Hace pocos días, un artículo destacó los avances en la lucha contra la violencia y la inseguridad en Honduras, país donde la tasa de homicidios ha bajado de 68 a 59,5 por cada 100.000 habitantes entre 2014 y 2015, según información del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Parte del éxito en la reducción de los homicidios es atribuido al involucramiento de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad pública.

En México durante la administración de Felipe Calderon, también se autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y crimen organizado que azotan el país. Los resultados no fueron los esperados. Es que el despliegue de militares en tareas policiales puede ser una demostración de voluntad política de ganarle al crimen y la violencia, pero ojo que el remedio está lejos de asegurar una cura para la enfermedad. 

Para muchos ciudadanos de América Latina hartos de la inseguridad el reclamo por una “mano dura” es entendible. Hay poca confianza en las instituciones encargadas de proveer seguridad y hacer cumplir la ley.En muchos países los ciudadanos confían más en las FF. AA que en las policías, incluso en lugares que sufrieron de los regímenes autoritarios de los 70 y 80. A la pregunta sobre si las fuerzas armadas deberían participar en la lucha contra el crimen y la violencia, un 71,5% de la población de América Latina respondió de manera positiva en 2014. Y algunos gobiernos han hecho eco de este llamado y han sacado los militares a las calles.

Lo que hasta hace un par de años era una excepción, hoy se está convirtiendo en una peligrosa tendencia. Un estudio realizado por la Junta Interamericana de Defensa encontró que en todos los países de la región que tienen fuerzas armadas (con la excepción de Costa Rica, Panamá y algunos países del Caribe), los militares tienen algún tipo de participación en tareas de seguridad ciudadana, ya sea de forma permanente o en tiempos de excepción. En México y Centroamérica,  además, los presupuestos de defensa han aumentado a la par de los presupuestos de seguridad (Solmirano,2013).  En un próximo blog examinaremos este tema  en mayor detalle.

¿Por qué ha ocurrido esto?

Parte de la respuesta está en el contexto mismo que vive América Latina estos días. La violencia, el crimen, y la inseguridad figuran desde hace varios años como una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos. En un blog anterior, ya hemos discutido las razones por las que el crimen y la inseguridad en América Latina son una anomalía.

También es cierto que las mismas instituciones responsables de proveer seguridad –las fuerzas policiales- se han visto desbordadas en sus funciones ya sea por falta de entrenamiento, de equipamiento, de  recursos, o una combinación. Como sediscutió en otro blog, otra razón es que estas mismas instituciones –policía y justicia- no han sido capaces de adaptarse a la realidad que experimenta la región. No podemos obviar que a esto se le suma el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, lo que en algunos países ha socavado la legitimidad de la policía y del sistema de justicia. Entonces la opción cortoplacista ha sido la militarización de la seguridad.

Pero esta militarización conlleva al menos 3 riesgos.

El primero está relacionado con el abuso de derechos humanos. El involucramiento de las FF.AA en la seguridad de América Latina ha aumentado las acusaciones por abusos y violaciones de derechos humanos. En México, por ejemplo, la organización Human Rights Watchreportó casos de tortura, violación, y asesinatos cometidos por parte de las fuerzas militares, citando que en la primera mitad del 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido más de 1.100 quejas sobre violaciones de derechos humanos. La ONU también ha advertido que la militarización en Guatemala no ha llevado a mejoras visibles en la seguridad.

El segundo está relacionado con la gobernabilidad democrática. Si bien los países en la región han avanzado considerablemente en la consolidación de sus regímenes democráticos, una mayor intervención militar en asuntos de seguridad abre la puerta a mayores intentos de politización y autonomía de las FF.AA. Por otro lado, hay Ministerios de Seguridad dirigidos por militares o ex militares, en vez de civiles. Como señala la experta Rut Diamint (2015), el desafío de “pedirle” apoyo a las fuerzas armadas para combatir el crimen es que los favores se pagan.

El tercero es que se puedan revertir los progresos que se han logrado en seguridad ciudadana.  Pese a los altos niveles de violencia en América Latina, muchos gobiernos han tratado de responder a este enorme desafío con una mezcla de recetas que han incluido reformas policiales, reformas penitenciarias, promoción de programas de prevención para jóvenes en riesgo, y programas de rehabilitación y reinserción, entre otros. Sacar a los militares a las calles se condice con un enfoque preventivo y orientado a brindarle oportunidades a las poblaciones más vulnerables que sufren la violencia.

El BID ha sido un actor clave en apoyar a los gobiernos en estas reformas tanto a través de sus operaciones como en la generación de evidencia empírica sobre las políticas que tienen mayor posibilidad de beneficiar a la población en la prevención y reducción de la violencia. Brindarles una mayor profesionalización a los cuadros policiales, proveerles con mejor tecnología para detectar y analizar la información del crimen, y mejor equipamiento e infraestructura, son algunas de las maneras de fortalecer la función policial y mejorar la confianza ciudadana en la policía.  El BID esta trabajando con los países de la región en esta dirección, apoyando el trabajo policial en Ecuador, Honduras y Uruguay, entre otros. Es a través del apoyo a políticas efectivas que se podrá traer mayor estabilidad y seguridad a la región. No a través de más tanques.