La política de nombramiento de los jueces de la Corte

La reciente renuncia del ministro Raúl Zaffaroni, efectiva a partir del 1 de enero de 2015, ha abierto un debate político importante acerca de su reemplazante. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial, uno de los tres poderes en la organización institucional de nuestro país. La Corte tiene un rol fundamental en nuestra democracia: es el guardián del respeto a los derechos, garantías y procedimientos establecidos en nuestra Constitución. Por ello, la designación de los miembros que la integrarán es una de las decisiones más cruciales para el funcionamiento saludable de nuestras instituciones.

Suele decirse con ánimo de lamento que, en Argentina, se utilizan criterios políticos y no de idoneidad técnica para nombrar jueces de la Corte. No obstante, inevitablemente, las discusiones acerca de quién debe reemplazar a Zaffaroni tendrán un carácter eminentemente político: es la propia Constitución la que pone en cabeza del poder político esta decisión – el Poder Ejecutivo nombra a los jueces de la Corte, con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado -.

Nuestra Constitución toma este esquema de la de los Estados Unidos. De hecho, allí, la elección de jueces para la Corte Suprema es una de las discusiones políticas más intensas que puedan tener lugar en el Congreso. Los candidatos presentados ante el Congreso por el Poder Ejecutivo son sometidos a cuestionarios exhaustivos de los senadores sobre cuestiones que dividen a los estadounidenses, tales como el aborto, el alcance de la protección de la propiedad privada, el matrimonio igualitario, el federalismo, la separación entre religión y estado, y el derecho a portar armas, entre otros. La posición de los candidatos sobre estos temas depende, a su vez, de una posición filosófica más abstracta acerca de la interpretación constitucional. Si bien estas cuestiones pueden verse como asuntos técnicos de interpretación constitucional y jurídica, en el fondo, involucran concepciones políticas y filosóficas acerca de la Constitución y de la sociedad.

¿Qué debería ocurrir para que, en nuestro país, evaluemos al reemplazante de Zaffaroni en base a criterios políticos de este tipo?

Si queremos que mejore la calidad del debate público en torno a la Corte Suprema, debemos exigir al Poder Ejecutivo que postule un candidato o candidata idóneo para ocupar una posición tan importante. Quizá el antecedente más cercano sea el rechazo de la propuesta de Daniel Reposo como Procurador General. La posibilidad de que el Ejecutivo proponga un candidato como Reposo ha generado desconfianza en la oposición. En su mejor luz, el compromiso de los senadores opositores de rechazar por anticipado propuestas del Ejecutivo es una negativa a considerar candidatos que no sean idóneos  para la Corte Suprema. En cambio, una negativa general a evaluar propuestas del Poder Ejecutivo, cualquiera sea el candidato propuesto, podría implicar la pérdida de la oportunidad de mejorar la calidad de nuestras instituciones.

En suma, el desafío que enfrentamos no es si la elección del reemplazante de Zaffaroni debe o no politizarse; la cuestión es qué tipo de discusiones políticas es deseable que se den en ocasión de esta decisión tan importante.

(*) Decano ejecutivo y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella