En efecto, desde hace años se insiste con un enfoque socialmente lúgubre, tal vez menos por convicción que por voluntad. Se nos dice que vivimos rodeados de una ciudadanía cada vez más apática, más individualista, más preocupada de sí misma y menos interesada en la suerte de los que están peor. Los culpables también están a mano, con lo cual se allana la tarea de presentar una narrativa comprensible y simple. Se arguye entonces que las pantallas nos separan, que las noticias falsas nos adormecen, que las redes nos polarizan, que los algoritmos nos confinan a nuestro estrecho sitio. La conclusión, que es el fin de la historia, resulta entonces tan desalentadora como precisa, en términos de acción colectiva. Estamos y seguiremos estando políticamente condenados y socialmente dominados, como producto de nuestra propia pereza y estupidización. El relato que se arma entonces resulta apto, a la vez, para conectar y explicar dos series de fenómenos novedosos, que cualquiera puede reconocer, y que llaman la atención de todos. Por un lado, la presencia de líderes fuertes, con actitudes discrecionales, en diversidad de latitudes, al mismo tiempo (Hungría, Polonia, Turquía, Estados Unidos, la Argentina). Por otro, el fenomenal impacto de las nuevas tecnologías (incluyendo, de manera saliente, la influencia de la inteligencia artificial) en la vida cotidiana de todos nosotros.

Ahora bien, la ansiedad con que se nos presentan conclusiones tales contrasta con la realidad, también global, de intensísimos procesos de movilización político-ciudadana, que –contra lo pensado y previsto– se desataron exactamente en tiempos y lugares en apariencia marcados por el individualismo, la indiferencia social y los algoritmos. Pensemos en las “jornadas de junio” en Brasil 2013, disparadas por el aumento en el precio de las tarifas de autobús, y que implicaron la movilización de millones de personas, mientras se desarrollaba el mismo Mundial de fútbol brasileño; o recordemos el “estallido social” de Chile, 2019, también impulsado por el aumento en la tarifa del transporte público –con levantamientos que, en cierto modo, cambiaron la historia política de un país cuya ciudadanía era habitualmente señalada por su conformismo posdictadura–; o miremos las masivas y apasionadas manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos, que encontraron continuidades en la notable marcha No Kings, de marzo de este año (la más importante en su tipo en la historia del país). Todo eso, para no olvidar las recientes marchas en Polonia y en la República Checa; o los movimientos globales de la “Generación Z” (2025-2026), liderados por jóvenes nacidos en la era digital (utilizando iconografía de la cultura pop, como el animé), y que desembocaron también en movilizaciones multitudinarias y políticamente significativas, como la “revolución de los estudiantes” de Bangladesh, en 2024; o las fundacionales manifestaciones de estudiantes ocurridas en Indonesia, en 2025. Se trata, según se advierte, de procesos que se dieron en todo el mundo, precisamente en esta era digital (y en parte ayudados por ella), que convocaron a millones de personas, que se sostuvieron en el tiempo y que tuvieron un contenido y objetivos eminentemente políticos. Cuando nos confrontamos con datos semejantes, cuesta mucho comprender cómo puede resultar creíble, entonces, la narrativa opuesta, que insiste sobre la apatía social y el triunfo del autoritarismo frente a una mayoría envilecida y alienada.

Contra la leyenda prevaleciente, mi impresión es que, si en el contexto de sociedades desiguales e injustas, en ciertos períodos, la ciudadanía se retrae o asume una actitud más bien pasiva, ello se debe –normalmente– no a su conformismo, y mucho menos a su asentimiento, sino a su sabiduría. Me refiero a una sabiduría histórica, aprendida a veces a fuerza de golpes sobre la espalda, o –para ponerlo en términos más generales– a partir de las muy negativas respuestas que suelen dar los gobiernos a quienes disienten; ya sea a través de la punición de la protesta o la persecución de los protestantes, o –lo que parece la regla común en estos tiempos– la mera inacción, es decir, la no respuesta como respuesta. Como si nadie –alguien o miles o millones de personas– tuviera ninguna queja relevante o demanda verdaderamente atendible.

En conclusión, quienes hoy vemos a la democracia en riesgo y nos preguntamos por qué o por quién está en peligro, y quién la defiende cuando cae bajo amenaza, necesitamos empezar a cambiar el foco de nuestra atención. Mover dicho foco desde la ciudadanía y hacia el sistema institucional y quienes lo controlan. No para librar a la ciudadanía de responsabilidad política –todos la tenemos–, sino para calibrar de modo más apropiado tales análisis y orientar mejor esos señalamientos. Hoy, una ciudadanía que, como lo ha demostrado siempre, está dispuesta a movilizarse en defensa de lo que considera justo (lo que, perfectamente, puede coincidir con sus propios intereses, pero que normalmente no se superpone solo con ellos) encuentra un freno inhabitual a sus acciones. Ese tipo de obstáculos proviene de un sistema institucional perfectamente impermeabilizado frente a ella: un sistema bien preparado para resistir sus presiones. Así, las autoridades pueden reaccionar, frente a quejas y demandas, como lo hacen comúnmente, y como –cada vez más– tienden a hacerlo en nuestro país –con indiferencia, haciendo nada–. Como si nada importase, como si nada relevante estuviera en juego, como si solo se tratara de dejar que pase el tiempo para que la ciudadanía se olvide de sus reclamos, deje atrás el bullicio y vuelva al silencio quieto de sus cotidianas vidas. Pues bien, la democracia exige otra cosa: el retorno de lo político. Y ese retorno requiere que echemos abajo las barreras que hoy ahogan los reclamos democráticos de una ciudadanía que, a pesar de todo, se mantiene todavía atenta y de pie.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el repudio casi unánime a lo hecho por la dictadura y la historia argentina dejaron de aparecer superpuestos. En esta segunda etapa comenzó a tornarse posible confinar la idea de “consenso del Nunca Más” a ese tiempo particular que había ocupado la dictadura, entre 1976 y 1983. Decir “nunca más”, entonces, significaba decir “nunca más a la dictadura del Proceso”; o también, de manera similar, “juicio y castigo a los responsables de los crímenes masivos”. Mientras tanto, por otro lado, y en la medida en que se profundizaba la cisura entre política e historia, comenzaba a hacerse posible entender el “consenso del Nunca Más” en un sentido también más amplio, que no necesitaba anclarse (de manera excluyente) en la pasada dictadura. Entonces, decir que se suscribía el “consenso del Nunca Más” pudo significar el rechazo a ciertos modos del ejercicio del poder, que habían emergido durante la dictadura, pero que también podían tornarse visibles bajo el imperio de una forma de gobierno democrática. De acuerdo con este sentido más amplio, proclamar “nunca más” implicaba decir nunca más a las torturas, a los abusos de poder, a la represión de las minorías, a la discriminación y el maltrato públicos hacia los más débiles, etc., aun si aberraciones tales resultaban cometidas en democracia, por gobiernos elegidos popularmente. Muchos –quizás con torpeza, quizás con ingenuidad– tendimos a leer el “consenso del Nunca Más” de ese modo. Quizás, sin que lo advirtiéramos, nos ganó la voluntad de que así fuera: queríamos creer que esta lectura posible del “consenso” era la apropiada, porque así debía ser, conforme a nuestra (digámoslo así) filosofía política.

Políticamente, las diferencias entre las lecturas “estrecha” y “amplia” de la idea del “consenso del Nunca Más” se tornaron cada vez más notorias. Una ilustración saliente de las implicaciones de esas diferencias apareció con la llegada del nuevo siglo, cuando representantes de uno y otro bando quedamos enfrentados a partir de nuestras comprensiones diferentes del fenómeno. Típicamente, muchos vieron al nuevo gobierno que llegaba al poder como ejemplar representante del legado del “Nunca Más” (versión estrecha): se trataba de una administración que cada día invocaba los derechos humanos como guía de su acción, y que, además, o sobre todo, tomaba iniciativas destinadas a hacer posible la condena a los crímenes cometidos por la dictadura (crímenes que habían quedado impunes, a resultas de las –así llamadas– leyes del perdón: punto final, obediencia debida, indultos). Algunos otros entendimos que esa misma administración, en cambio, incurría en faltas graves que implicaban, en los hechos, la deshonra o el directo abandono de los ideales del “Nunca Más” (versión amplia). Así, en su hostilidad hacia las comunidades aborígenes (i.e., los miembros de la comunidad qom, en Formosa); en su sistemática represión de la protesta social (a pesar de la retórica de respeto que se invocaba), o en su creciente (y finalmente antidemocrática) proclividad hacia la concentración del poder, por ejemplo.

Pues bien, desde entonces, el tiempo no ha dejado de pasar –han transcurrido ya 50 años desde la llegada de la dictadura– y, como era esperable, ha seguido haciendo de las suyas. Nos encontramos hoy en lo que podríamos llamar una tercera etapa de la vieja discusión expuesta. Los acalorados debates que supimos tener, hasta ayer, en torno a lo que significaba el “consenso del Nunca Más” (¿seguir embistiendo contra la dictadura del 76 o enfrentar toda violación de derechos básicos?) nos implicaban de lleno, con todas nuestras diferencias, y a pesar de ellas, porque nos encontrábamos emocionalmente involucrados con el pasado: lo ocurrido nos resultaba demasiado cercano, tocaba nuestras fibras más sensibles. De un modo u otro, nos emocionaba. Ese vínculo íntimo que teníamos con la historia anterior ya se disolvió. Hoy, aquel particular debate en torno al “Nunca Más” parece meramente “intelectual”, más que esencialmente “emocional”. Se trata de una discusión que parece quedar demasiado lejos de las nuevas generaciones. Eso puede resultarnos triste o lamentable, pero, simplemente, es así, es el devenir de la vida. Nada de lo que sorprenderse: hoy las emociones (los sufrimientos, los deseos) están vinculadas a causas que no necesariamente van a superponerse con las que nos conmovían a nosotros 40 o 50 años atrás.

A sabiendas de que los tiempos han cambiado mucho –y, por tanto, que el “contexto de recepción” de nuestras discusiones ha variado mucho también–, no nos queda sino la alternativa de hacer un esfuerzo por vincular los principios en los que creímos siempre, con las fuentes principales de las angustias presentes. Ello puede significar, para muchos de nosotros, preguntarnos cómo es que aquellos viejos debates se traducen a la actualidad: ¿a qué debemos decirle hoy “nunca más”? Al respecto, posiblemente, necesitemos reflexionar sobre por qué hoy es importante oponerse al giro antidemocrático que prima en una parte significativa de Occidente (para oponernos, así, a la oleada antiinstitucional, antiintelectual, que vivimos); por qué sigue siendo relevante rechazar la concentración del poder (y así, las leyes aprobadas sin discusión pública o de espaldas a la sociedad); por qué debe resistirse la visión mercadocéntrica de nuestra comunidad, o por qué necesitamos frenar el eufórico desdén dominante hacia los bienes comunes. Nos encontramos ante una tarea difícil, pero no novedosa. Finalmente, se trata de una misión que está con nosotros desde el inicio de la modernidad: pensar democráticamente acerca de las bases y los límites que son necesarios para seguir haciendo posible la vida en común.

La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal representa un paso en la dirección correcta dentro de la política tributaria argentina. La actualización de los umbrales de punibilidad del delito de evasión, la reducción de cargas formales y la incorporación de un régimen de declaración jurada simplificada apunta a eliminar burocracia innecesaria, reducir litigiosidad y facilitar procesos de formalización de activos. En un país que durante años convivió con un sistema excesivamente complejo y formalista, avanzar hacia un esquema más simple y previsible constituye una señal positiva para la actividad económica y la relación entre contribuyentes y Estado.

El enfoque general parece bien orientado. En una economía atravesada por altos niveles de informalidad y desconfianza en el sistema financiero, sustituir el exceso de formalismo por incentivos a la regularización puede contribuir a dinamizar la actividad y reconstruir previsibilidad.

Pero flexibilizar no equivale a desregular. Los lineamientos emitidos en forma conjunta por la UIF y el BCRA aportan que la flexibilización tributaria no altera la vigencia de la Ley 25.246 ni las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El sistema antilavado permanece intacto y debe seguir aplicándose bajo el Enfoque Basado en Riesgo.

La sola tenencia o depósito de moneda extranjera en efectivo ya no constituye, por sí misma, un indicio de ilicitud, que puede tratarse de una conducta económicamente racional. Asimismo, se aclara que la normativa antilavado no prohíbe depósitos en efectivo ni exige, como condición automática, requerimientos documentales adicionales en línea de caja, más allá de la identificación del depositante cuando se superan determinados umbrales.

También se establece que la adhesión a la declaración jurada simplificada puede ser considerada un antecedente favorable en el análisis del cliente, si existe coherencia con su perfil económico y no se detectan inconsistencias relevantes. Este enfoque permite reducir rigideces redundantes y desplaza el eje del control hacia la gestión técnica del riesgo.

El desafío es la implementación.

Las entidades financieras, los bancos, las ALyC y demás sujetos obligados no pueden interpretar la simplificación fiscal como una reducción automática del riesgo. Al contrario, deberán revisar sus matrices, recalibrar umbrales internos, redefinir parámetros de monitoreo transaccional y fortalecer la documentación de las decisiones adoptadas bajo el Enfoque Basado en Riesgo.

La evasión tributaria continúa siendo delito precedente de lavado cuando se configuran los nuevos umbrales legales. Y aun cuando determinadas conductas queden fuera del ámbito penal tributario, subsiste la obligación de reportar operaciones sospechosas cuando el análisis integral del cliente lo justifique.

El viernes 13 de febrero concluyó el plenario del GAFI y Argentina no fue incluida en la lista gris, una señal relevante de confianza internacional en el funcionamiento de nuestro sistema. Sostener esa posición no dependerá exclusivamente de la letra normativa, sino de la efectividad del sistema y de la capacidad de demostrar trazabilidad, coherencia y consistencia operativa en su implementación.

Las evaluaciones internacionales no observan solo el diseño regulatorio, sino la calidad técnica con la que los sujetos obligados —bancos, entidades financieras, ALyC y demás intermediarios— aplican sus políticas, gestionan alertas y documentan su análisis de riesgo. 

Con la llegada de la sociedad industrial, el sufragio extendido y la política de masas, todo cambió. Ahora había cantidad de voces inauditas y reclamos nuevos, que exigían ser tomados en cuenta: millones de demandas antes desconocidas. Sin embargo, en buena medida, y después de una dramática crisis inicial (que en América Latina quedó reflejada con el nacimiento de los “golpes de Estado”), el sistema institucional, poco a poco, se acomodó. A ello contribuyeron factores diversos y de distinto tipo: desde medidas económicas (el nacimiento del Estado de Bienestar) hasta la administración burocrática y, sobre todo, la consolidación de los partidos políticos. Estos, particularmente en sus primeras décadas, cumplieron con una gran tarea como correas de transmisión o mediadores entre sociedad civil y sistema de gobierno. Los partidos asumieron formas distintas (religiosos y laicos, por ejemplo), pero entre ellos se destacaron y se estabilizaron, sobre todo, los partidos de clase, los que reflejaban la división social principal: la división entre capital y trabajo. Entonces, aparecieron partidos que todavía perduran, como el Partido Laborista y el Conservador, en Inglaterra; o republicanos y demócratas, en Estados Unidos, o, en la Argentina, un peronismo de clase obrera y un radicalismo para las clases medias.

Durante décadas, y con estas nuevas mediaciones, el sistema institucional “aguantó”, y la sociedad, en buena medida, pudo decirse a sí misma que se encontraba políticamente representada. Pero, otra vez, las comunidades volvieron a cambiar en su estructura económica, en su organización social, en su formación educativa. Poco a poco, en las nuevas sociedades posindustriales, las divisiones antiguas (entre grandes y pequeños propietarios; capital y trabajo; clases altas, medias y bajas) perdieron sentido. Ingresaron así, en la vida pública, y con sus propias demandas y expectativas, cantidad de nuevos grupos, que ya no encontraban fácil expresarse partidariamente, ni encontraban qué persona o qué agrupación los representase: desempleados, empleados en negro, empleados autónomos, trabajadores informales. Con la explosión multicultural, todo adquirió un nuevo nivel de dificultad. Ahora aparecían grupos y minorías que, por primera vez, y por fin, se consideraban autorizados a reclamar por lo que consideraban propio: el lugar que nunca se les había reconocido. En dicho marco multicultural, mujeres, minorías étnicas, minorías raciales, minorías lingüísticas, minorías sexuales ingresaron con toda su fuerza en la esfera pública. Pero ya los viejos envases o continentes —los partidos políticos— no parecían servir, en absoluto, para canalizar sus reclamos. Se hicieron recurrentes, entonces, las quejas y las demandas insatisfechas. Los Congresos lograban incluir, entonces, dentro de sí, solo a un puñado de intereses y puntos de vista, mientras que la mayoría de ellos quedaban “puertas afuera”: el sistema institucional se mostraba fundamentalmente incapacitado para representar a toda la sociedad, como antes lo hacía.

En el tiempo presente, la situación se radicalizó, con el desarrollo de identidades multifacéticas, individualizadas. Contemporáneamente, el hecho de que una persona sea un obrero o un empresario predice muy poco sobre lo que esa misma va a querer o demandar frente a los aspectos claves de su vida. En el pasado, con cierta razón, se podía presumir que, dado el lugar que ocupaba un individuo en la escala salarial y social, esa misma persona exigiría ciertos resultados, comunes a todos los de su clase: mejores salarios, seguridad en el trabajo, vacaciones pagas. De alguna manera, el interés de un obrero era común al de todos los obreros; el interés de un empresario, común al de todos los empresarios. Por eso, en el pasado, pudo asumirse, con razón, que la presencia de un puñado de obreros en el Congreso implicaba la representación de todos los obreros, de toda una clase. En la actualidad ya no. El hecho de que una persona sea un obrero ya no nos permite predecir, en absoluto, que los intereses de este individuo van a coincidir, en lo esencial al menos, con los de todos aquellos situados en su misma franja salarial. Mucho menos que eso: no es dable esperar que este obrero tenga mucho que ver con la misma persona que se encuentra sentada a su lado, en su propio trabajo. Juan puede ser un obrero, pero, previsiblemente, y a diferencia de su compañera María, tendrá opiniones particulares y diversas de las de ella, en una mayoría de los temas que les interesan: sobre la inmigración, salud reproductiva, drogas, armas, política, economía. Las preferencias no son comunes, ni transitivas entre una y otra área de la vida, ni estables en el tiempo, como alguna vez –se asumió– lo fueron.

Bajo las condiciones presentes, el viejo sueño de la representación plena se terminó. No se trata entonces, y simplemente, de que en el Congreso nos encontraremos (como siempre) con algunos representantes corruptos, o ineficientes, o mal formados. Todo eso es y será cierto, pero hay un problema mayor, de carácter estructural: en estas nuevas condiciones económicas, sociales, culturales, personales, ya no es posible, en los viejos términos, la representación. Tenemos que asumir que no será posible, a futuro, lo que fuera posible décadas atrás. Tenemos que asumir que la época de los partidos políticos, en buena medida, concluyó, y que ya no habrá forma de “revivirlos”, por más esfuerzos que hagamos. De allí que el Congreso —en nuestro país, como en una mayoría de otros— aparezca deslucido, autonomizado del resto de la sociedad: la ciudadanía sabe que no tiene mayor decisión ni control sobre lo que ocurre allí dentro. De ahí que resulte cada vez más habitual la presencia de Ejecutivos caprichosos, discrecionales, arbitrarios: nuestros presidentes saben que para todos nosotros resulta muy difícil ponerles freno, mientras que ellos disponen de medios de coerción y dinero, con los que pueden “erosionar” o “comprar” a los organismos y funcionarios destinados a controlarlos. De ahí, también, la emergencia de grupos de interés (legales e ilegales) con la capacidad de influir o, directamente, colonizar a sectores de gobierno.

En un contexto semejante, la situación que nos toca, como ciudadanos, es demasiado difícil y poco promisoria, ya que los canales institucionales con los que contamos, simplemente, no responden a nuestras requisiciones. En esas condiciones, más bien extremas, y para no caer en un pesimismo paralizante, se pueden ofrecer, al menos, dos consejos. Primero: no ceder a la extorsión del poder. Atenerse a la legalidad, aceptar la derrota, comportarse democráticamente, no requiere perder capacidad crítica, ni mucho menos doblegarse ante los deseos de quien ha ganado. Es necesario mantener siempre la sospecha despierta sobre todas las iniciativas de cualquier gobernante, habitualmente destinadas (antes que al “interés común”) a perpetuarse en el cargo. Por eso el valor de preguntar, indagar, exigir, criticar. Segundo: tener clara la dirección principal —básica— hacia donde marchamos, y resistir cualquier iniciativa orientada en contrario. Son necesarios, serán necesarios siempre, más controles, y no menos; menos discrecionalidad en quienes deciden; más herramientas que nos aseguren la voz, la palabra, los argumentos. Democracia es mucho más que lo que tenemos: no solo el voto cada dos años, no solo el aplauso.