Hasta 2010, una nota elocuente caracterizaba la política exterior de la Argentina hacia los países andinos: un desproporcionado desequilibrio en los lazos bilaterales con las cinco naciones de la sub-región. Teníamos estrechos vínculos con Venezuela, Bolivia y Ecuador, pobres lazos con Perú y distantes contactos con Colombia.

Mucho cambió en ese año: un trascendental viaje de la presidenta Cristina Fernández a Lima y la lúcida labor de Néstor Kirchner, en su condición de Secretario de Unasur, para distender y normalizar las maltrechas relaciones entre Caracas y Bogotá, implicaron, de hecho, el logro de una diplomacia balanceada y práctica con todos los gobiernos del arco andino. No al azar el presidente Juan Manuel Santos ha sido el mandatario colombiano que, en dos años, más veces ha visitado Buenos Aires.

Hoy se le abre a la Argentina la oportunidad de reforzar una estrategia ponderada hacia el área andina: el incipiente proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC le brinda a Buenos Aires una ocasión inmejorable. El éxito de ese proceso aporta directamente a los intereses nacionales. Resolver el último conflicto armado existente en la región y, con ello, desarticular, entre otros y en buena parte, el fenómeno de las drogas –uno de los seis temas de la agenda gobierno-guerrilla– le sirve estratégicamente al país. Esto –la pacificación en Colombia– estará cada vez más vinculado al escenario pos-electoral en Venezuela: a la Argentina le resulta de suma importancia que el vecino de Colombia no ingrese a un torbellino de inestabilidad.

Hasta ahora, y según lo acordado, hay dos países "garantes" (Cuba y Noruega) y dos países "acompañantes" (Venezuela y Chile) de las conversaciones que se iniciarán en Oslo. Cabe aclarar que Estados Unidos no vetó el diálogo entre las partes (a pesar de que las FARC siguen en la lista oficial de grupos terroristas con los que es inadmisible el contacto o una negociación) y Brasil no ha jugado un rol significativo en las consultas previas y posteriores al anuncio de dicho diálogo (lo cual es muy llamativo pues Brasil venía comprometiéndose en respaldar activamente gestos humanitarios entre gobierno y guerrilla).

La Argentina podría ofrecer su condición de "amigo" del proceso. En su momento mostró su capacidad de facilitador cuando Colombia y Venezuela parecían precipitarse a un choque descontrolado. En esta coyuntura, podría propiciar un soporte de Unasur al proceso: es esencial el compromiso político de América del Sur, así como su no intromisión en asuntos que corresponde manejar a las contra-partes colombianas. Ante el hecho de que el país ocupará un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2013-14, la Argentina podría contribuir con sus buenos oficios para ampliar un respaldo internacional sostenido a la iniciativa de paz. Buenos Aires debiera ser un promotor activo, a nivel regional, continental y mundial de un diálogo con resultados entre el gobierno y la guerrilla. Incluso se podría ofrecer un sitio en el país para futuras rondas de negociación. Hay que recordar que el compromiso firmado por el gobierno de Santos y las FARC así lo contempla; esto es, además de los encuentros en las naciones que son garantes y acompañantes, la mesa de diálogo "podrá hacer reuniones en otros países".

Ahora bien, el gesto de compromiso constructivo con la paz en Colombia deberá provenir de la Argentina: la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman deberán dar, sin duda, el primer paso; paso que, a su vez, debiera recibir el respaldo interno de un amplio abanico de fuerzas políticas. Recientemente Timerman realizó una visita oficial a Colombia en la que remarcó el notable fortalecimiento de los lazos bilaterales. En esa misma dirección, sería clave que la presidenta Fernández de Kirchner realizara una visita oficial a Colombia.

Si se lograse la paz en Colombia –con todas las consecuencias geopolíticas y económicas positivas que eso generaría en aquel país y en la región–, América del Sur tendrá una oportunidad inédita en esta primera parte del siglo XXI: transformarse en un actor colectivo cohesivo y gravitante en los asuntos continentales y mundiales, menos subordinado y con más capacidad de diversificación global.