Hace unos meses se sostuvo en este mismo espacio que se estaban dando simultáneamente dos procesos que restaban importancia a la política local: la nacionalización (o más precisamente deslocalización) de la gestión y de las elecciones. El argumento decía por un lado que, a partir de la concentración de los recursos impositivos en el Estado nacional, las unidades subnacionales se encuentran en serios problemas para cubrir sus gastos y solo pueden hacerlo si son rescatados por la Nación; y que, por otro lado, también ocurre que generalmente los candidatos en un número importante de elecciones locales se eligen fuera de los propios distritos, además de que en ocasiones carecen de relevancia a la hora de hacer campaña.

El verano pasa, pero el fenómeno no lo hace: Mar del Plata, en este sentido y como ejemplo estrella de una situación donde la política local se ha vuelto casi completamente irrelevante, ha sido noticia debido a la temprana disputa por las candidaturas de 2019. Se descuenta hace tiempo que el actual intendente Carlos Arroyo, un verdadero outsider de escasa eficacia a la hora de gobernar, no contará con apoyo oficial para la reelección, pero la novedad es que de buenas a primeras se filtró en los medios de comunicación que Guillermo Montenegro es hoy el principal candidato de Cambiemos para la intendencia el año entrante. Y entonces Montenegro se mudó a Mar del Plata, empezó a dar declaraciones a medios locales, fue elogiado por María Eugenia Vidal y otros funcionarios, y ya incluso organiza sus propios actos en la ciudad.

¿Quién decidió que Montenegro sea el candidato de la coalición más fuerte de Mar del Plata y eligió así, probablemente, al próximo intendente de una ciudad de cientos de miles de personas? Es un misterio. Pero en un país donde la política local no tiene relevancia, no debería sorprender a nadie que esto suceda: el hecho de que el candidato sea Montenegro, que dejó la ciudad hace unos cuarenta años y desarrolló una carrera que no tiene que ver con la administración municipal (excepto por su hoy irónica candidatura a intendente de San Isidro en 2015), es simplemente otro ejemplo del fenómeno más general que concentra la toma de decisiones en los niveles más elevados, en este caso, del Estado. Tampoco debería resultar sorpresivo que Montenegro sea efectivamente elegido intendente sin contar con una base sólida de apoyo propio, porque la campaña electoral probablemente gire en torno de la gestión nacional y quizás provincial, pero no municipal.

Ninguna elección, por supuesto, está asegurada un año y medio antes de que suceda. Eventos de los más diversos pueden darse que hagan que Montenegro no llegue a la intendencia: entre los más relevantes para los efectos de este artículo está el hecho de que ciertos referentes locales de Cambiemos, especialmente del radicalismo, levanten la voz y busquen forzar una interna oficialista como la de 2015. Que tengan éxito, sin duda, dependerá en parte de sus capacidades de movilización; pero esto no debería ocultar el hecho de que corren con desventaja, porque no tienen recursos (la billetera) ni poder de decisión (la lapicera).

El de Mar del Plata puede ser un caso extremo, pero de ninguna manera anecdótico. Hoy, la instalación actual de Alejandro Finocchiaro en La Matanza es análoga en ciertos aspectos a la de Montenegro en la ciudad balnearia; pero también lo fue, en el pasado, la experiencia en la provincia de Buenos Aires de Esteban Bullrich en 2017 o la de la propia Vidal en 2015, y más generalmente cualquier candidatura “a dedo” que exista. Los incentivos, sin duda, están para que eso suceda: si debido a las reglas impositivas la gestión de los recursos no se da en el nivel local, es difícil que los líderes políticos que allí participan puedan mostrar su trabajo y legitimarse en las urnas; y si debido a las reglas electorales la definición de las candidaturas también escapa a las realidades locales, entonces la tarea de sus actores raya la completa irrelevancia. La democracia argentina debería reconocer que este proceso es problemático: para atacarlo, verdaderas reformas fiscales y electorales en sentido descentralizador continúan siendo tareas pendientes en nuestro país.