En el año 427 a. C., la asamblea de ciudadanos de Atenas decidió con sus votos que se ejecutase a toda la población masculina de la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, y que los niños y las mujeres fueran vendidos como esclavos, en castigo por el levantamiento que esa ciudad había encabezado contra el poder ateniense. Al día siguiente se realizó una segunda votación, y se optó por ejecutar sólo a los cabecillas de la revuelta. El barco que llevaba la noticia del cambio en el veredicto casi no llegó a tiempo de advertir a la primera nave, que ya había partido con la noticia hacia la ciudad castigada.

El relato está incluido en una reciente nota que la académica británica Mary Beard -ganadora del Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales- escribió para el diario El País después del Brexit, en la que lo usa para criticar los riesgos de manipulación de algunos mecanismos de democracia directa. "Presentarnos un referéndum una vez cada 20 años, privándonos en gran medida de una información exacta en una niebla de eslóganes y retórica, no es manera de adoptar una decisión responsable. Y tampoco de volver a empoderar a una ciudadanía sin poder", escribió.

En efecto, en la catarata de análisis, opiniones y lamentos que siguieron a los resultados del referéndum que hace un mes decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), una pregunta se adivina, inquietante y a veces implícita: ¿el pueblo puede equivocarse? O, dicho de otra manera, ¿es bueno someter todo y cualquier cosa a la voluntad popular? La cuestión, que bordea el terreno de los sentimientos antidemocráticos y elitistas, no es menor: habla del uso de los mecanismos de democracia directa, que se presentan como vías para "corregir" el mal funcionamiento de las democracias representativas pero son muchas veces instrumentos al servicio de los intereses de los gobernantes; de la paradoja de una ciudadanía supuestamente apática y desinformada que no deja de hacer oír y ver sus demandas; de la ausencia de una verdadera "conversación" democrática. En el fondo, más que hablar de las limitaciones del pueblo para tomar decisiones, quizá refleje las dificultades de las élites políticas para canalizar reclamos ciudadanos que hoy desbordan las urnas y se multiplican en redes sociales, movilizaciones callejeras y distintas formas de organización local.

Más allá del Brexit, la pregunta por los mecanismos de democracia directa -que son una parte pequeña del universo de formas de participación ciudadana- resuena en todas las democracias contemporáneas. En la mayoría de ellas (América Latina incluida), los plebiscitos, referéndums, iniciativas populares están reconocidos en las constituciones, para temas como reformas constitucionales y electorales, políticas públicas, cuestiones limítrofes y revocatorias de mandatos presidenciales. Los usos son tan diversos como los países: han sido utilizados por gobiernos democráticos y autoritarios (en 1988, en Chile ganó el No a la continuidad de Pinochet en el poder, y en 1989 los uruguayos eligieron mantener vigente la ley que impedía juzgar a los militares); han puesto límites a las reelecciones (como en 2007 en Venezuela, y en 2016 en Bolivia); se han puesto en marcha para aprobar ciertas decisiones políticas (como en 1984 a raíz del conflicto por el Beagle, en la Argentina). Tras el Brexit, hoy hay 32 convocatorias solicitadas de referéndums en 18 países de la UE, que incluyen la salida de la unión y de la eurozona, restricciones a la movilidad laboral y la reubicación de refugiados.

Doble filo

"Los mecanismos de democracia directa son herramientas de doble filo. Pueden tender a la democratización, la extensión de derechos o poner límites a los gobernantes, pero también se pueden usar para legitimar decisiones ya tomadas por muy pocas personas. Se pueden manipular según cómo se hacen las preguntas y el momento en que se hacen", dice Miguel de Luca, politólogo, profesor en la UBA e investigador del Conicet. "Se trata de una elección, y en ese sentido están sujetos a las mismas reglas de cualquier elección: una parte de la ciudadanía puede votar pensando en lo que se pregunta, pero otra parte puede usar el voto para castigar a los gobernantes, influida por la coyuntura del momento. También pueden tener resultados adversos a los que esperan los dirigentes." De hecho, según una investigación de David Altman -profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile-, en los últimos 40 años se realizaron en América Latina 109 consultas populares impulsadas por las autoridades; de ellas, el 58% recibió apoyo popular y 45 fueron rechazadas. De las 18 consultas impulsadas por la ciudadanía, sólo 9 salieron adelante. "Siempre se puede forzar la presencia obligatoria de los ciudadanos en las urnas, pero este juego de seducción dura más que un evento", dice Altman.

Para Enrique Peruzzotti, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Conicet, "la sociedad civil es por naturaleza pluralista, es decir, está cruzada por diversos conflictos y por eso la participación ciudadana no es inherentemente democrática sino que muchas veces expresa pulsiones autoritarias o populistas". Como explica, "en sociedades complejas como las contemporáneas ninguna persona, poder estatal o actor social puede atribuirse la representación plena del pueblo. Más bien, todas las decisiones son vistas como provisorias y sujetas a su eventual revisión, corrección y mejora". Son distintas instancias de intermediación las que colaboran para eso.

Por ejemplo, los partidos políticos, señalados por muchos como canales en crisis de procesamiento de demandas ciudadanas. "Los que están en el ojo de la tormenta son los partidos políticos como intermediarios. Una parte de su rol es la representación en el sistema político, pero otra es la formación de la opinión pública, una pedagogía política, y esa incidencia es cada vez menor. La política no está pudiendo procesar las demandas ciudadanas: la gente sale a la calle en Brasil y el sistema le devuelve un Temer", dice Matías Bianchi, director del think tank Asuntos del Sur y profesor en la Universidad de Arizona.

Las multitudes en las calles brasileñas, para seguir con ese ejemplo, refutan un diagnóstico que es lugar común: en todo el mundo, los ciudadanos serían crecientemente apáticos con respecto a la política, estarían desinformados y más volcados al intercambio de eslóganes que a las conversaciones argumentadas. Sin embargo, los expertos sugieren un matiz importante. "Hay que separar la política de lo político. La crisis es de la política, del entramado institucional. En cuanto a lo político, hay indudablemente más interés, se ve en las calles. Por primera vez América Latina, en particular, tiene una generación de adultos nacidos y criados en democracia", dice Bianchi.

Coincide Rocío Annunziata, profesora de la UBA y la Unsam e investigadora del Conicet: "A los ciudadanos se los consulta sobre lo que quieren los políticos. Hay que mirar el panorama más general de las formas de expresión ciudadana: protestas, reclamos barriales, redes sociales. Los ciudadanos no viven politizados, pero cuando están abiertos los canales les interesa y se informan".

Matizado ese mito, entonces, ¿se puede avanzar a enderezar el otro, ese que dice que hay temas demasiado complejos como para que los ciudadanos puedan entenderlos y expresar su opinión sobre ellos?

"Detrás de la preocupación por los resultados de la democracia plebiscitaria puede colarse la idea de que, como los asuntos son complejos y de consecuencias significativas, hay algunas personas que están mejor capacitadas que la mayoría para decidir. Ése es un argumento antidemocrático, que en principio está mal en términos morales. Pero, además, si se mira a los que supuestamente saben (como los economistas que están dando recetas para la UE, que sigue en crisis) no parecen estar tan capacitados", dice Marcelo Leiras, profesor e investigador en la Universidad de San Andrés.

"No debería haber temas tan complejos como para que un ciudadano no pueda entenderlos y opinar. Las decisiones técnicas se justifican con argumentos políticos, que tienen que ver con la conveniencia de una decisión para una comunidad en un momento. Los expertos tienen que ser capaces de dar razones en público sobre las decisiones técnicas que defienden. Los mecanismos de democracia directa son simplificadores de argumentos, pero si hay buenos debates antes es posible someter a consulta popular un tema que afecta a toda la comunidad", afirma Annunziata.

No faltan ejemplos del potencial de las redes sociales para organizar voluntades y hacer oír reclamos políticos, con efectos concretos, de la Primavera Árabe a Occupy Wall Street, el 15-M en España o nuestro #NiUnaMenos. Sin embargo, algunos ven otra cara en las formas de "democracia digital", que también habría mostrado el Brexit. "El Brexit representa la primera gran víctima del ascenso de la democracia digital sobre la representativa", escribió recientemente Dhruva Jaishankar, investigador de la Brookings Institution, con sede en Washington. Desinformación, polarización, espectacularización de la política, superficialidad, difusión viral de falsedades: todo el menú que los usuarios de redes sociales conocemos bien tendría efectos particularmente negativos cuando influye en decisiones políticas. "A veces malinterpretamos que en la era digital se abren nuevas posibilidades; hay que construirlas. La tarea de digerir argumentos con una cosmovisión y mirada experta la hacían los partidos políticos. Como eso está debilitado, se abre el desafío de construir un votante más informado y a la vez conectado", dice Bianchi.

"Las redes tienen potencial para plantear temas que están fuera de la agenda, pero para deliberar e intercambiar argumentos tienden a la polarización más que los medios tradicionales", subraya Annunziata.

Para Peruzzotti, "más que la democracia digital, el problema es un creciente descontento global con la democracia representativa, que abre la puerta a movimientos populistas que prometen una política más simple. El problema de la salida populista es que generalmente agrava esa brecha debido a sus pulsiones autoritarias".

Una conversación extendida

¿Cómo plantear entonces nuevas formas de diálogo? "Entiendo la democracia como una conversación inclusiva y extendida en el tiempo. Esto poco tiene que ver con la idea de preguntarle a la comunidad algo complejo y forzarla a responder por sí o por no -dice Roberto Gargarella, sociólogo y constitucionalista-. Hoy la situación oscila entre dos opciones poco atractivas. La primera es la dominante: sistemas institucionales burocratizados y elitistas, que excluyen en los hechos a la mayoría de todo papel relevante en la toma de decisiones. La segunda se presenta como remedio de la anterior, pero sólo la refuerza en sus peores rasgos: es la consulta popular plebiscitaria, donde la pregunta está planteada en términos binarios, y se descuida el valor del diálogo como condición para alcanzar decisiones justificables. Si se van a hacer consultas populares, deben estar precedidas por cuidadosos procesos de debate entre las posiciones opuestas."

¿Se equivocaron, entonces, los británicos? "Claro que el Brexit no fue un error del pueblo británico, sino una picardía de un primer ministro para consolidar su posición política. Me preocupa que no haya garantías y que una democracia sólida como la británica pueda ser vulnerable a personas oportunistas e imprudentes -dice Leiras-. La decisión no me parece buena, pero detrás de ella hay preocupaciones sensatas de la población ante la lejanía de los burócratas europeos y la dirigencias locales frente a problemas sociales graves de los que no parecen querer enterarse."

Recientemente, la revista London Review of Books dedicó un número a las consecuencias del Brexit, titulado "What Have We Done?" (¿Qué hemos hecho?). A la luz de las dificultades de las élites políticas para resolver los dilemas del presente y reconquistar su legitimidad en todo el mundo, "¿Qué nos han hecho?" hubiera sido quizás una pregunta mejor planteada.

Cuatro consultas

1984. Argentina. En un plebiscito no vinculante, se recomienda aprobar el tratado de paz con Chile en el conflicto por el Beagle

1988. Chile. Un plebiscito le dice "no" a la continuidad de Pinochet en el gobierno.

1989. Uruguay. Se decidió mantener en vigencia la ley que impedía juzgar a los militares

2007. Venezuela. Se rechaza la reforma constitucional que permitía la reelección de Chávez. Lo consiguió en 2009.