En días recientes se ha revelado una carta fechada el 16 de junio de 2016 enviada por el embajador de la Argentina en Washington, Martín Lousteau, al congresista Pete Visclosky con una lista de pertrechos que Estados Unidos podría proveer a la Argentina por un presunto valor de US$ 2000 millones. La misiva es confusa y complicada por distintas razones. Invoca, al principio, los requerimientos de las fuerzas armadas, aunque a renglón seguido ubica la “cooperación” argentino-estadounidense en materia de defensa en el contexto del combate global contra “escorias” tales como el “terrorismo”, el “narcotráfico” y el “crimen organizado” que, en realidad, constituyen retos importantes a la seguridad. En el caso argentino desde el advenimiento de la democracia, como el estadounidense a través de la Ley del Posse Comitatus de 1878, existe una clara distinción de funciones y atribuciones entre la defensa externa y la seguridad interna.

Adicionalmente, la carta apunta a un doble propósito: adquirir material militar, tal el caso de los aviones de entrenamiento Texan II y conseguir armamentos en el marco de programas existentes sobre transferencias y excedentes que son ofrecidos por el Departamento de Defensa pero que requieren la aprobación del Departamento de Estado. En breve, más que una comunicación dirigida a mostrar estrictamente que la Argentina estaba dispuesta a realizar una inversión en la adquisición de material específico para la defensa se trató de un pedido en el que se anunciaba la voluntad de comprar algo y obtener, al mismo tiempo, varias donaciones. Que eso lo realice un país pequeño o carente de recursos sería comprensible, que lo haga el octavo país en tamaño del mundo y miembro del poderoso G-20 es sorprendente. 

A su turno, no se puede colegir de la lista solicitada por el Embajador cuál es el sentido estratégico del material requerido. ¿Ese inventario es el resultado de un ejercicio previo de planeación de largo plazo en el que se tuvieron en claro las eventuales hipótesis de conflictos o que, en su defecto, se hayan determinado las capacidades militares necesarias o que, alternativamente, se hubiese precisado un programa de modernización y no simple remplazo de recursos de las fuerzas armadas? Más que elevar el tono alarmista acerca de una supuesta “carrera armamentista” regional debido al contenido de aquella carta es esencial interrogarse ante la notable ausencia de un debate público y plural sobre la defensa que antecede a este gobierno y que la actual administración del presidente Mauricio Macri ha optado por perpetuar.

Ahora bien, es importante situar la carta cronológicamente para entender el alcance que pudo haber tenido y la realidad de lo que efectivamente ha sucedido entre marzo de 2016 y marzo de 2017. A ese fin intentaré efectuar una cronología que ayude a interpretar ese período de un año.

El antecedente más importante de la carta lo constituyó la visita –mencionada en la carta de Lousteau de junio– de congresistas estadounidenses del 9 al 12 marzo del año pasado, días antes del viaje del Presidente Barack Obama a la Argentina. Se trató de una delegación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. La encabezó el presidente de la Comisión, Hal Rogers, y entre sus miembros estuvo Pete Visclosky, el legislador que recibió la filtrada carta de Lousteau (ver, https://ar.usembassy.gov/es/delegacion-del-congreso-de-eeuu-visita-la-argentina-2/). Al parecer los temas de defensa y seguridad fueron tratados en ese periplo como parte de las expectativas de Washington de cambios relevantes en la Argentina en razón del triunfo electoral de Cambiemos.

Días más tarde, durante la visita de Obama (ver https://ar.usembassy.gov/es/hoja-informativa-relacion-entre-estados-unidos-y-argentina/), “Estados Unidos y la Argentina se comprometieron en trabajar juntos para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas”.  A su vez, Washington felicitó a Buenos Aires por “los esfuerzos mundiales de compartir las cargas de mantenimiento de la paz. Estados Unidos elogian el compromiso de la Argentina de reanudar dicho papel, al aumentar de forma significativa el tamaño de sus unidades de reserva y al participar en el mantenimiento de la paz de la ONU en África al poner a disposición capacidades importantes, tales como: logística, ingeniería, comunicaciones y unidades médicas.  En preparación para el envío de las unidades reservas  de la Argentina a África, Estados Unidos fortalecerá la capacidad del mantenimiento de la paz de la Argentina, a través del entrenamiento y la modernización de la flota C-130 de la Argentina”. Sin embargo, hasta el momento la Argentina no decidió enviar tropas ni a República Centroafricana ni a Mali; dos destinos en los que Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en sus pedidos de aporte argentino. Asimismo, se afirmó que “el Departamento de Defensa también invitó a la Argentina para participar en el Programa de Asociación de Estado para la cooperación con la Guardia Nacional”; lo cual se materializó a finales de 2016 mediante el acuerdo firmado por el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional del estado de Georgia. Según aseveró Rosendo Fraga a principios de 2017 el compromiso no era “gravoso, pero sí me parece que es como una pérdida de nivel por parte de un país como Argentina, en vez de firmar acuerdos con las fuerzas armadas de EE.UU., firmar acuerdos con las guardias nacionales” (Ver  https://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/rosendo-fraga-yo-creo-que-ante-todo-esto-rompe-una-ine...).

Se llega entonces a la carta de junio. Es importante analizar por qué Lousteau envía la misiva a Visclosky. Él es un legislador de vasta experiencia. Demócrata por el estado de Indiana. Él era en ese momento el Ranking Member por la minoría en el Sub-Comité de Defensa en el marco del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. Al momento no se conoce una carta semejante enviada a Key Granger, la Chairwoman de dicho comité y republicana por Texas. Quizás exista esa otra carta o quizás se prefirió contactar solo al demócrata en la esperanza de un triunfo de Hillary Clinton en noviembre de 2016. Desconozco si es lo uno o lo otro: solo menciono las alternativas potenciales.

Sin embargo, la figura de Visclosky no es solo importante por su larga experiencia (congresista desde 1985), su condición de demócrata (es uno de los 126 demócratas que votaron en su momento contra la Iraq War Resolution) y su lugar clave en el mencionado Sub-Comité. Entre otras, es un hombre de los negocios militares. Como se puede ver en los enlaces que siguen, entre los principales contribuyentes a su campaña electoral están industrias para la defensa como Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Defense Aerospace, entre varios otros (Ver https://www.opensecrets.org/politicians/industries.php?cycle=2016&cid=N00003813&type=I; https://www.opensecrets.org/politicians/contrib.php?cycle=2016&cid=N00003813&type=I; y https://www.opensecrets.org/politicians/pacs.php?cycle=2016&cid=N00003813&type=I). Nunca hay que olvidar que el mundo de las armas es un mundo de jugosos negocios.

Una fecha relevante es el 15 de julio de 2016. Como se puede apreciar en el próximo enlace, el Vice Almirante Rixey, director del Defense Security Cooperation Agency (DSCA) le envía una comunicación a Paul Ryan, el Speaker de la Cámara informando sobre la provisión de elementos de defensa para la Argentina por un valor aproximado de  US$ 300 millones (ver https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-08-23/pdf/2016-20104.pdf). El pedido se concentra en la venta de 24 aviones de entrenamiento Texan II. Como se sabe la compra finalmente se redujo a 12. Esos US$ 300 millones distan mucho de los hipotéticos US$ 2000 millones.

Lo que se deja consignado en el registro federal que acompaña la carta de Rixey es significativo. El contratista estadounidense es Beechcraft Defense Company; empresa que pertenece a uno de los grandes emporios para la defensa: Raytheon. A su turno, Raytheon es históricamente uno de los mayores aportantes a las campañas políticas en Estados Unidos (ver https://www.opensecrets.org/donor-lookup/results?name=Raytheon). Solo en la campaña de 2016 hizo donaciones por valor de $ 4.640.000 (ver https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000175). 

Paralelamente, en las consideraciones para esta transacción se remarca la condición de la Argentina como aliado extra-OTAN; condición que brinda Estados Unidos, que se obtuvo durante el segundo mandato de Carlos Menem y que no se perdió –y a la cual no se renunció– durante los 12 años de  gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. (Sobre la designación de aliado extra-OTAN ver http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title22-section2321k& num=0&edition=prelim). De acuerdo a la ley que cubre el otorgamiento de la condición de aliado extra-OTAN, se autoriza, entre otras, al Secretario de Defensa a brindar la garantía del gobierno estadounidense sobre la compra o arrendamiento de artículos de defensa por parte de los aliados y al presidente a transferir, de forma gratuita excedentes de defensa. 

Esta interesante referencia a la condición de aliado extra-OTAN también se menciona en dos recientes resoluciones de 2017 de la Cámara de Representantes (con 10 co-auspiciantes) y del Senado (con 6 co-auspiciantes), respectivamente, que “reafirman la asociación entre Estados Unidos y la Argentina y reconocen las reformas económicas de la Argentina” (ver https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/54/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22arge... y https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/18?q=%7B%22search%22%3A%5B%22argentin... ).

En realidad todo lo que se ha confirmado hasta el momento es la adquisición de los Texan II. Adicionalmente, la asistencia militar y policial brindada por Washington en 2017 es de apenas $550.000 dólares en el contexto de un bajo nivel de efectivos entrenados en Estados Unidos y de escasas ventas de armamentos (ver http://securityassistance.org/argentina).

Posiblemente, el alboroto con la noticia de la carta del Embajador Lousteau se pudo haber debido a la promesa de grandes compras para “reequipar” las Fuerzas Armadas que el gobierno del presidente Macri anunció en noviembre de 2016 (ver http://www.lanacion.com.ar/1955600-lanzan-un-ambicioso-plan-para-reequipar-a-las-fuerzas-armadas). Parecía entonces que la administración iba a convertirse en un importante comprador de armas. Algo que no ocurrió en los años anteriores como lo muestran, entre otros, los datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) respecto a América Latina (ver https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf). 

Sin embargo, aquella expectativa no se materializó en 2017. De hecho lo que se puede observar de la información oficial es un ajuste notorio en el presupuesto de defensa (ver https://www.informadorpublico.com/fuerzas-armadas/exclusivo-ajuste-en-defensa-deja-a-las-ffaa-al-bor.... Más aún, es tan precaria la situación en 2017 que el gobierno pretende desprenderse de predios del ejército y de otras fuerzas; empezando por uno localizado en el barrio de Nuñez (ver http://www.cronista.com/negocios/Subastan-en-Capital-un-terreno-del-Ejercito-y-buscan-obtener-mas-de-us-20-millones-20170308-0023.html). La Argentina, en materia de defensa, no parece estar en el mercado para “comprar” sino para “vender”. 

No hay duda que la carta del Embajador argentino en Washington produjo reacciones, pero lamentablemente ni se debate con seriedad sobre su alcance específico ni sobre la urgencia de discutir qué tipo defensa necesita la Argentina en este turbulento comienzo de siglo.