Existe un dato inequívoco: Argentina ya no es una pieza marginal en la geopolítica mundial de las drogas y se está convirtiendo en un espacio fértil para la transnacionalización del narcotráfico.

El ataque a la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, es una muestra elocuente —y quizás no la última—del auge del crimen organizado.

Ahora bien, tanto por ciertas acciones que ha venido emprendiendo el Gobierno como en virtud de la demanda de "mano dura" de parte de sectores de la oposición, el país parece tentado a sumarse a una tendencia fallida en la región: militarizar la lucha contras las drogas.

Por ello, caben dos comentarios esenciales: uno histórico y otro comparado. El primero remite a reconocer que hubo otro momento en el que el país pudo ser epicentro de un desarrollo mafioso agresivo y no lo fue. En efecto, tal como lo detalla Federico Varese en el libro Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories, en los años veinte y treinta Nueva York y Rosario fueron el escenario de grupos criminales. En ambos casos, existió una "oferta" de capacidad mafiosa derivada de la importante inmigración del sur de Italia desde finales del siglo XIX. En los dos casos, hubo oportunidades de negocios: la prohibición del alcohol en Nueva York, el boom de la construcción en Rosario.

Sin embargo, la "demanda" de protección ofrecida por las mafias fue diferente en una y otra ciudad. En esencia, Varese muestra que en Rosario—para la época—había más presencia estatal y control institucional, lo cual evitaba que la provisión de bienes y seguridad quedara bajo bandas criminales.

Hoy, la falta o el deterioro del Estado en provincias como Salta, Córdoba, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, así como el contubernio entre policías, pandillas y políticos explican, en buena medida, el avance del narcotráfico.

Así, el Operativo Escudo Norte que se desarrolla desde julio de 2011 es un paliativo mediocre que no garantiza una mayor y mejor presencia del Estado ni contribuye a desmantelar las redes criminales que gozan de la aquiescencia de actores poderosos a nivel municipal.

El otro comentario de naturaleza comparativa remite al rol activo de las fuerzas armadas en labores antinarcóticos.

Dos últimos ejemplos son patentes en cuanto al fracaso de aquel. En México, donde el papel de las fuerzas armadas en la "guerra contra las drogas" fue ascendente, se causaron durante el sexenio de Felipe Calderón unas 136.000 muertes en la cruzada contra el narcotráfico según la ONG italiana Libera que se especializa en asuntos ligados a la lucha antimafia, mientras que sólo en 2012 se produjeron 105.582 secuestro según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. A su turno, la Cuarta Flota, activada en 2008 por Estados Unidos y en el marco del Comando Sur, ha colocado el combate al crimen organizado transnacional como una de sus principales tareas.

En esa dirección, se implementó la llamada Operación Martillo en América Central. Según la página oficial del Comando Sur en 2012 se logró, entre otros, decomisar US$ 7 millones en efectivo.

Ese año y según audiencias del Congreso en Washington, el banco HSBC lavó en Estados Unidos miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y del terrorismo y debió pagar una multa de US$ 1.500 millones.

En síntesis, la participación de las fuerzas armadas en tareas antinarco en Latinoamérica ha sido ineficaz e inconducente.

Si Argentina quiere imitar a la región se debe preparar para algo peor al dolor que causa el aumento del fenómeno de las drogas: el horror de una lucha violenta, estéril e insana.