Roberto Gargarella | MARCELO DUBINI

El abogado especializado en DD.HH., Roberto Gargarella, afirmó que la implementación del protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich tiene un sustento jurídico débil. “Tapar la boca de quien protesta es la peor manera de resolver la situación”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Roberto Gargarella es jurista y sociólogo. Se especializa en DD.HH., democracia, filosofía política y derecho constitucional. Fue director de la revista argentina de teoría jurídica, una de las más reconocidas en este ambiente. Se encuentra presentando su último libro: “Manifiesto por un derecho de izquierda”. Además, es uno de los juristas más prestigiosos del país, con una mirada progresista que se inscribe en una tradición del derecho argentino muy vinculado a los derechos humanos. 

Me gustaría que nos dieras una pequeña explicación, lo más didáctica posible acerca de por qué, a tu juicio, sería inconstitucional este plan anti-piquetes de la ministra Patricia Bullrich.

Antes de responder la pregunta, quiero hacer una consideración política. Estamos en un momento donde el Gobierno pone en marcha un ajuste que, como reconocen, es doloroso y va a durar muchos meses. Además, admiten que estamos en una situación de pobreza muy extendida. Entonces, en este contexto, se tienen que abrir cuidados especiales y vías para poder escuchar a aquellos que son afectados, para que se pueda decir qué es lo que se está haciendo mal o en dónde están apretando indebidamente, y qué cosas hay que corregir. 

La segunda medida que anuncia como relevante, luego de un plan de ajuste que ellos mismos asumen como muy costoso, es la implementación de un protocolo que va a poner especiales dificultades; si no, la idea es poner cerrojo a la protesta. Me parece inaceptable y se inscribe en lo que han hecho los gobiernos conservadores en Europa, como Eslovenia, Polonia o Hungría, que es hacer programas de ajuste combinados con el cierre de la protesta. Esto, en términos políticos, ya es súper preocupante. 

El protocolo se ve torpe, precipitado e improvisado, como muchas cosas que se están haciendo hasta hoy. Lo que uno puede apreciar es que contradice los consensos básicos y jurídicos que establece el Sistema Interamericano de DD.HH., que es un consenso que tiene una jurisprudencia mundial, más allá de América Latina. Las calles y parques son lugares privilegiados para la expresión política, no deberían ser lugares donde la primera reacción sea cerrar esos caminos de expresión. 

Si al Estado se le permite utilizar la violencia es para impedir la violencia de los protestantes. Esto es distinto a la violencia como lenguaje, con el cual se dirigen a la gente que quiere protestar. Está justificada para impedir la toma del Capitolio por unos vándalos, o el incendio de la Casa de Gobierno, por supuesto que sí. Pero no la violencia como lenguaje o métrica. 

Sobre la idea del “permiso previo” hay mucha discusión en el mundo, porque en este momento, se está repensando la cuestión de la protesta. Pero, otra vez, en el Derecho Americano, en lo que expresa la Comisión y la Corte Interamericana, esto no es aceptable como paso previo a una protesta. 

En los pocos puntos básicos que enuncia el protocolo, está mal, diría hasta extrañado, porque el único sustento jurídico relevante es el art. 194 del código penal. No quiero poner la discusión en términos legalistas porque, insisto, la cuestión va por otros canales. Sin embargo, en términos jurídicos, es un sostén muy débil; porque, lo que hace es penalizar a quien corte o interrumpa el transporte. Desde hace más de 20 años está saldada la cuestión; en las situaciones de protesta hay choques de derechos de distinto nivel. No solamente está presente el 194, sino también el derecho a la reunión, a asamblea, a la libre expresión, a la crítica política y petición. La idea de pensar que lo único que está en juego es este artículo, y por tanto dar un tratamiento de criminal a una persona que protesta, es un problema. En este último punto que menciono, en términos morales, es un problema muy serio que se hable en el lenguaje de la guerra, porque se trata a quien protesta, en principio, como un criminal. 

Mencionás el caso de los países europeos y Gramsci planteaba que el gobierno era por consenso o coerción… 

Sí, pero eso también tiene que ver con discusiones de mediados del Siglo XX. Han pasado cosas en el medio.

En Argentina tuvimos el caso de Jujuy, donde hubo un intento de modificar la constitución para limitar la protesta. Continuamente Patricia Bullrich hace referencia a la provincia de Mendoza donde también se multa a los manifestantes ¿Dónde queda el límite constitucional? 

Puede ser un punto para mejorar la discusión. Creo que hay un consenso extendido de que la cuestión se había desmadrado. En el 2001, al que cortaba una ruta se lo procesaba por estar atentando contra la patria. Salimos de ese estadio muy rápido y pasamos al extremo contrario: “como yo estoy amparado por la libertad de expresión y es un derecho constitucional, puedo hacer lo que quiero”. 

En ese estadio nos dejó el kirchnerismo y es un desastre. Todos reconocemos que se cometió una cantidad de abusos a partir de ahí porque se estancó la discusión, por vagancia, torpeza o complicidad. Actualmente, todos sabemos que necesitamos mediar entre dos cuestiones; ni “usted protesta y es un criminal”, ni “yo puedo hacer cualquier cosa bajo la idea de la libertad de expresión". 

Hay un montón de regulaciones para hacer, por ejemplo, de tiempo, lugar y modo, que permiten acomodar derechos. Es un campo totalmente posible. Desde ya que el comienzo es muy malo si el lenguaje es el de la guerra y el tratamiento que se le da al que protesta es el de un criminal. 

Se los coloca a la Justicia y al Derecho en situaciones imposibles de resolver. Hablamos con Gabriel Solano que se preguntaba por qué no directamente declaran el Estado de Sitio si quieren prohibir la protesta. Aunque declares Estado de Sitio, si hay 100 mil personas en una movilización no hay manera de impedirla.

Están envalentonados por el “minuto uno” que tiene cualquier gobierno. Es la versión Milei del "vamos por todo" y todas estas versiones están mal orientadas. Así como se lo hubiera dicho al kirchnerismo se lo digo a este gobierno: salgan de esta situación y sentémonos. Todos entendemos que hay un problema y que se puede resolver, arreglar o mejorar; pero bajo el supuesto de que necesitamos escuchar al que se queja. Sobre todo, cuando el gobierno anuncia que el ajuste va a producir costos durante meses, y que van a ser costos graves. 

Yo como ciudadano, no solamente que sufre directamente el plan de ajuste, sino como privilegiado profesor universitario, como cualquier ciudadano, necesito saber qué problema hay con estos planes de ajuste; necesito saber por qué la gente se queja, cuántos y quienes se quejan. 

Entonces, tapar la boca de quien protesta es la peor manera de avanzar en la cuestión. Luego de anunciar un plan de ajuste, es lo contrario. Antes que nada, el supuesto tiene que ser escuchar, prestar atención y permitir que todos sepan qué tipo de plan se está llevando a cabo. No estamos en una situación de guerra, sino en una de crisis, en la que todos necesitamos saber qué pasos se están dando, si están bien o mal, y calibrar juntos.