En los medios
Roberto Gargarella: “El Derecho Penal en la Argentina fue pensado de espaldas a la democracia”
Entrevista al abogado constitucionalista y sociólogo.
El pensamiento del abogado constitucionalista y sociólogo
Roberto Gargarella sobre el Derecho Penal podría ubicarse en una zona gris
entre lo que él considera la “justicia elitista” y la “garantista”. Pero
trasciende ambas posturas, se posiciona por encima y critica a ambas. En su
nuevo libro Castigar al prójimo (Siglo XXI Editores) confronta todas estas
teorías y pone en duda los resultados del sistema coercitivo. Propone “una
refundación democrática del Derecho Penal”, repensar la respuesta estatal ante
el delito y avanzar hacia una justicia más dialoguista y reparativa.
–¿El Derecho Penal es hostil a la democracia?
–Por supuesto, lo es en la Argentina. Está sistemáticamente
pensado a espaldas de toda cuestión democrática. Ambas esferas están
disociadas. Es necesario tender puentes. Se muestran impermeables, aun cuando
se involucra en la discusión gente de izquierda o de derecha. La visión
conservadora cree que el pueblo no entiende; mientras que la óptica más
progresista sostiene que involucrar a la ciudadanía nos llevaría a un genocidio
y a una justicia hiperpunitiva. Los últimos fallos de la Corte en torno a las
tarifas y a la necesidad de audiencias públicas demuestran una crisis. Esa
preocupación no se advierte en el Derecho Penal, porque se sigue escribiendo,
aplicando e interpretando sin una reflexión colectiva.
–Usted dice que el castigo debería ser la última instancia.
–El castigo fue pensado como la última puerta ante un
problema grave. Pero la profesionalización del Derecho, la demanda de los
medios y las políticas oportunistas, lo ha ido naturalizando y convirtiendo en
la primera respuesta, y no en la última. Entonces, terminamos haciendo frente a
los problemas que son sociales y económicos con herramientas penales. La
respuesta está mal y va a seguir dando resultados malos.
–¿El Derecho Penal replica desigualdades?
–A mí me interesa marcar la desconexión entre el Derecho
general y la democracia; y lo poco sensible que se muestra la reflexión penal a
la desigualdad. Aplicar la coerción es un problema que requiere esfuerzo,
porque se da en un contexto de desigualdad donde la fuerza y la violencia
estatal se terminan aplicando con los propios sesgos desiguales que están en su
origen. Por eso nos encontramos con sociedades cada vez más heterogéneas,
multiculturales, diversas, y con composiciones carcelarias sistemáticamente
homogéneas. Entonces, el Derecho termina retomando, reproduciendo y reafirmando
las desigualdades que están en el ámbito social y económico.
–Sin embargo, hay una justificación del castigo…
–Frente a las angustias y los dramas, la sociedad reacciona,
responde y reprocha. Lo irracional es que la única manera posible de ese
reproche es el Derecho Penal que tiene que ver con la imposición deliberada de
dolor por parte del Estado. La idea de que para integrar a alguien socialmente
lo excluimos, también forma parte de la locura con la que pensamos la cuestión.
–Una lógica de venganza.
–Correcto. Es como tirar a una persona a una caja negra a la
que no vemos más, aun cuando sabemos que lo que pasa adentro es gravísimo. Nos
desentendemos del problema. Lo último que vamos a lograr es la reinserción
social. Todo lo contrario: va a generar resentimiento y va a convertir a esa
persona que encerramos en un reincidente. Y todos seremos corresponsables.
Entonces, fracasamos en todos los sentidos: con el supuesto criminal; no
reparamos lo ocurrido; y en cuanto al mensaje violento que da el Estado.
–¿Y cuál sería la solución?
–No digo que haya soluciones fáciles. Digo que los
facilismos que tomamos están marcados por la irracionalidad. El Derecho Penal
merece ser objeto de un nivel de discusión colectivo que hoy no está presente.
Las reformas de las normas penales no se pueden discutir entre élites de
derecha o de izquierda. Todas las reformas fueron oscilando entre el elitismo y
el populismo penal, pero son dos caras de la misma moneda. «
"Parece más importante el orden que la justicia"
Gargarella concluye que la actual situación política del
país está lejos de dar un debate serio entre democracia y el Derecho Penal:
“Los primeros indicios no son buenos. Ante las apariciones de los nuevos
supuestos justicieros, la respuesta del poder político es muy mala. El Estado
se apresura a tomar parte y señalar víctima o victimario, culpable o no
culpable, cuando el proceso judicial es apenas incipiente”.
–¿Cuál debe ser la postura?
–Cuando el Estado es responsable desde hace años de muchos
de los fracasos en materia de políticas en seguridad, políticas sociales,
procesos en juicios justos, el Estado debería tomar una posición muy distinta,
esencialmente autocrítica.
–En su libro se refiere también la protesta social…
–Cuando los problemas con los que lidiamos son de naturaleza
socieconómica, se requieren respuestas de esa naturaleza. El protocolo sobre la
protesta, por ejemplo, que finalmente no se aplica, es también una iniciativa
impropia. Pensar que la primera respuesta deba ser la penal es mostrar una
inercia indebida. Han aparecido muchas luces de alerta, peligrosas. Ojalá se
reacomoden, porque parece más importante el orden que la justicia, la calma que
la igualdad institucional.
Democracia y diálogo
–¿Cuál es el rol del juez en esta lógica de castigo?
–Por un lado creo que es menor, porque muchos de nuestros
problemas tienen una naturaleza social y deben ser resueltos a través de medios
que impliquen reformas sociales y económicas. El penalista lamentablemente está
acostumbrado a pensar todo en “apago o prendo la luz del Código Penal”. Lo
cierto es que la mayoría de los problemas pasan por otra cuerda. Yo entiendo la
democracia en términos dialógicos. La respuesta del juez también tiene que ser
dialógica.