Cristina & Cía: ¿Qué hacemos con la reincidencia? (crimen de Noelia y caso Chile)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La inseguridad es, desde hace unos años, la principal preocupación de la ciudadanía argentina. Cotidianamente somos testigos (cuando no víctimas), directa o indirectamente, de diversos hechos delictivos cada vez más violentos. El reciente crimen de Noelia Akrap vuelve a poner sobre el tapete el tema de la reincidencia: el presunto asesino de la joven de 16 años, llamado Lucas Adrián Luque (25 años) -detenido en las últimas horas- tiene antecedentes penales.

El tema de la reincidencia parece clave en el mapa del delito. Por caso, hace unas semanas, el Consejo de la Magistratura aprobó el inicio de un juicio político al juez Axel López por mal desempeño de sus funciones, tras haber excarcelado a varios delincuentes que reincidieron en crímenes graves al salir de la prisión (ver nota relacionada).

López está acusado, entre otros casos, de haberle otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien dos semanas después de salir intentó abusar y mató a Tatiana Kolodziey, de 33 años, en el Chaco. También se lo cuestionó, entre otros casos, por la liberación de Pablo Díaz, condenado a 19 años de prisión por violar a una nena de 12 años, que durante una salida transitoria otorgada por López en 2012, intentó abusar de Soledad Bargna, de 19 años, y la mató de 26 puñaladas a sólo tres cuadras de donde había cometido su primer delito, en el barrio porteño de Caballito.

Cabe destacar que la reincidencia en el delito puede darse cuando el preso se encuentra en cumplimiento de la libertad condicional, o al salir libre tras cumplir su condena.

En un estudio sobre reincidencia criminal publicado por el Journal of Political Economy, Ernesto Schargrodsky y Rafael Di Tella analizaron la reincidencia de sujetos liberados luego de haber estado privados de su libertad en cárceles. Comparando una muestra de adultos excarcelados desde 1998 hasta 2007 con similar edad (hasta 40 años), similar fecha y duración de la detención, mismo delito y mismo estatus judicial, encontraron que la tasa de reincidencia posterior de quienes ya habían estado presos en el pasado alcanzó un 39,5%, duplicando la de los que finalizaban su primera experiencia carcelaria, entre quienes reincidió un 19,7% (estas tasas de reincidencia se refieren sólo a delitos que llevaron a un reingreso en el Servicio Penitenciario Bonaerense, no a aquellos que no fueron detectados o penalizados, o que ocurrieron en otra jurisdicción). Estos datos, que seguramente ya han quedado desactualizados (y hoy serán mucho más altos), demuestran que la reincidencia es un tema clave en lo que respecta al delito.

Y es un tema clave no sólo en la Argentina sino a nivel global, pero aquí nuestros gobernantes no hacen nada al respecto.

En este sentido, el ejemplo de Chile resulta más que interesante: en 2007 el Gobierno chileno puso en marcha el “Programa de reinserción social de personas condenadas por infracción a la ley penal”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la reincidencia en delito de la población penal. En Chile sabían que la reincidencia es un problema y tomaron cartas en el asunto.

El programa consta de muchos ítems, pero fundamentalmente está destinado a contener, reinsertar socialmente y controlar al reo que sale en libertad o es excarcelado. Entre otras medidas, incluye acciones de seguimiento de todos los beneficiarios, que se centran en facilitar, apoyar el proceso de reinserción social de aquellos que acceden a permiso de salida controlada al medio libre y verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. Es decir, se realiza un seguimiento -muy de cerca- de los excarcelados. Saben dónde están, qué hacen, cómo se relacionan. Y estas acciones parecen estar teniendo muy buenos resultados en ese país.

Conociendo el problema de la reincidencia, es fundamental contar con un seguimiento y control de las personas que salen de prisión. En la Argentina, sólo falta la voluntad política de poner en marcha una ley federal para crear un sistema que contemple estas acciones. Una asignatura pendiente urgente.