"Todos sabemos que hay maridajes entre jueces y fiscales, con empresarios, con políticos, todos sabemos que hay tráfico de sentencias, acomodos, amiguismos", comenzó el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Federico Delgado.

Asimismo, aseguró que "la Justicia sigue comunicándose con telegramas", que los jueces necesitan atravesar un "circuito impresionante" de papeleo para poder acceder a expedientes o que los fiscales no comparten información, entre otras reclamaciones.

En esa línea, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca, alegó en declaraciones a Efe que con el sistema procesal penal federal argentino, instaurado dos años antes de que fuera aprobada la actual Constitución argentina en 1994, "no se puede ir a ningún lado de forma eficaz".

De Luca explicó que el actual reglamento impide que los fiscales se comuniquen entre ellos y que los casos judiciales puedan avanzar de una forma coherente.

Un ejemplo fue la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunto encubrimiento a terroristas y que de Luca mismo desestimó la semana pasada.

"Es un ejemplo más de la falta de coordinación de todo. Esto hubiese debido de ser llevado adelante por un grupo de fiscales que piense que es delito o nunca debió haberse llevado adelante pero cuando Nisman hace la denuncia lo hace sin consultar con nadie", alegó.

Nisman, encargado de la investigación del atentado contra la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, hizo su denuncia contra Fernández en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en circunstancias aún por esclarecer.

Dos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina rechazaron hoy justamente la petición de una colega del mismo tribunal para no intervenir en el proceso para reabrir dicha denuncia.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un foro sobre Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad porteña de Torcuato di Tella en el que también se encontraban presentes la especialista en Derecho Penal y ex jueza de Ejecución, Cecilia Incardona; y la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal, Patricia Llerena.

También se trataron temas como el delito de soborno trasnacional, la corrupción pública y privada y la omisión de justificar el incremento patrimonial, entre otros.