“El modelo no es Sudáfrica; es la Argentina”

Kathryn Sikkink: Dentro del Estatuto de Roma, la tortura, cuando es de forma masiva y sistemática frente a población civil, puede ser considerada como un crimen contra la humanidad. Pero todo acto de tortura en sí no lo es. Todavía no se ha investigado a ningún funcionario importante de la administración de George W. Bush, por lo que creo que es momento para considerar los juicios en el extranjero. 

K. S.: No, la CPI no es una posibilidad porque Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma. Aun si lo hubiéramos ratificado, los crímenes serían anteriores. Hablo de juicios en tribunales nacionales de algún país que haya ratificado la Convención contra la Tortura, que establece que un torturador debe ser juzgado en su país o extraditado a otro donde sí pueda enjuiciarse. Estados Unidos ratificó esta convención y los casos de tortura fueron posteriores, sin hacer reserva contra el artículo de jurisdicción universal. Desde el punto de vista legal se cumplen todos los requisitos. 

K.S.: Todo el mundo me dice que no se puede porque Estados Unidos va a tomar medidas contra el que quiera hacerlo. En algún momento, Bélgica estaba haciendo juicios de este tipo y el Gobierno de Bush amenazó con retirar la sede de la OTAN de allí, y se terminó cambiando la legislación nacional para poner fin a los juicios. El tratado dice que el país puede extraditar o juzgar en su propio territorio. Sería cuestión de hacer un seguimiento cuidadoso de los viajes.  

K.S.: Yo enfatizo los juicios por tortura porque los elementos legales están. La Convención contra la Tortura permite responder; no veo cómo procesar los crímenes en Guantánamo. Desde un enfoque de derechos humanos, es clarísimo que hay que cerrarlo. 

K.S.: La CPI cumple con el papel asignado por el Estatuto de Roma. Es un sistema de complementariedad, importante como backup. Por ejemplo, Colombia estaba bajo investigación de la CPI, pero para actuar tiene que demostrar que el país no tenía voluntad de procesar en tribunales nacionales. Los colombianos se dieron cuenta de que si no iban a procesar a los paramilitares, aun con sentencias breves, una amnistía iba a provocar la reacción de la CPI. 

K.S.: Lo que pasa es que son pocos los países que reúnen dos condiciones: que hayan ratificado el Estatuto y cometido crímenes muy graves después de esta ratificación. Los países africanos participaron mucho en la conferencia de Roma bajo el liderazgo de Sudáfrica y ratificaron el tratado, sin pensar tal vez que esto iba a implicar responsabilidades legales importantes. Yo no lo veo como un corte sesgado contra África. Ojalá la CPI pudiera intervenir en cuanto a los EE.UU. en Afganistán.

K.S.: Fue el tercer país del mundo que usó sus tribunales nacionales para juzgar a sus propios funcionarios. Grecia, Portugal y la Argentina lo hicieron, pero fue la experiencia argentina la que recibió mayor atención mundial, como resultado de un movimiento social muy fuerte. Hubo gran difusión de las ideas de aquí porque muchos argentinos pasaron a trabajar a organismos internacionales. La Argentina tuvo la primera comisión de verdad en serio, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Hubo una en Uganda, pero trataron de matar a los comisionados, así que no prosperó. Tuvo los primeros juicios de la verdad y el primer equipo de antropología forense. Todas estas innovaciones facilitaron la búsqueda de la responsabilidad penal individual. La Conadep dio muchos datos para los juicios, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aporta pruebas. Pero, sobre todo, los movimientos sociales fueron muy importantes a la hora de presentar casos. En la Argentina es clave la figura del querellante. Esto no existe en Estados Unidos.

K.S.: Sí, había organismos que decían que había que buscar justicia y otros que tenían miedo. Decían que con la verdad estaba bien. En el informe de la CIDH fue la primera vez que fue escrita la recomendación de investigar, procesar y castigar con todo el peso de la ley.

K.S.: Casi todo el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas está basado en la responsabilidad estatal. Creo que se avanzó en la línea de la responsabilidad individual porque había una sensación de que algo no estaba funcionando. El énfasis en la responsabilidad estatal era insuficiente para disuadir o prevenir porque los costos eran pagados por el Estado. Costos financieros, es decir, pagaban los que pagaban impuestos y nunca los responsables. Que paguen los responsables directos disuade porque obliga a los funcionarios a que piensen muy bien qué van a hacer .

K.S.: No, no habrían avanzado. Pero hubo también personas que cumplieron roles importantes dentro del Estado. El juicio a las juntas y la creación de la Conadep fue una decisión del Ejecutivo. Anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue iniciativa del Congreso y después de la Corte Suprema. 

K.S.: Es el único país donde la amnistía se mantiene fuerte y la demanda de juicios no tuvo respuesta. Creo que es un avance importante que Brasil tenga una comisión de la verdad. Pero no basta con una comisión de la verdad. Los países que no tienen juicios no ven mejoras en su situación de derechos. 

K.S.: La Argentina, otra vez, está innovando. Está a la vanguardia de la Justicia internacional. Lo está haciendo de una forma que tiene una base legal importante. No se está enjuiciando a las empresas, sino a los individuos que no son militares, pero que estuvieron involucrados en la represión. Si se puede demostrar que estas personas tuvieron responsabilidad, sería un paso importante entender no sólo el papel de los funcionarios, sino de los civiles. No tenemos muchos otros ejemplos, pero cuando la Argentina empezó con el juicio a las juntas, tampoco los había.

K.S.: Los grupos de derechos humanos tienen la obligación de criticar violaciones de derechos humanos por donde sea. Esto, a veces, obliga a criticar a sus propios gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos fue fundamental la crítica de los organismos de derechos humanos. Si no hubieran podido hablar de la tortura, habrían perdido legitimidad. Pero uno puede apoyar lo que hace su Gobierno, también. Una red de derechos humanos internacional puede incluir funcionarios. 

K.S.: Lo de Sudáfrica fue una innovación importante. Sí, consultaron con chilenos y con argentinos. Yo creo que hay una tendencia a romantizarlo un poco, como un modelo que llevó a la reconciliación. Si uno habla con los sudafricanos, pocos tienen esa idea de su comisión de verdad y dudan de que sea el modelo mundial a seguir. Si bien se suponía que los que proporcionaban la verdad iban a ser amnistiados y los que no, procesados, esto no sucedió. Al final hubo muy pocos juicios. Tenemos once casos en nuestro banco de datos. El plan de la comisión de verdad no resultó de acuerdo con lo prometido.

K.S.: Sí, me parece importante el caso argentino porque hay una combinación de muchos mecanismos. Están la comisión de verdad, los juicios, las reparaciones, los lugares de memoria. En Sudáfrica, la mezcla no está completa.