Tropas extranjeras patrullarán el litoral marítimo de la provincia donde desapareció hace casi dos meses el joven Santiago Maldonado. Treinta tripulantes de la US Navy estadounidense instruirán durante los meses de septiembre y octubre a pares argentinos en la base aeronaval “Almirante Zar”, de Trelew, y en la base aeronaval “Comandante Espora”, de Bahía Blanca, en el uso del avión P-3 C Orión, una nave que fue adquirida por la Armada argentina en los años 90 por su ductilidad para el monitoreo de actividades ilegales, como la pesca furtiva o el contrabando narcótico por alta mar.

El ejercicio combinado “Cormorán” tiene media sanción parlamentaria, se aprobó en Senadores y en la Cámara baja tiene despacho de comisión aunque el bloque del Frente Para la Victoria votó en disidencia, por un proyecto de Ley que el Ejecutivo, previa preparación “técnica” del ministro de Defensa Oscar “milico” Aguad, tiró por la ventana a fines de agosto en la Cámara Alta. La metáfora tomada del “diccionario” de Patricia Bullrich refiere a la escasa y ambigua enumeración de argumentos volcadas en el proyecto de ley para justificar un acuerdo de cooperación militar que, además de poner en riesgo los presupuestos de la Ley de Defensa Nacional, que restringe el uso de las Fuerzas Armadas en políticas públicas seguridad, implica un fuerte realineamiento de nuestra  política internacional de defensa.

En principio, el objetivo del proyecto de ley se justifica en un pedido realizado a principios de este año por el Agregado Naval de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, quién “ofreció traer al país dos aviones P- 3 C Orión con la finalidad de intercambio de experiencias”. Ahora bien, ¿En qué tipo de ejercicios disuasorios debe capacitarse la Armada argentina bajo el tutelaje doctrinario estadounidense?

Un experto del ministerio de Defensa que prefiere no dar su nombre porque teme quedar expuesto ante sus autoridades, comenta, específica que: “El Orion P3C es la versión militar del avión de pasajeros turbohélice Lockeed Electra y es, básicamente, una aeronave de patrullaje marítimo, reconocimiento visual y electrónico y guerra antisubmarina, que puede equiparse con torpedos, bombas y cargas de profundidad para esa última actividad. Están en servicio hace mucho tiempo en muchas Armadas del mundo y es un avión polivalente muy funcional”. Polivalente parece ser la palabra clave. Veamos, entonces, en detalle el  proyecto de ley enviado por el ministro “milico” Aguad: “Este intercambio contribuye a la formación de instructores en las distintas áreas del conocimiento específico de utilización de este tipo de aeronaves para tratar de mantener el grado de preparación e incrementar el adiestramiento individual y combinado, que resulta trascendental para poder utilizar, cuando sea necesario, a la Armada argentina como instrumento de disuasión y de presencia de la política exterior de la Nación (sic)”. El pasaje más significativo del proyecto de ley comprende 65 palabras, 435 caracteres y ninguna especificidad significativa.

Sin embargo, el pasaje más polémico del proyecto de ley está al momento de aclarar el costo del ejercicio combinado: 90 mil pesos. Es decir, treinta tripulantes estadounidenses y dieciséis tripulantes argentinos realizarán una capacitación de patrullaje marítimo durante dos meses y el gobierno de Mauricio Macri se arroga la proeza de gastar solo dos mil pesos diarios por tripulante en términos presupuestarios. A razón de algo más de treinta pesos por día por tripulante, un monto que no garantiza el expendio de un pebete y una gaseosa para cada marine, el gobierno de Macri advierte que destinará recursos homeopáticos para consumar un acuerdo de cooperación militar que puede violar nuestra Ley de Defensa Nacional y que, además, le pone fajina y rigor militar a las actuales relaciones carnales con los Estados Unidos.

Contextos

Nuestras Voces consultó a la especialista Rut Diamint, profesora de Seguridad Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), y a la Senadora nacional por la provincia de Chubut Magdalena Odarda, la legisladora del Frente Progresista Coalición Cívica- ARI fue la única parlamentaria, junto a la chaqueña María Inés Pilatti Vergara del Frente Para la Victoria, que se opusieron a la aprobación del ejercicio combinado durante el reciente debate en el Senado, para tratar de comprender qué tendrán en la mira los tripulantes argentinos y estadounidenses durante el entrenamiento bilateral conjunto que harán en la Patagonia.

“La soberanía política en la Patagonia hace rato que está en riesgo. Además, la reciente desaparición de Santiago Maldonado durante una protesta social que pone en tela de juicio la protección soberana de nuestras tierras es un aditamento más de lo anterior. En resumen, el ingreso de tropas extranjeras no hará más que seguir encendiendo el fuego y crispando aún más el clima social en Chubut”, advierte Olarda y acto seguido agrega dos cuestiones que exponen la vulnerabilidad de la soberanía territorial argentina en el sur: “En la localidad de Sierra Grande, sobre la costa rionegrina, el empresario Joseph Lewis posee un aeropuerto de grandes dimensiones, similar en tamaña al de San Carlos de Bariloche. En el otro extremo de la misma provincia, el mismo señor tiene amurallado al Lago Escondido, donde también quiso emplazar un aeropuerto. Esos hechos hieren la ley de fronteras porque, como todos sabemos, el Estado debe resguardar con restricciones severas nuestras zonas limítrofes. En ese contexto, el ejercicio combinando Cormorán profundiza la desprotección de nuestro territorio y de nuestros valiosos recursos naturales”.

Rut Diamint entiende, por su parte, que la decisión tomada por la recién estrenada gestión de Aguad en Defensa profundiza el giro copernicano, en relación con la concepción doctrinaria autónoma adoptada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, dado en su  momento por el radical riojano Julio Martínez. “Me parece significativo y preocupante el acuerdo. El ejercicio conjunto en la Patagonia toma como valedera, básicamente, la política de defensa continental que viene proponiendo Estados Unidos desde mediados de los noventa. El gobierno norteamericano insiste en suplir la supuesta falta de misión operacional de nuestras Fuerzas Armadas, en la medida de no enfrentar amenazas o conflictos bélicos tradicionales, involucrándolas en tareas de seguridad que, en Argentina, no les corresponde por legislación. El Comando Sur justifica ese viraje advirtiendo que la ineficiencia y corrupción de los cuerpos policiales no pueden intervenir con éxito en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. Por eso mismo, Estados Unidos propuso en su momento renovar la Junta Interamericana de Defensa (el cuerpo interamericano que pregonó la doctrina de seguridad nacional) en una Junta Interamericana de Defensa y Seguridad. Por suerte, la oposición del anterior gobierno argentino y otras administraciones sudamericanos lograron frenar esa propuesta”, opina la especialista de la UTDT.

Por último, la profesora Diamint considera que: “Más allá de la cuestión legal, una buena parte de la academia en defensa y los propios datos de la realidad demuestran como errónea dicha hipótesis de trabajo. El desplazamiento de los Ejércitos de la región para actuar en la agenda pública de seguridad, como se ha visto principalmente durante los últimos años en México y los países de Centroamérica, solo ha incrementado una criminalización excesiva de las poblaciones civiles que quedan envueltas en el radar de acción de las fuerzas de seguridad. Recordemos, además, que Estados Unidos no utiliza ese enfoque, en el sentido de incorporar a sus Fuerzas Armadas en temas de seguridad, a nivel doméstico. Repito, nuestros cuerpos castrenses están equipados y entrenados para enfrentar o prevenir el curso de amenazas tradicionales. Torcer el curso de su agenda de trabajo solo puede conducir a equívocos o intervenciones fallidas que en la región ya se han pagado con mucha sangre de gente inocente”.

La fuente consultada en Defensa considera como improbable que la llegada de los P- 3 C Orión tenga como misión abortar la llegada de cargamentos ocultos de cocaína en barcos comerciales; que es, por otra parte, el canal comercial más utilizado a nivel global por los grupos narcos como gráfica el escritor italiano Roberto Saviano en su recomendable crónica ZeroZeroZero. “No creo que la operatividad de estos aviones sea la más adecuada para el control del narcotráfico; entre otras cosas, porque el Atlántico Sur no es escenario de transporte de sustancias ilegales en lanchas rápidas y barco camuflados como lo es el Caribe o el Golfo de México. Me parece que los gringos vienen por dos cosas: uno, porque dentro de lo que se denomina en la jerga castrense ejercicio de oportunidad les quedaba bien pautar una escala en Argentina en el marco de su gira continental; dos, en unos meses Argentina va a ser sede de la cumbre del G 20. Van a estar los tipos más poderosos del mundo y Macri va a ser lo posible para que no falle la seguridad pero, por supuesto, EE.UU. va a tener la primera palabra en ese tema. Cuando fue la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, (George) Bush se trajo su propio portaaviones. Para mí que los gringos aprovechan el ejercicio para empezar a monitorear la zona”, arriesga.

Por lo pronto, el primer ejercicio militar conjunto con tropas extraterritoriales en suelo argentino desde el año 2009 moviliza muchas hipótesis y ninguna certeza. La discusión, fuera de los grandes medios, está en pie. El Senado ya le dio su aprobación pero resta el debate en Diputados. Veremos cómo se pronuncian los bloques legislativos más representativos en un tema tan sensible como la soberanía territorial.