fundamentados, a esa visión.

En julio del año pasado, el jurista dominicano Eduardo Jorge Prats publicó un artículo en el que hace referencia al constitucionalista Roberto L. Blanco Valdés, que vino, en 2014, a participar en un congreso internacional y a comentar una obra del también experto Roberto Gargarella; a quien le atribuye lo siguiente:

“Aunque allí (en el congreso) se dijeron muchas cosas muy interesantes, algunas resultaron llamativas, por ejemplo, fue sorprendente para mí la insistencia con que varios colegas pusieron de relieve que la Constitución de República Dominicana era una de las más avanzadas del planeta en materia de derechos sociales y económicos, hecho que no seré yo quien ponga en duda, pero que contrastaba vivamente con lo que podía observar cualquier persona con solo darse un simple paseo por los alrededores del lujoso hotel donde nuestros anfitriones tuvieron la gentileza de alojarnos”.

El jurista se refería, según sus propias palabras, a “una miseria verdaderamente pavorosa”.

El propio Gargarella, quien es profesor de las universidades argentinas de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, dijo en un artículo publicado en la revista “Estudios Sociales”, en 2015: “No merece hablarse de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque esa nueva oleada de constituciones nos ha dejado con textos demasiado parecidos a los que ya teníamos”.

Reconocemos los avances incorporados en la Constitución dominicana en materia de derechos fundamentales, pero tampoco es para caer en el “Complejo Guacanagarix”. Si exageramos, podríamos encontrarnos con otros doctrinarios que, como Blanco Valdés, llegarían a mofarse de “expertos” dominicanos.