Claro, a los ciudadanos (y ciudadanas) comunes (a los que llamaré, un poco risueñamente) “responsables” nos preocupa también el caso Milagro Sala. Nos preocupa que pueda haber en nuestro país presos políticos. Sentimos que debemos decidir cómo “pararnos” frente al caso. ¿Qué podemos hacer? Una alternativa es adoptada por muchos: pararnos allí donde nuestras creencias o prejuicios ideológicos indican. Así, algunos dirán que Milagro Sala es una dirigente social meritoria y aguerrida que ha desafiado al establishment político y empresarial de su provincia y que es perseguida sin piedad, justamente por haber defendido la causa de los pobres. El gobernador Morales y aquellos a quienes representa la persiguen usando el armado de causas, la extorsión y la tortura de testigos, y hasta el homicidio. Otros dirán que Milagro Sala es una bandolera, una mafiosa, que acaparó mediante la violencia las políticas sociales de su provincia y actúa con los códigos de la corrupción, la amenaza, la extorsión, las golpizas, y hasta el homicidio. El problema de estas dos actitudes opuestas y simétricas es que son adoptadas por muchos sin ningún ejercicio crítico, sin pretender verificar ningún hecho. Verdaderas o falsas, son posiciones prejuiciosas.

Los ciudadanos responsables queremos ser mejores que esto. Queremos ser desprejuiciados y pensar autónomamente. Pero no la tenemos fácil. Sabemos que la realidad no es simple. Sabemos que, al menos en una parte esencial, cómo debamos pararnos frente al caso Milagro Sala depende de hechos, no de lo que nosotros queramos creer. Depende, en el fondo, de si es verdadera la tesis de “Milagro-mafiosa” o la tesis de “Morales-mafioso”; o alguna tesis intermedia más compleja (mucho más compleja), como la de que ambos son (en mayor o menor medida) “mafiosos”.

Para desentrañar los hechos, los ciudadanos responsables no tenemos otra que acercarnos a los medios, y lo hacemos no sólo a los que defienden una u otra tesis, sino a todos. El resultado es enloquecedor. Un día, en un diario encontramos reflejada una sesión en el Senado en el que numerosas personas declaran, sumidas en llanto, haber sido amenazadas y extorsionadas por Milagro Sala y su organización. Al día siguiente, en otro diario leemos un testimonio acerca de las torturas que sufre un testigo encarcelado que se niega a declarar en contra de Milagro Sala. Al día siguiente, nos enteramos de la delirante propuesta de que la libertad de Milagro Sala se consulte en un plebiscito. Otro día se nos informa de supuestos negociados inmobiliarios de legisladores y allegados al gobernador, que explicarían el ensañamiento con Milagro Sala. Si tomamos cualquier edición reciente de cualquier medio encontramos la misma confusión de visiones brutalmente antagónicas o irresponsables.

¿Qué podemos hacer frente a esto los pobres ciudadanos y las pobres ciudadanas responsables? Quizá, un buen comienzo sea desconfiar; porque si las versiones son tan antagónicas, evidentemente no pueden ser todas verdaderas. Y si no tenemos, a priori, razones para creer más unas que otras, parece que lo primero que debemos hacer es desconfiar de todas. En segundo lugar, no todos los hechos son tan inseguros, después de todo. Al menos es un hecho público y comprobado que Milagro Sala fue inicialmente puesta en prisión preventiva por un acampe en la plaza central de la capital jujeña con la acusación de instigación al tumulto. Y es un hecho que unas semanas después, cuando el juez decidió su libertad, le dictó, ese mismo día, otra prisión preventiva. Esto es muy sospechoso. Esto da para pensar que, al menos, la primera prisión fue ilegítima. Según parece, nadie en la Argentina va preso por “instigar” a un tumulto y, además, luego, justo el día en que esa prisión cae (¿Por qué cayó si era necesaria? ¿Qué había cambiado?), se le dicta otra.

Por supuesto, los ciudadanos responsables, además de no estar todo el día leyendo sobre Milagro Sala (¡tenemos tantas otras cosas que hacer!), tampoco conocemos las causas judiciales en las que está imputada; ni siquiera (en general) somos abogados. Pero no somos tontos, y deducimos que los (pocos) hechos de los que tenemos alguna mínima certeza dan para sospechar del gobierno. Además, los ciudadanos responsables hemos aprendido algo de nuestra historia reciente: que la violencia, cuando es ejercida por el estado, es cualitativamente peor; y que si, ante la opacidad esquizofrénica de la información que nos llega, tenemos versiones opuestas acerca de quién es el violento (o más violento), tenemos más razones para sospechar que el estado s el violento, o al menos el que tiene que dar pruebas más fehacientes de su buen comportamiento. Ciertamente, una sospecha no es una certeza. Estamos abiertos a que nos demuestren, con pruebas confiables, que nuestras sospechas son infundadas. Pero, hasta tanto ello no ocurra, la sospecha seguirá firme.

Así, quizá, y a pesar de tantos escollos, los ciudadanos comunes podamos llegar a algunas conclusiones acerca de cómo pararnos ante el caso Milagro Sala. No es improbable que ella haya cometido delitos, incluso delitos violentos.  Tampoco es improbable que sus enemigos, ahora en el poder, hayan cometido y cometan delitos, incluso delitos violentos. Pero estos últimos están, precisamente, en el poder. Y, ante la falta de evidencias concluyentes, que los modestos ciudadanos comunes no tenemos manera de obtener, son estos últimos los que se tienen que hacer cargo de probar que no son ellos los que están violando derechos. Son ellos los que tienen que convencernos de que mantener en prisión preventiva a una persona que no ha sido condenada de ningún delito es realmente imprescindible. No veo, hasta ahora, que lo hayan hecho. Nos queda la esperanza (quizá utópica) de que la Corte Suprema la nos dé argumentos convincentes para creer que una u otra posición es la correcta.