La política de defensa no ha sido una de las prioridades de la sociedad argentina desde el retorno de la democracia. Sin embargo, un conjunto de actores han “disputado” intensamente sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas sin que se hayan puesto de acuerdo al respecto.

El debate

Haciendo una apretada, y tal vez injusta síntesis, podríamos decir que los académicos y especialistas en esta temática coinciden en un aspecto, disienten en otros dos y parcialmente están de acuerdo en uno. Empecemos por este último.

En primer lugar, concuerdan en que el actual escenario internacional es incierto, que no existe una amenaza clara y presente que afecte los intereses vitales y objetivos de valor estratégico de nuestro país. Las guerras del futuro estarán probablemente asociadas a la disputa de los recursos naturales estratégicos, entre los cuáles el Atlántico Sur y la Antártida cobran una vital relevancia, y que serán de corta duración con un uso intensivo de la tecnología, donde resultará clave obtener una ventaja relativa hasta la intervención internacional.

Asimismo, se han multiplicado los actores y los problemas, aunque no todos ellos pueden ni deben ser resueltos a través de medios militares. Está claramente demostrado el fracaso de la guerra contra las drogas, que el uso de la fuerza (el máximo uso de la fuerza que representan las Fuerzas Armadas) no resuelve el aumento del consumo de drogas ni los delitos conexos con el narcotráfico.

Asimismo, tampoco éstas son eficaces para luchar contra el delito complejo o delito transnacional o las mal llamadas “nuevas amenazas”, si entendemos por las mismas al narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas, entre otras. Es más, tampoco son eficaces para prevenir un ataque terrorista. Más inteligencia estratégica criminal y una agencia federal de investigaciones son más útiles que un tanque, un avión y un destructor. En consecuencia, estas cuestiones no constituyen una hipótesis de empleo del Sistema de Defensa Nacional, salvo en las situaciones excepcionales previstas en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior.

En segundo lugar, se coincide ampliamente en que hay que recuperar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. No hay duda al respecto. Un país mediano como Argentina no puede darse el lujo ni el peligro futuro de no contar con Fuerzas Armadas. La defensa nacional es como un seguro de vida o como una obra social. Es algo que jamás querremos usar, pero que hay que tener por las dudas. Es más, una política de defensa exitosa es aquella que nunca desemboca en una guerra. Las Fuerzas Armadas son, en términos weberianos, la materialización del monopolio legítimo de la coerción.

El tercer lugar, no se coincide en el para qué y en el cómo. Veamos. Existe en nuestro país, en los medios, en ámbitos académicos y entre los políticos una suerte de pensamiento estratégico dependiente y/o resignado. Adoptan la agenda de otros países, que responden a los intereses de esos países, para definir la misión de las Fuerzas Armadas y/o caen en la desesperación de adoptar esa agenda para aumentar el presupuesto y acceder a equipamiento. Esa agenda no es necesariamente la de Argentina.

La agenda argentina

Nuestra política de defensa debe estar en consonancia con nuestros intereses vitales y estratégicos. Asimismo, también existe un pensamiento realista nostálgico que quiere reactivar las hipótesis de conflicto con los países de la región. En algunos casos porque están convencidos de que los países no pueden ser socios estratégicos y que sólo pueden confiar en sus propias capacidades militares para salvaguardar sus intereses. Esta línea de pensamiento también se ve atravesada por la necesidad de justificar un aumento del presupuesto de defensa nacional.

Por último, existe una especie de liberalismo ingenuo que cree que el libre comercio y los organismos internacionales vuelven innecesarias las Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, quieren convertirlas en una especie de Gendarmería y Prefectura reloaded o algunos, sin decirlo, estarían encantados en no tener que lidiar con ellas.

Entonces, ¿son necesarias las Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí. ¿Para qué? La política de defensa nacional y, particularmente, sus Fuerzas Armadas deben, tal como lo define la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2014, adiestrarse, alistarse y prepararse para conjurar y repeler una agresión militar estatal externa contra los intereses vitales y/o una agresión que afecte los objetivos de valor estratégico, que son aquellos cuya afectación torna inviable la defensa y al país en sí mismo.

Asimismo, deben contribuir a la política exterior argentina participando activamente en las operaciones internacionales que nuestra Cancillería defina. Por otro lado, deben estar preparadas también para coadyuvar a otras agencias del Estado en situaciones de desastres antrópicas y/o naturales en nuestro país y/o en países amigos que la requieran. Por último, deben contribuir a la integración regional fortaleciendo los lazos regionales, tal como se ha hecho con la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur con Chile y la Compañía de Ingenieros “General. San Martín” con Perú.

Un manual tentativo

¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, no debemos realizar más modificaciones normativas. Existe un amplio consenso en que las normas, leyes, decretos y resoluciones existentes están bien y responden al “Consenso Básico”, el acuerdo alcanzado en el Congreso de la Nación en tres oportunidades, con tres gobiernos diferentes, y materializados en cuatro leyes: la Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1992), la Ley de Reestructuración (1998) y la Ley de Inteligencia Nacional (2001 y 2014).

En segundo lugar, la Ley de Defensa Nacional prevé claramente que nuestro Sistema de Defensa puede adoptar hipótesis de conflicto o hipótesis de confluencia. Pero, desde el Gobierno de Raúl Alfonsín hasta la actualidad, y esta es una de nuestras políticas de Estado, Argentina no tiene hipótesis de conflicto que requieran la utilización del instrumento militar contra los países de la región. Esto no significa que no necesitemos a las Fuerzas Armadas sino, simplemente, que no sabemos quién puede ser un enemigo, más aún este mundo incierto. Por ello, hay que pasar del análisis del quién al qué: no es relevante “quién” será el enemigo sino con “qué´” capacidades militares contaremos para defender nuestros intereses vitales y estratégicos.

Para ello se utiliza la metodología de planeamiento por capacidades y no la obsoleta metodología de planeamiento por hipótesis de conflicto. Volviendo a la analogía: no sabemos con certeza qué enfermedades podemos llegar tener, pero sí tenemos algunos indicios sobre con que recursos médicos deberíamos contar para enfrentarlas. Para esto sería relevante continuar con el Segundo Ciclo de Defensa Nacional para terminar definir el tipo de instrumento militar que se requiere a través de la implementación del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2011).

En tercer lugar, debemos pasar ya a reformas de cuarta generación. Es decir, establecer un sistema de ingreso de profesionales al Ministerio de Defensa a través de la Universidad de la Defensa Nacional, similar al existente en la Cancillería; modificar la Ley de Personal Militar Nº 19.101; adecuar el despliegue a la actual realidad regional y nacional, dado que el vigente data de la década del ‘60; definir una estructura orgánica acorde y, luego recién, mejorar paulatinamente el Presupuesto hasta converger con el 1,5% del PIB. Incrementar el presupuesto sin hacer esos cuatro cambios sería, por un lado, un despilfarro pero, por otro, sería un mero ejercicio académico si no se mejora el Presupuesto.

¿Cómo podemos realizar esta “inversión en defensa”? Una alternativa sería crear un fondo específico para efectuar las inversiones en equipamiento –y no en gasto corriente– que podría ser financiado a través de las retenciones a las exportaciones agrícola- ganadera, minera y petrolera.

Hay que dejar de discutir para atrás, mantener lo que se hizo bien y mirar al futuro porque si prestamos mucha atención al retrovisor podríamos terminar chocando.