Los Estados Unidos y Argentina comparten algunas características. Una de las más significativas es que en temas de defensa y seguridad, desde la vuelta a la democracia en 1983, la Argentina ha adoptado un sistema muy similar al de la Posse Comitatus Act de 1878 según el cual el Departamento de Defensa debe abstenerse de intervenir en asuntos de seguridad interna. En efecto, a través de una serie de leyes y reglamentos suscritos por todo el espectro político a lo largo de las últimas tres décadas, en la Argentina, las fuerzas armadas están a cargo de la seguridad exterior y las fuerzas de seguridad se encargan de la seguridad interior.

Sin embargo, esta similitudes están cambiando ya que el presidente Mauricio Macri, a lo largo de sus primeros ocho meses de gobierno, se ha mostrado dispuesto a implicar al país en una lógica militarizada de “guerra contra las drogas” con lo cual estaría abriendo una alarmante Caja de Pandora que puede afectar seriamente la democracia y a los derechos humanos en Argentina. En un momento en que esta lógica está siendo fuertemente contestada en toda América Latina, Macri subrayó en su discurso inaugural que uno de los objetivos clave de su gobierno sería “derrotar el tráfico de drogas” como ningún otro gobierno lo habría hecho hasta la fecha. Sn embargo hasta ahora no se ha anunciado ningún plan de reducción de daños o de actuación orientada hacia la demanda.

En enero del 2016, y a través del Decreto 228, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia de seguridad pública: el anexo de dicho decreto consagraba el derribo de aeronaves con el objetivo para luchar contra el tráfico de drogas. El supuesto efecto disuasorio de este tipo de medidas se ha demostrado insignificante en países como Honduras, Perú, Bolivia y Venezuela.  Para diversos expertos mundiales, esta política es ilegal, insensata y moralmente equivocada.

Para fortalecer el combate anti-drogas, en febrero de este año la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Washington para entrevistarse con Chuck Rosenberg, jefe de la DEA. Aparentemente el personal de la DEA en Argentina aumentará, siguiendo, como es habitual, la agenda antinarcóticos de Washington y no las necesidades de Buenos Aires. En el mes de marzo, en la sesión de apertura del Congreso argentino, Mauricio Macri aseveró, sin aportar ninguna evidencia, que “el consumo de drogas ha aumentado exponencialmente”, generando de esta manera la sensación de que estamos ante una epidemia. También en marzo, coincidiendo con la visita del presidente Barack Obama, Estados Unidos y la Argentina “se comprometieron a trabajar juntos para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas”, destacando el rol de entrenamiento que Washington desempeña. Es probable que algunos miembros de las fuerzas armadas, tanto activos como retirados, lean ese compromiso como una oportunidad para abordar una nueva misión: la guerra contra las drogas.

En abril, cuando la Sub-secretaría de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Rose Gottemoeller, visitó la Argentina, el ministro de Defensa, Julio Martínez, dijo que la cooperación EE.UU-Argentina iba a cubrir una serie de asuntos, incluida “la lucha contra el tráfico de drogas”. En mayo, a través del Decreto 656, el ejecutivo eliminó la transparencia sobre el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia, invocando la necesidad de ser más efectivos a la hora de manejar asuntos críticos como “el terrorismo y el tráfico de drogas”. A principios de agosto, en la Comida Anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente Mauricio Macri hizo un llamamiento a los militares para que contribuyan activamente a “derrotar al tráfico de drogas”.

En breve, el nuevo gobierno argentino aparece inclinado a poner demasiado énfasis, sin contar diagnósticos acertados, en la cuestión interna de las drogas y está tentado, por su convencimiento ideológico, a militarizar su manejo. Esta combinación es una receta segura para el desastre.

No hay ejemplo en la región que demuestre las virtudes de esta política. Al contrario, en todos los lugares en los que los militares se involucraron directamente en la lucha contra las drogas las violaciones de los derechos humanos aumentaron, las relaciones entre civiles y militares se desequilibraron, la corrupción  creció, el crimen organizado se mantuvo y el tráfico de drogas empeoró. México no es sino el último ejemplo de la tragedia del prohibicionismo militarizado.

No es hora de abrir la Caja de Pandora de la “guerra contra las drogas” en la Argentina. Es crucial que Estados Unidos evite enviar cualquier señal favorable a una estrategia como ésta.