Este año se conmemoran dos hechos trascendentales para las relaciones entre la Argentina y Brasil y para la seguridad internacional. En julio de 1991, hace 25 años, ambos países sellaron el acuerdo de salvaguardias nucleares bilaterales (SCCC) que creó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abacc) para su ejecución. En diciembre de ese año, los dos países, la Abacc y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmaron también un acuerdo para la aplicación de salvaguardias amplias. Este Acuerdo Cuatripartito (AC) cumple las exigencias del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP); cualquier protocolo adicional sería una enmienda. La Abacc y el AC constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la decisión estratégica de la Argentina y Brasil para el uso de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Desde su adopción, éste ha sido un ejemplo mundialmente reconocido en materia de no proliferación. Lo cierto es que el país ha construido una doctrina nuclear basada en la transparencia. A diferencia de otras doctrinas que se basan en la ambigüedad, la Argentina, desde 1983, optó por ser transparente de acuerdo con el consenso vigente, que sostiene que a través de la política nuclear se garantiza el desarrollo nacional, la estabilidad regional y la seguridad internacional. Para esto, la concertación con Brasil ha sido esencial. Principios e intereses se han conjugado para asegurar los compromisos alcanzados: primero, reforzar la democracia, afianzar el control civil en un área sensible y consolidar una región en paz. Segundo, preservar la simetría en una dimensión clave de la relación bilateral, superar la pugnacidad que por décadas robusteció el poder de las fuerzas armadas en ambos países y entorpeció la integración, asegurar que el vecino no desarrolle planes nucleares con fines militares, y tener una buena carta de presentación internacional como actor nuclear responsable. Los beneficios para los dos países, la región y todo el régimen global de no proliferación fueron y son palpables. Después de la guerra a Irak en 1991 y a raíz del programa nuclear de Corea del Norte, la comunidad internacional buscó vigorizar las salvaguardias. Se concibió así un protocolo adicional que sería firmado por cada Estado con el OIEA. El modelo de protocolo data de 1997, fecha en la que el SCCC, la Abacc y el AC ya estaban en vigencia. Más de 140 Estados han firmado sendos protocolos, entre ellos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que, con variaciones respecto del modelo estándar, plantean un esquema no intrusivo en cuanto a la inspección de sus arsenales nucleares, que siguen intactos. El modelo convencional de estos protocolos tiene un alcance geográfico más amplio pero no es superior en sus exigencias al Acuerdo Cuatripartito. Tres cuestiones son importante en el caso argentino. Primero, en cuanto a la seguridad de los materiales, y de acuerdo con el Nuclear Threat Initiative's Nuclear Materials Security Index, el país se ubica en el puesto 15 sobre Rusia, China, Israel, la India y Pakistán. Segundo, su credibilidad le ha permitido que el embajador Rafael Grossi presida hoy el denominado Grupo de Proveedores Nucleares, compuesto por 48 países. Y tercero, la capacidad de producción nacional se expresa en el hecho de que Invap ha vendido reactores nucleares de alta calidad y desempeño a Australia, Argelia, Egipto y Perú. A pesar de estos logros, en diferentes momentos durante el último cuarto de siglo han surgido voces a favor de que la Argentina, de manera unilateral y sin Brasil, firme un protocolo adicional. Los argumentos han sido múltiples. En algunos predomina la convicción de que es lo correcto desde el ángulo de los principios. Hay, por otro lado, consideraciones oportunistas: acercarse a Washington, en algún contexto interno de necesidad, prometiendo la firma para lograr apoyo. En otros casos prevalece un sesgo antibrasileño: desconfianza hacia el vecino y sus hipotéticas intenciones non sanctas. También está la tesis económica según la cual habría más negocios en el campo nuclear si se firmara el protocolo. La contraargumentación que propongo es precisa. Cualquier decisión debe ser razonable y pragmática: asumir dogmas o altruismos en la cuestión nuclear es ingenuo. A su vez, el oportunismo en política exterior ha sido y es nefasto pues genera un beneficio simbólico de corto plazo y un costo alto en el largo plazo. Si la Argentina firmase unilateralmente un protocolo adicional le facilitaría a Brasil poner fin al régimen bilateral de salvaguardias y avanzar en un eventual proyecto nuclear de naturaleza militar o negociar la firma de un protocolo de acuerdo con su objetivo estratégico: la promesa de que las potencias respalden su interés en un asiento permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, la Argentina está limitada para exportar más reactores pues carece de una estructura financiera que permita extender líneas de crédito al comprador. En breve, provocar el desmantelamiento de un mecanismo único en el mundo y que ha probado ser muy eficaz sería inaudito. Por suerte, antes de llegar a la reciente Cumbre de Seguridad Nuclear, el presidente Macri disipó dudas y reafirmó el valor de preservar el histórico compromiso con Brasil en la materia. Es deseable que en el año en que la Argentina y Brasil conmemoran su mutuo aporte a la paz bilateral, regional y mundial gracias a la Abacc y al AC, los dos países fortalezcan la confianza, la transparencia y el equilibrio en esta materia.