La protesta de las fuerzas de seguridad genera preocupación por su contravención institucional. Los Estados delegan en las fuerzas armadas y de seguridad el monopolio de la fuerza pública. Esa cesión es la forma legítima de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de la vida de sus habitantes.

Rescatando al sociólogo alemán Max Weber, el Estado moderno se sustenta en el dominio de un territorio asegurado por el uso legítimo de la fuerza pública. El control de la violencia a través de la Justicia es principio esencial de una nación. Si las fuerzas de seguridad se amotinan, el Estado se queda sin recursos para restablecer el orden público. Por ello, desde el punto de vista de una democracia es inadmisible que se quiebren las regulaciones constitutivas de esas fuerzas, basadas en una cadena jerárquica, un deber de obediencia y un principio de no deliberación.

Los reclamos salariales, por justos que sean, no pueden expresarse rompiendo con la institucionalidad que da sustento a la existencia de esas organizaciones. Por cierto, para el correcto funcionamiento de estos procedimientos no se puede utilizar jamás la fuerza pública con fines políticos ni fuera de la ley.

Paralelamente, las autoridades legítimas tienen que encargarse de cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes. Los gobiernos argentinos han sido firmes garantes de la división entre las cuestiones de orden público y de defensa. En todos los foros regionales y hemisféricos se defendió con solvencia y coherencia la separación entre los roles militares y policiales. Este fue un avance importante reglamentado por la Ley de Defensa 23.554/88, que determina que el rol de las Fuerzas Armadas es enfrentar agresiones de origen externo y no participar en tareas de seguridad interna. El Decreto 727/06 reforzó la separación de las tareas de seguridad de aquéllas de defensa. Sin embargo, ahora el viceministro de Seguridad es un militar en actividad. El amotinamiento de la Prefectura y la Gendarmería, al que ahora se suman preocupantemente sectores de las fuerzas armadas, podría generar un retroceso respecto de los logros de la democracia en referencia a la subordinación de las fuerzas a las autoridades constitucionales. Es responsabilidad, tanto de las fuerzas como del Gobierno, sujetarse a la legalidad vigente, asegurando la separación promulgada y una justa retribución a los servidores públicos.

No hay lugar ahora para acusaciones, silencios o evasivas. Frente a estos desafíos que pueden resquebrajar la democracia sólo nos queda el poder de la institucionalidad.