Es necesario crear una agencia de evaluación independiente

La exclusión del país en las pruebas PISA es otro paso atrás en la espiral de declive de la educación: un retroceso que se revertirá proyectando una estrategia de reforma consensuada por las clases dirigentes y propuesta al conjunto de la sociedad. En este caso, el declive encuentra un límite en los demás países: las reglas de una prueba internacional son precisas y no hay truchada, ni viveza criolla ni gambeta maradoniana que las eluda.

Antes, frente a PISA nos preguntábamos cuánto peor podríamos caer; hoy, lo peor es una certeza. Las PISA no son un tótem a ser venerado ni una estratagema de dominación neoliberal. Son una herramienta para identificar rasgos del funcionamiento educacional de un país, a lo largo del tiempo y comparado con otros países.

El daño provocado con la exclusión es muy grande: ni quienes planifican políticas educativas ni quienes estudiamos la educación a escala mundial podremos usar estas bases de datos como instrumento de mejora. Hay un perjuicio mayor: la cultura de la evaluación recibió un golpe brutal y los que la rechazan tienen un nuevo e inesperado argumento.

Los motivos técnicos aducidos por la OCDE son claros: el cambio de marco muestral ofrecido por el Gobierno generó una muestra sesgada y la mejora en los resultados se debe a esta decisión. El Estado (no un funcionario) debería brindar una explicación de lo ocurrido. La descripción de los hechos la tenemos, no así los motivos. En un país en el que el Indec se manoseó por medio de una patota que amenazaba a técnicos en estadística, la manipulación política resulta la hipótesis de la calle y de los medios, pero no es suficiente. Es indispensable que el Estado convoque a una evaluación técnica independiente que dictamine sobre las causas de lo ocurrido para deslindar responsabilidades y para comprender la lógica de las decisiones tomadas y no repetirlas. Hace 20 años que señalo que las evaluaciones educacionales no pueden ser ejecutadas por los mismos funcionarios que son evaluados. Es momento de implementar una agencia pública de evaluación financiada por el Estado, pero independiente de los gobiernos.