Como democratizar el Estado

Tras la lamentable muerte del fiscal Nisman, producida días después de su denuncia contra la Presidente y otros altos funcionarios, muchos criticaron al gobierno por no haber democratizado los servicios de inteligencia durante estos años. En línea con ello, y como una forma de reaccionar frente a la crítica, la Presidente anunció una reforma de los servicios de inteligencia orientada a democratizarlos.

Debe advertirse que esta propuesta puede estar viciada por un error de raíz. En los últimos años, la palabra “democratizar” se ha venido usando de forma inconsistente con el principio que yace en el corazón de toda democracia constitucional: la división de poderes.

El principio de división de poderes evita el mayor riesgo que acecha a un sistema político: la acumulación de poder en manos de pocos. No importa quiénes sean los que gobiernen, sino el modo en que se distribuye el poder. Incluso quienes simpatizan con el gobierno deberían advertir el peligro latente en la concentración de poder: eventualmente el gobierno cambiará, y si las leyes promulgadas hoy lo permiten, quienes asuman podrán manejar todos los resortes del Estado a voluntad. 

Lamentablemente, el proceso general de “democratización” ha tendido a interpretarse hasta ahora como un intento de supeditar todas las instituciones al Poder Ejecutivo.

La democratización de los medios, por ejemplo, significó la acumulaciónn de diarios, radios y canales de televisión en manos de empresarios relacionados con el partido gobernante, al amparo de un organismo de contralor que no cumple con los requisitos más básicos para considerarse independiente. Esto no puede verse como un verdadero avance en términos de desconcentración del poder mediático.

Del mismo modo, la democratización de la Justicia fue un intento de subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, lo que hubiera pulverizado los incentivos de este último (en su actual y futura conformación) para actuar acorde a la ley.

Algo similar sucedió con el Banco Central tras la modificación de su carta orgánica y la consecuente socavación de su independencia. Lejos de cumplir su función de preservar el valor de la moneda, este organismo se ha entregado a una masiva emisión monetaria, generando una inflación que, además de dañar la economía, podría socavar la gobernabilidad del próximo gobierno.

Este análisis ilustra el problema central al que nos enfrentamos como sociedad: una luz roja de alerta debe prenderse cuando se habla de democratizar.

Democratizar un sistema político significa disminuir el poder de los poderosos, incluido el gobierno de turno, para ponerlo en manos de la gente; evitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo y de los organismos nacionales y devolverles autonomía a las provincias y municipios. Todo auténtico proceso de democratización implica abandonar la visión de que hay enemigos internos que justifican un estado de emergencia, aumentar la transparencia y generar dispositivos de verdadero control ciudadano. El respeto irrestricto por la independencia de las instituciones y, sobre todo, por la división de poderes, es el recurso fundamental para ello. Solo cuando se sigue este camino, una sociedad se aproxima a ese gobierno de todos que la democracia representa. Mientras tomemos el otro camino, ése que es urgente abandonar, los ciudadanos quedaremos a merced de lo que decidan pocas personas que detentan todo el poder.

En vista de este panorama, es de vital importancia que los ciudadanos adoptemos un nuevo punto de vista en el debate público. Nadie sabe quién ganará las elecciones futuras. Este hecho de la democracia debería servirnos para que la discusión política se plantee solamente en términos de qué instituciones queremos: instituciones que limitan el poder, o instituciones que tienden a su concentración. Después de todo, los gobiernos cambian, y las estructuras de poder quedan.

En conclusión, los ciudadanos debemos permanecer atentos a la ley de reforma de los servicios de inteligencia. La premisa básica es que el cambio debe estar destinado a erradicar las prácticas presentes, y no simplemente a cambiar las personas que las llevan a cabo. Hay que exigir que se haga algo diferente a lo que, en mayor o menor medida, han hecho todos los gobiernos argentinos desde hace ya mucho tiempo.

(*) Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella. Doctorando en Filosofía del Derecho, UBA. Becario Doctoral, CONICET.

(**) Julio Montero, investigador del CONICET