En junio pasado se informó que Argentina está negociando con el gobierno francés la compra de más de 12 aviones de caza de ocasión, aviones que la fuerza aérea francesa ha dejado fuera de servicio en junio de 2014. En agosto, la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad de Estados Unidos (DSCA) informó que Argentina solicitó 24 aviones de entrenamiento T-6C Texan, además de motores, equipos de comunicación y otros componentes, por un valor aproximado de 300 millones de dólares. En 2014 se creó el Comité Conjunto Argentino-Chino de Cooperación en el Campo de Defensa, Tecnología e Industria, convirtiendo a ambos países en socios estratégicos comprehensivos. A pesar de lo que podría suponerse debido al acercamiento del gobierno de Mauricio Macri hacia Estados Unidos, en el ámbito de la Cumbre nuclear de abril pasado, el presidente Macri y el presidente chino Xi Jinping reafirmaron su alianza estratégica. Argentina también se comprometió a conformar una alianza estratégica con Rusia, en la visita que el ministro de Defensa, Julio Martínez, hizo a ese país en el mes de septiembre. Además, una noticia no confirmada asegura que en un encuentro del vice ministro, Ángel Tello, en el Pentágono, se acordó la apertura de bases militares estadounidenses en Ushuaia y Misiones.

Por cierto, la aeronáutica argentina requiere la modernización de su flota que estaba prácticamente paralizada con la salida de funcionamiento de sus aviones que se inició en junio de 2013 y que se completaría en 2018 con la desprogramación de los cazabombarderos A4-AR Fightinghawk.

Estas noticias no deberían asombrar. El equipamiento de las fuerzas armadas es un procedimiento natural en países que cuentan con el instrumento militar.  Sin embargo dejan en descubierto varios problemas de la defensa argentina. Primero, no se conoce que plan aéreo o de defensa elaborado por el gobierno actual que determine que ese esas compras son las mejores decisiones estratégicas. Segundo, también se desconoce las razones por las cuales se han desechado otras opciones, como por ejemplo los Kfir de Israel Aerospace Industries o de la empresa china Chengdu Aircraft Industries Corporation, decisiones que sin duda  hubieran ameritado un debate parlamentario. Tercero, y este es el punto más complejo, no hay una directiva de defensa clara que establezca las misiones de las fuerzas armadas argentinas y en consecuencia, el armamento requerido para cumplir esas funciones.

La inquietud que producen estos hechos reside en la función y el destino que tendrán esas adquisiciones. DSCA agregaba que Argentina se ha embarcado en un ambicioso plan de modernización de su material en función de entrenar a los pilotos para cumplir con sus tareas de control de los límites, especialmente el poroso norte del país. Asimismo, -sostenía- la fuerza aérea argentina aumentará las capacidades de los pilotos para disuadir actividades ilícitas.

Coincidentemente, el Secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, del ministerio de Defensa argentino, Ingeniero Walter Ceballos, dijo que hay un “fuerte compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional”, tema que legalmente no compete al Ministerio de Defensa.

¿Por qué no compete a Defensa? Argentina cimentó la democracia estableciendo una clara distinción entre defensa y seguridad pública. La defensa en Argentina está regida por la ley 23554 de 1988, aprobada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. En 1991 se aprobó la ley 24059 de Seguridad Interior, durante la presidencia de Carlos Menem, que completaba las disposiciones de la ley de Defensa, prohibiendo la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública. En 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, se sancionó la ley de Inteligencia Nacional 25.520, modificada en 2016. Estos tres instrumentos componen el marco jurídico que restringe la utilización de las fuerzas armadas en asuntos internos.

En nuestro país, sectores de las fuerzas armadas junto con sus aliados políticos, desde inicios de la década de los años noventa, han buscado ampliar las misiones militares para combatir el narcotráfico y otras nuevas amenazas. Ellos justifican esas modificaciones señalando que las disposiciones legales respondían a una coyuntura específica: el inconcluso control civil democrático de las fuerzas armadas, situación ya superada, y que por el contrario, han aparecido nuevas amenazas que requieren de la participación militar. Estos sectores planteaban que la necesidad de tener un ámbito de actuación para los militares ante la disminución de las amenazas vecinales, tradicional hipótesis de conflicto del pasado. Imaginaban también que era factible modernizar el equipamiento militar alegando su empleo en la seguridad pública. Finalmente, creían que se obtendrían beneficios por acordar con las posiciones sustentadas en los Estados Unidos.

Ya en la época del gobierno de Eduardo Duhalde se comenzó a organizar entrenamientos combinados con fuerzas de otras naciones ante un hipotético conflicto derivado del narco-terrorismo, palabra aportada por los militares del Comando Sur. Durante los años siguientes esa transformación de las fuerzas armadas había quedado estancada. Sin embargo, en 2011 –y posiblemente vinculado a las elecciones legislativas y de gobernadores- la administración de Cristina Kirchner autorizó los Operativos Escudo Norte y Fortín I y II, para el control de la frontera norte, conjuntamente con fuerzas de seguridad como la Gendarmería y la Prefectura Naval.

Recientemente, en la cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente Macri expuso: “En esta nueva etapa que hemos iniciado nos propusimos alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En estas tres premisas las Fuerzas Armadas jugarán un rol preponderante y participativo”. ¿Cuál es el papel que el presidente vislumbra para que los militares, por ejemplo, contribuyan a alcanzar la pobreza cero? El ministro del área anunció una serie de medidas para enfrentar las nuevas amenazas, como promulgar una Ley de Derribo, que tantas injustas acciones ha generado entre los países que la adoptaron. También decidió extender la operación Escudo Norte hasta diciembre de 2016 e instruir a los agregados militares para que recopilen información sobre narcotráfico y terrorismo en los países en donde están destinados.

Las experiencias conocidas de utilización de fuerzas armadas en la persecución del crimen organizado han presentado records negativos. Corrupción, excesos, represión, asesinatos, limitación de las libertades civiles, han sido consecuencias comunes en varios estados latinoamericanos. Es necesario tener presente que las fuerzas armadas se preparan y están equipadas para anular el accionar de una fuerza externa enemiga. Por el contrario, las policías se equipan y se entrenan –o al menos idealmente es lo que se espera- para la imposición de la ley.

A las claras, en toda América Latina la inseguridad está entre las más altas preocupaciones de la sociedad. Es entendible y deseable que el gobierno busque soluciones para enfrentar esta inquietud. La mayoría de los países de la región ha optado por soluciones rápidas e ineficaces. Lo único que consiguen es dilatar el problema. Al disponer de los militares para la seguridad interna no sólo desprofesionalizan a la oficialidad, tampoco mejoran a las fuerzas de seguridad que desbordadas y corrompidas, resultan un instrumento caro e inútil.

Las fuerzas armadas no tienen una misión definida. En tantos años de tránsito democrático no se formalizó la preparación del personal de Defensa. A diferencia de otros ministerios que cuentan con personal entrenado para los cargos, como es el caso de Economía o Educación, o de la Cancillería que tiene un instituto de formación para los diplomáticos, los funcionarios de Defensa han sido mayormente inexpertos y ajenos al tema. En un campo en el que se requiere de altos conocimientos técnicos, se ha dejado a los militares como únicos expertos. Aquellos que en el ejercicio de sus funciones se han especializado, parten cuando cambian los ministros, rotación que ha sido demasiado frecuente.

En la administración actual, además, se ha recurrido a militares en actividad o retirados para ocupar cargos de jerarquía en el ministerio, debilitando aún más la conducción civil de la defensa. Si bien en tantos años se consolidó la supremacía civil y se avanzó con una serie amplia de medidas, decretos, reglamentaciones, directivas, hubo un nefasto vacío: no institucionalizaron esos mandatos. Y en medio de estas idas y vueltas, los militares recuperan grados de autonomía. Algo que a la luz de las largas y penosas dictaduras militares argentinas es preferible evitar.

La utilización de fuerzas armadas en asuntos internos conlleva riesgos para la institución militar y para la democracia. El crimen organizado, las catástrofes naturales o la criminalización de la protesta social no son asuntos en los cuales los militares cuenten con preparación y aptitud. La restauración de la capacidad operativa de la defensa no implica que ellos mismos conduzcan y definan sus tareas. El avance de la militarización del orden público –tal como también se ha constatado en otras naciones latinoamericanas- deteriora el Estado de Derecho y debilita los derechos ciudadanos.

En definitiva, en tantos años de democracia no se hizo de la defensa una política pública de Estado. Ha estado sumida a los vaivenes de sus ministros y la negligencia de sus presidentes. Esa indolencia posibilita que ahora se recurra a las fuerzas armadas para realizar tareas policiales arriesgando el tejido democrático.