En nuestro país, el problema de las drogas es serio y exige políticas serias. Sin embargo, al igual que en otros ámbitos (típico, por ejemplo, en política exterior) se pasa de la subactuación a la sobreactuación, del desdén a la desproporción. Se utilizan analogías erradas, sin fundamento fáctico y sin tener en cuenta ninguna comparación. Durante buena parte de comienzo de siglo, los medios de comunicación, los observadores e incluso algunos expertos, hablaban de la “colombianización” del país. Actualmente, se pasó de ésta a una supuesta “mexicanización” (inclusive el Papa utilizó esa analogía). Como todo reduccionismo y estereotipo, estas analogías no sirven en nada porque principalmente no nos dicen nada acerca de la naturaleza específica del problema. Lo que existe en el país en materia de drogas es una suerte de “Triple P”: pandillas que se están expandiendo, políticos locales que cada vez son más cooptados por el negocio y policías que cada vez son más autónomos. Entonces, si no se entiende con exactitud la matriz de este fenómeno se continuará haciendo comparaciones equívocas con países con los cuales no existen puntos de comparación: el nivel de violencia en Colombia, la historia en la frontera entre Estados Unidos y México, el tamaño de los grupos organizados en esos países no tiene nada que ver con Argentina. Lo que se requiere en el tema es un diagnóstico para éste país y no el diagnóstico que a algunos sectores les gustaría vender para tener o más recursos, o más influencias, o más burocracia.

Para América Latina, el problema del narcotráfico, del crimen organizado, es un tema de gobernabilidad. En este sentido, debemos exigir un debate, abierto, franco y realista que acepte que para obtener medidas sostenibles de largo plazo es necesario modificar varias políticas actuales. En principio, se debe plantear una política alternativa que se base en algunos principios y propuestas concretas. Como primer principio se debe anteponer a las personas. Hay que empezar a  medir los resultados de una buena políticas antidrogas por el beneficio que les generan a las personas, no seguir insistiendo en que necesitamos datos de sustancias: cuánto se prohibió, cuánto se confiscó; esa no es una métrica que demuestre una solución del problema, eso es una métrica que dice que el problema continúa. En segundo lugar, se debe valorar el largo plazo pensando políticas sustentables en el tiempo. Tercero, plantear la erradicación del problema es una meta inalcanzable, la contención es preferible; contener, reducir, amortiguar, resulta ser más razonable y más realista. Finalmente, hay que procurar una regulación estatal. La clave aquí está en dos cuestiones: cuando se habla de regulación hay que entender que el eje no es la sustancia sino lo individuos. Por lo que hay que desfetichizar la sustancia y la condición humana. En ese sentido, lo que hay que propiciar en los debates es el vínculo entre drogas y desarrollo. Es decir,  acentuar el papel de la cohesión, de la justicia y el bienestar social como algo a promover, como el centro de la cuestión. De ese modo se ataca la cuestión de las drogas pero desde un lugar alternativo. En cuanto a las políticas concretas, se deben destinar más recursos a reducir la demanda. En argentina el 95% de los recursos en la lucha contra las drogas se destina a la oferta y tan solo el 5% se invierte en la prevención y en la educación. También, se deben establecer políticas activas en materia de coordinación e inteligencia con unidades especiales en inteligencia destinadas a cortar el vínculo entre la criminalidad y la política, el nexo y contubernio entre las elites económicas y la criminalidad. Es fundamental una reforma policial permanente a fin de confrontar de manera efectiva la realidad cambiante de los problemas. Por último, contemplar políticas experimentales. Contemplar, por lo menos la descriminalización, la despenalización y la eventual legalización de alguna de las sustancias psicoactivas.

La regulación requiere de un debate que ponga la ética en el centro de la atención para decir que hay otros valores éticos que están en juego: la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano.