Di Tella en los medios
Diario Perfil
25/01/15

Sin fiscales no hay Estado de derecho

Por Martín Hevia

Dada la importancia del rol de los fiscales en nuestra democracia constitucional, la muerte de un fiscal en el contexto de una investigación tan trascendente como la del atentado terrorista a la AMIA es un hecho mayúsculo que enluta nuestra democracia.

Tradicionalmente, pensamos la organización institucional de nuestro país en función de una división entre tres poderes. Por un lado, dos poderes con mandato popular: el Poder Legislativo dicta normas en consonancia con nuestra Constitución; el Ejecutivo gobierna desarrollando políticas públicas que deben ser consistentes con la Constitución y con las normas dictadas por el Congreso. A su vez, el Poder Judicial, que no es elegido por el voto de los ciudadanos, es el garante de la Constitución, resuelve controversias y hace valer las normas. Pero el Poder Judicial no actúa de oficio: requiere de un órgano que promueva acciones judiciales en defensa de la legalidad. Este órgano debe ser independiente, de modo tal que no pueda recibir instrucciones de ninguno de los tres poderes y pueda actuar sin injerencias. Este rol crucial para nuestro Estado de derecho está a cargo de los fiscales, que tienen la facultad de investigar hechos delictivos. De hecho, desde la reforma constitucional de 1994, nuestra Constitución establece que el Ministerio Público, que integra la Procuración General de la Nación de la que dependen los fiscales, es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que promueve la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Es más, los fiscales gozan de inmunidades que otros ciudadanos no tienen, sus remuneraciones son intangibles y sus cargos son estables siempre que dure su buena conducta (sólo pueden ser removidos por un Tribunal de Enjuiciamiento). Por ello, se ha dicho que la reforma constitucional instauró un cuarto poder.

La reciente reforma del Código Procesal Penal de la Nación otorga un rol todavía más protagónico a los fiscales: pondrá en práctica lo que los abogados llaman “principio de oportunidad”, es decir, la potestad de la Procuración General y de los fiscales a su cargo de decidir discrecionalmente qué delitos deciden perseguir –por ejemplo, podrían desistir del ejercicio de la acción penal si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el “interés público”, aunque, por cierto, éste es un concepto vago–. Ello significa que, aun cuando no sean elegidos por el voto popular, los fiscales tendrán a su cargo la enorme responsabilidad de decidir cuál será la política criminal del Estado argentino y de llevarla adelante. Al igual que los legisladores, jueces y el Poder Ejecutivo, los fiscales tienen la obligación de contribuir a la transparencia de nuestras instituciones y deben rendir cuentas por sus acciones. Por ello, las discusiones públicas recientes acerca del rol de la Procuración General y de los criterios para nombrar fiscales contribuyen al debate público en nuestra democracia.  

En suma, los fiscales tienen un papel fundamental para nuestra democracia porque representan a los ciudadanos ejerciendo acciones penales en defensa de la legalidad: sin fiscales no hay Estado de derecho. Por ello, esclarecer la muerte del Fiscal Nisman debe ser una prioridad, que contribuiría a restablecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

(*) Decano ejecutivo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.