Uno de los más utilizados es el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional. Hoy, después de una década de kirchnerismo, la Argentina está en el lugar 102 entre los 176 países que componen el ranking, muy por debajo de Chile y Uruguay, ambos en el puesto 20. Asimismo, dentro de América latina, la Argentina se encuentra solamente por encima de Paraguay, Venezuela y Ecuador y peor posicionada que Brasil, El Salvador, Perú, Panamá, Colombia y Bolivia. O sea que somos casi los más corruptos de una región que no se caracteriza precisamente por la calidad moral de su clase dirigente. Mientras que Chile y Uruguay, las dos naciones mejor posicionadas, se sitúan en la lista con países de la talla de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, nuestros vecinos en el índice son Moldavia, Mongolia, India, Senegal, Gabón y Tanzania.

Dos índices que nos ubican entre los países con mayor percepción de corrupción a nivel mundial y regional

Recientemente, la Universidad Torcuato Di Tella junto con el "Proyecto de Opinión Pública de América Latina" de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos publicó un informe sobre "Cultura Política de la democracia en Argentina y en las Américas". Allí elaboraron otro índice de corrupción para todo el continente americano que abarca no sólo al gobierno sino también otras instituciones como la policía, los hospitales y las escuelas. A diferencia del de Transparencia Internacional - que se basa en evaluaciones externas y encuestas a hombres de negocios - el de Di Tella y Vanderbilt incorpora también la percepción de los ciudadanos fuera del ámbito empresarial. Desarrolla, entonces, una perspectiva más amplia. De acuerdo a este trabajo, de todos los países del continente americano, los únicos más corruptos que la Argentina son Colombia y Trinidad y Tobago, con Guyana y México apenas mejor que nosotros.

En el Hamlet de Shakespeare, el personaje Marcellus exclama: "Algo está podrido en el Estado de Dinamarca." Es importante resaltar que se refiere al Estado y no al país, a su gobierno y no a su pueblo. Lo que está podrido es buena parte de la jerarquía política. Algo similar ocurre en nuestro país. Sería deshonesto y demagógico absolver de toda culpa a la sociedad en general, pero es responsabilidad principal de quienes gobiernan dar el ejemplo cumpliendo la ley y haciendo posible una vida en cumplimiento de ella. Ante la falta de voluntad de nuestros gobernantes, lo que queda es el rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción tanto en el Estado como en la sociedad, por medio de lo que se denomina el "accountability social": el reclamo de rendición de cuentas a los gobernantes a través de ONG, medios de comunicación y ciudadanos individuales.

Es una preocupación que ya sobrepasó los límites de las organizaciones civiles para volverse masiva

El reclamo contra la corrupción fue una de las motivaciones detrás de las marchas del 8N y del 18A, como así también de la vigilia del 24A, lo que demuestra que es una preocupación que ya sobrepasó los límites de las organizaciones civiles para volverse masiva. Cualquiera que participó de alguno de estos eventos tiene que haber sentido una mezcla de bronca y esperanza: lo primero por lo que sucede a nivel de gobierno; lo segundo por lo que despierta tanta gente tomando la calle comprometida con el futuro del país. No falta tanto para la próxima elección: hace falta recordar ese sentimiento cuando llegue el momento de votar y así generar una renovación moral en la clase dirigente que sólo puede darse si se deja de avalar con el voto a los sospechosos de siempre.