A pocos días de un plebiscito trascendental en la vida de Colombia, sería interesante contrastar esta experiencia con el plebiscito de 1957. Antecedido por la década de la Violencia, brutal enfrentamiento entre conservadores y liberales que produjo unos 300.000 muertos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 2’000.000 de personas y que, con razón, Paul Oquist describió como el “colapso parcial del Estado”. Liberales y conservadores recurrieron, entre otros medios, a encuentros y acuerdos en el exterior para converger en torno a la pacificación. El Pacto de Benidorm (España), de 1956, reconoce la situación padecida por el país y esboza la construcción de gobiernos de coalición, y el Pacto de Sitges (también en España), en 1957, plantea reformas constitucionales para institucionalizar lo que luego sería el Frente Nacional y la realización de un plebiscito para instaurarlo.

El 1.° de diciembre de 1957 se llevó a cabo esa consulta, que contó con el mayor nivel de participación en la historia contemporánea del país: 4’169.274, el 95,3 por ciento de los 4’397.090 votantes, apoyaron, entre otros acuerdos, la responsabilidad compartida de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder, la alternancia liberal-conservadora en el desempeño de los sucesivos gobiernos, la paridad partidista en la burocracia y la gestión del Estado, la reafirmación del voto femenino y la obligación de las administraciones futuras de invertir el 10 por ciento del presupuesto nacional en la educación pública.

No es este el sitio para evaluar el alcance, los logros y deficiencias del Frente Nacional. Lo que sí deseo enfatizar es que el plebiscito reflejaba un nuevo intento de modernización del país, que se había transformado significativamente, a pesar de que el período 1949-1957 impuso, en palabras de Jorge Orlando Melo, “una lápida de silencio”. Tácitamente, el ensayo modernizador, soportado por un arreglo de cúpula entre los partidos tradicionales, apuntaba a gestar un orden que le permitiera a Colombia, por fin, entrar al siglo XX. Lo que no ocurrió.

El plebiscito del 2016 está antecedido por la mayor tragedia humanitaria en América Latina en el último medio siglo. Un conflicto armado degradado y atravesado por fenómenos globales como la Guerra Fría, la ‘guerra contra las drogas’ y la ‘guerra contra el terrorismo’: más de 8’000.000 de víctimas, entre personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas, violadas y desplazadas. Según el fallo de la Corte Constitucional, la aplicación de lo acordado entre Gobierno y Farc requiere el voto afirmativo de 4’396.625, casi el total de los que sufragaron en el plebiscito de hace seis décadas.

Del exterior, esta vez también, surgieron contactos y negociaciones. Pero los compromisos que llevaron a la creación del Frente Nacional fueron el resultado de “conversaciones entre caballeros”, según el acertado término que acuñó Alex Wilde para caracterizar la democracia colombiana. Entonces se trataba de dos partidos prosistema con ocasionales momentos de pugna intransigente. Lo firmado en La Habana constituye un acuerdo más amplio y sustantivo, está avalado por un sector del establecimiento y por el principal actor antisistema. Por eso es quizás tanto más complejo como decisivo: un experimento modernizador ambicioso para que Colombia comience a transitar un orden justo e ingrese, finalmente, al siglo XXI.

Es deseable que la votación del 2 de octubre sea más masiva que el umbral establecido por la Corte. Un promisorio comienzo para la paz requiere una alta participación y un gran margen de aceptación de lo firmado. Es de esperar que la organización y movilización por el Sí no ahorren lugar, osadía ni esfuerzo.