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18/11/16

Rut Diamint: Con Macri, bajo el signo de un posible cambio de roles y mayor autonomía

“Las FF. AA. tienen una inteligencia, formación y equipamiento muy diferente de las instituciones dedicadas a reestablecer el orden e imponer la ley”, dijo la profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales.

En su primer año de gobierno, Cambiemos dio a conocer tres decretos en relación a las Fuerzas Armadas. El 228/16, que declaró la ley de emergencia en seguridad pública, establece al narcotráfico como una amenaza a la soberanía y habilita a las FF. AA. a que derriben aeronaves sospechadas de transportar drogas. Bajo la misma idea de la amenaza del narcotráfico, el decreto 152/16 extendió los operativos que funcionan desde el 2011 en las fronteras norte de nuestro país. En el Operativo Norte, miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército patrullan y ejercen control de frontera junto con las fuerzas de seguridad que operan en ese territorio. Finalmente, el decreto 721/16 delegó mayor responsabilidad en los mandos militares sobre las designaciones de su personal.

Parece haber, según estos decretos, una intención de reconfigurar el rol que cumplen las FF. AA., sin un debate público ni un discurso oficial que lo explique.

Distintas organizaciones y especialistas en el tema tomaron esta problemática y sistematizaron en un documento colectivo algunas preocupaciones.

De lo desarrollado en el documento parecen surgir dos grandes ejes. Por un lado, cuál será el rol que tendrán las Fuerzas Armadas en el gobierno de Cambiemos, y, por el otro, cómo se concebirá el control y entrenamiento de las mismas.

Para Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS, existen tensiones al interior del gobierno y no parece existir, hoy, una respuesta unificada a estos interrogantes. Sin embargo, sí hay una serie de declaraciones y accionares que preocupan a organismos y expertos en el tema.

La legislación

Desde el regreso de la democracia, la política de los distintos gobiernos para las Fuerzas Armadas estuvo basada en la no intervención castrense en los asuntos de seguridad interna. Este principio está sustentado en tres leyes y un decreto: la de Defensa Nacional, sancionada en el gobierno de Alfonsín; la de Seguridad Interior, sancionada en el gobierno de Menem, y la ley de Inteligencia Nacional, del gobierno de De la Rúa.

Finalmente, durante el mando de Néstor Kirchner, el decreto 727/06 reglamentó la ley de Defensa. El marco regulatorio vigente limita el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas a la defensa nacional y a situaciones específicas de peligro de la seguridad interior.

En el 2011, con el llamado Operativo Escudo Norte, se puso en tensión ese principio, ya que miembros de la Fuerzas Aéreas y luego del Ejército fueron destinados a tareas de vigilancia y control del espacio en las fronteras del norte argentino. A comienzos de este año, el nuevo gobierno extendió el operativo, ahora denominado Frontera, y reforzó el despliegue de las fuerzas. Como remarca el documento mencionado, de acuerdo a las leyes vigentes “no se pueden considerar amenazas a la integridad territorial las actividades de las organizaciones criminales de ningún tipo, aún cuando dichas actividades se concentren en las zonas de frontera”.

Este elemento es detonante para uno de los debates más profundos alrededor de la política para las Fuerzas Armadas: ¿debería considerarse al narcotráfico como un enemigo válido para su intervención? Según Rut Diamint, profesora de Seguridad Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella y firmante del documento, “las Fuerzas Armadas son fuerzas especiales, que se ocupan de la defensa frente a agresiones externas y que tiene una inteligencia, formación y equipamiento especial para eso, diferente de aquel que tienen las instituciones dedicadas a reestablecer el orden e imponer la ley”. Las agresiones externas, según las Naciones Unidas, no pueden ser ejercidas por actores no estatales. El cambio de objetivo en relación al campo de acción de las Fuerzas Armadas requeriría una modificación en las leyes y un cambio en el paradigma de los últimos 30 años.

El decreto 721/16

El segundo eje de preocupación gira en torno al nivel de autonomía que tienen las Fuerzas Armadas respecto del Poder Ejecutivo. Mauricio Macri sancionó el decreto 721/16, que delegó en los jefes de los Eestados Mayores Generales facultades que solían estar en la órbita del Ministerio de Defensa, como la designación de la conducción de cada una de las fuerzas y la contratación del personal docente.

Para Paula Litvachky existe una definición por parte de sectores del gobierno que deciden aceptar la llamada “teoría de las nuevas amenazas”, es decir, el narcotráfico y el terrorismo, como rector de las políticas para las FF. AA. Esto conlleva un quiebre con la tradición desde la vuelta de la democracia que, desde su perspectiva, se puede desarrollar de dos maneras: por un lado, “que se legitime la intervención de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior, ya sea por un cambio normativo o a través del concepto de apoyo logístico, que tiene la ley de seguridad interior”; por el otro, ve la posibilidad de que “se intervenga a partir de una ‘militarización del discurso de seguridad’, es decir, trasladar a la policía o las fuerzas intermedias la forma de intervención militar en relación al terrorismo y al narcotráfico”.

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