En la conferencia de prensa de esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de educación nacional N°26.206 para penalizar el “adoctrinamiento” en las escuelas. Además, mencionó que el Ministerio de Capital Humano abriría un canal para que las familias denuncien este tipo de situaciones. La iniciativa oficial se difundió luego de que, en una escuela de la ciudad bonaerense de Verónica, las declaraciones de una docente respecto a la guerra de Malvinas generaron el rechazo de excombatientes. Sin embargo, más allá de los dichos del vocero, fuentes de la Secretaría de Educación nacional señalaron a este medio que aún no habían accedido a un borrador del proyecto.

Los especialistas en Educación consultados por LA NACIÓN reconocen que en algunos períodos de la Argentina hubo casos de adoctrinamiento y calificaron que la medida podría ser peligrosa.

“Por decisión del Gobierno se va a enviar el proyecto [al Congreso] para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, dijo el portavoz. Como justificación de la iniciativa, Adorni mencionó que a los funcionarios los “entristece” ver “contenidos en aulas y actos teñidos con militancia”. Citó como ejemplo lo ocurrido en Verónica, durante el acto por el aniversario de la guerra de Malvinas.

El artículo 11 de la ley N°26.206 sancionada en 2006, establece los fines y objetivos de la política educativa nacional; a lo largo de los incisos se destaca la importancia de los valores éticos y democráticos de la participación, la libertad, la diversidad cultural, la igualdad y el “respeto de las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”. Por su parte, el artículo 126 determina los derechos y deberes y contempla cuestiones como la educación integral e igualitaria y el respeto de la libertad de conciencia de los alumnos, en el marco de la convivencia democrática.

Respecto de la implementación, Adorni expresó que “el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión”.

Definiciones

Para los especialistas en educación, el adoctrinamiento es el uso del sistema escolar para transmitir una concepción parcializada o sectaria de la realidad. “Cuando se acusa a la escuela de adoctrinamiento se hace referencia al uso del aula para la transmisión de una concepción política partidaria determinada”, manifestó Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en educación por Flacso.

La experta explicó que los sistemas educativos son una invención moderna para transmitir a las nuevas generaciones la “cultura moderna” y que si bien en la década del setenta el filósofo francés Louis Althusser concibió a esas estructuras como “aparatos ideológicos del Estado”, la controversia actual no tiene que ver con esa concepción sino con algo más político. “En la Argentina ha habido adoctrinamiento, en general, en los gobiernos peronistas y durante las dictaduras. Actualmente el colectivo docente confunde muchas veces su papel y adoctrina en lugar de guiar a sus alumnos a identificar las diferentes lecturas sobre la realidad para que ellos puedan interpretarla libremente”, sostuvo.

Respecto de lo mencionado hoy por el vocero presidencial, la especialista fue contundente: el fomento de la delación y de la vigilancia ideológica en las escuelas podrían ser algo peligroso. “Es necesario trabajar sobre la capacitación de los docentes y sobre la responsabilidad de los directivos de garantizar la pluralidad en las aulas”. Por último, manifestó: “El Gobierno parece creer que su deber es barrer una ideología en favor de la propia. Cree tener la verdad y, con eso, el derecho de imponerla”.

“En la Argentina, existen casos de adoctrinamiento, como por ejemplo en Chaco, la escuela pública Emerenciano Sena, que contaba con el apoyo y complicidad del gobierno provincial”, dijo Claudia Romero, doctora en Educación y profesora e investigadora de la Universidad Di Tella. “En algunos currículums provinciales hay contenidos sesgados que no se fundamentan en el consenso académico ni científico. Y hay también una práctica, que en otros países está fuertemente limitada, como la entrega de materiales escolares que se activa en tiempos preelectorales”. A pesar de que la especialista manifiesta no estar al tanto de un proyecto de reforma a la ley, expresa la importancia de proteger a las escuelas de la propaganda política: “Es lo opuesto a la educación”.

Los gremios han manifestado resistencia respecto a la iniciativa oficial. “El anuncio es una provocación porque viene de la mano de una campaña de desprestigio a la educación pública en todos sus niveles”, dijo Amanda Martín, secretaria general adjunta de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y docente de nivel medio y superior. Para la entidad, “adoctrinar es inculcar de forma acrítica ideas” y eso, según manifestó, “no sucede en la educación pública donde se garantiza la pluralidad”. Respecto de la consecuencia que podría tener en el cuerpo docente una modificación de la ley ,manifestó que podría “crear un clima intimidatorio o persecutorio y perjudicar el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Recalcó, sin embargo, que la medida no está escrita ni hay un proyecto: “Es una campaña que ya la usó [Jair] Bolsonaro en Brasil y puede abrir la puerta a la persecución o prohibición de textos escolares”, apuntó.

Casos

Ha habido muchos ejemplos de casos que podrían encuadrarse en adoctrinamiento. En 2020, LA NACIÓN realizó un recorrido por algunos diseños curriculares de la provincia Buenos Aires, que habían sido elaborados durante el gobierno de Daniel Scioli. Así, por ejemplo, en la materia geografía para los alumnos de cuarto año del secundario, se señalaba a la “globalización neoliberal” como la causante de la concentración de capital por parte de las potencias económicas y, en efecto, el empobrecimiento de los países periféricos, como la Argentina.

En el libro de Historia para tercer año del secundario de la Editorial Santillana, las referencias al “régimen liberal” eran solo negativas, además de plantear la idea del capitalismo como un sistema que “obliga” a trabajar a la clase obrera.

En el caso del libro Geografía de la Argentina, de Kapelusz Norma (2016), destinado a tercer año, se refería al período de Néstor y Cristina Kirchner como el modelo de crecimiento e inclusión social. Por su parte, algunos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestaron su desacuerdo a algunas respuestas de múltiples choise respecto del gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri, que eran tendenciosas. Otro caso resonante fue el audiocuento infantil “Gorila Gorilón” que se compartía en los jardines de Entre Ríos y que tenía un alto contenido ideológico: la narración contaba la historia de un animal al que “nunca le faltó nada y nada le faltará jamás” y que “se enfadaba cuando alguien recibía una ayuda”.

Contraposiciones

Las modificaciones a la ley de Educación podrían entrar el conflicto con derechos constituciones. Para el abogado constitucionalista y catedrático, Daniel Alberto Sabsay, si bien la modificación de los artículos sería “muy loable”, no debería implicar amedrentar ni impedir la libertad de información y expresión. “Ese es un derecho constitucional fundamental que además está reconocido en tratados internacionales y que no se puede coartar”. Y agregó: “Todo aquello que implique impedir el adoctrinamiento y la educación ideologizada de los niños y adolescentes, es bienvenida. Eso debe ser hecho dentro de una estrategia para la educación que precisamente la torne absolutamente neutra”.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, afirmó que la Argentina ya cuenta con herramientas para reducir el adoctrinamiento tanto en la Constitución Nacional, los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y los arts. 11 inciso b, c y d y 126 incisos a, b y d de la ley N°26.206. “No hace falta modificar ninguna normativa, sino aplicarla de ser necesario, dentro del correspondiente régimen sancionatorio”, señaló. Resalto, sin embargo, un aspecto importante: “Se debe garantizar la libertad de expresión de los docentes, especialmente, en temas controversiales susceptibles de producir debates”.