Di Tella en los medios
Clarín
5/09/16

Un plan antidrogas fuera de época

En el anuncio del plan antidrogas “Argentina sin narcotráfico” el presidente Mauricio Macri fue claro y enfático. Dijo: “tenemos que ganar esta guerra”. El Gobierno decidió emprender esa cruzada justo cuando América Latina se apresta a abandonarla. Hoy la región busca y aplica políticas públicas alternativas sustentadas en la experimentación, la regulación estatal y la reducción de daños. El núcleo fundamental de la “guerra contra las drogas” consiste en asumir que: a) una nación enfrenta una guerra irregular; b) hay un importante número de personas que son esencialmente enemigos del Estado y la sociedad; c) impera la racionalidad de “nosotros o ellos”; d) se necesita desplegar un conjunto de medidas punitivas para vencer; y e) habrá un momento en que se notificará la victoria.

Esta “guerra” es además la versión militante de la prohibición cuyo objetivo es lograr la abstinencia y crear una sociedad libre de drogas; lo que sabemos inalcanzable. También se sabe que en algún momento a una proclama de “guerra” se suman los militares.

En consecuencia, hay elementos del plan que merecen atención. Primero, no parece distanciarse mucho de lo planteado hace un cuarto de siglo.

En efecto, en 1991 el Decreto Secreto 717 estableció el “Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas” a cargo de la Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. En el preámbulo se afirmaba el carácter transnacional del fenómeno y el grave riesgo en el que se encontraba el país. La eliminación del narcotráfico era la meta principal; la coordinación federal resultaba indispensable así como la cooperación internacional y la normalización de las estadísticas; la concreción de planes operativos terrestres, fluviales, aéreos y marítimos contra las drogas y la colaboración entre todas las fuerzas de seguridad en el combate antinarcóticos eran prioritarios.

El “nuevo” plan de 2016 apunta a lo mismo y como el de 1991 carece de precisión sobre los indicadores que servirán para evaluar la efectividad de la lucha que se pregona.

Segundo, el plan estará a cargo del Ministerio de Seguridad. Esto indica que se ha optado finalmente por la opción más “securitizada” para el manejo del narcotráfico; lo cual no es un dato menor. En otros países, la agencia o ministerio que lidera los planes contra las drogas se ubica, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia (Canadá y Brasil), el Ministerio del Interior y Justicia (Colombia), el Ministerio de Sanidad y Política Social (España), el Ministerio de Salud (Portugal), la Subsecretaría en la Presidencia del Consejo de Ministros (Italia), y la Oficina de la Presidencia (Estados Unidos).

Tercero, el plan anunciado contempla varios “compromisos”, algunos de ellos muy valiosos como la relevancia otorgada al desafío del paco, la conformación de un mapa georreferenciado del narcotráfico y el propósito de incrementar los fondos para la prevención. Sin embargo, no se menciona cuánto se invertirá, en conjunto o específicamente, en los programas enunciados. Dada la situación fiscal es difícil suponer un mayor desembolso para reducir la demanda.

Cuarto, se destaca la relevancia, en el futuro, de la confiscación de bienes pero sin precisar cómo se prevé el real desmantelamiento financiero del negocio. Según el informe sobre drogas del Departamento de Estado de EE.UU. de 2016 respecto al lavado de activos en la Argentina “la efectividad de los programas medida en términos de condenas y confiscación de activos ha sido insignificante. Desde 1999 la Argentina ha procesado exitosamente solo siete casos de lavado de activos”.

Quinto: se pretende perseguir con más vigor al narcotráfico mediante el despliegue de “Grupos Especiales Mixtos” compuestos por fuerzas federales y provinciales, pero sin introducir reformas a los cuerpos de seguridad. La policía, en particular, es parte del problema de las drogas pues cumple un papel crucial en la regulación mafiosa de la empresa de las drogas.

Es evidente que el país tiene un problema de drogas, pero enfrentarlo supone un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico permite elaborar una estrategia y con ello diseñar un plan. El anuncio “Argentina sin narcotráfico” no parece ser producto de un diagnóstico profundo y preserva el desequilibrio de las estrategias anteriores: mucha promesa de mano dura y algo de apoyo para sectores vulnerables. La quimera de erradicar en vez de contener el fenómeno de las drogas recorre el plan. El abordaje desde la seguridad no permite identificar qué capacidades estatales se deben privilegiar. En breve, pareciera que el apuro por reivindicar la “guerra contra las drogas” impidió elaborar un mejor plan antinarcóticos. 


Juan Gabriel Tokatlian es profesor Plenario, Universidad Torcuato Di Tella