En los medios

La Voz del Interior
11/02/16

Elogio de lo razonable

La propuesta de pago a los acreedores aún en “default” recibió el apoyo internacional, pero el costo económico y político debe ser una lección bien aprendida por la Argentina.

El Gobierno nacional intenta cerrar el histórico pleito con los acreedores que no aceptaron sumarse a los canjes de 2005 y 2010, que representan poco más del siete por ciento de la deuda pública en default desde 2001.

La iniciativa recibió el apoyo de gobiernos y organismos de crédito, que celebraron el regreso de la Argentina a la comunidad financiera internacional.

La mayor parte de los bonos impagos fue adquirida por grandes grupos de inversión, identificados como “fondos buitre”. Estos compraron esos títulos a 30 dólares por cada lámina de 10 y ahora –con el respaldo de varios fallos judiciales– exigen más de 300 dólares por cada título.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández aceptaron, en su momento, litigar contra los fondos buitre en los tribunales de Nueva York, que era la sede elegida por la Argentina para dirimir cualquier diferencia.

El juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York fallaron sucesivamente a favor de los bonistas, mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó la apelación de nuestro país, por lo que quedaron vigentes los fallos. Esos dictámenes convalidaron el reclamo de quienes no aceptaron los canjes, los cuales suponían en la práctica una quita del 63 por ciento promedio sobre los 150 bonos emitidos por la Argentina.

Un trabajo realizado por los catedráticos Juan José Cruces, de la Universidad Torcuato Di Tella, y Tim Samples, de la Universidad de Georgia, demostró que los siete bonos con mayor posesión por parte de los holdouts valen en la actualidad entre 256 y 419 dólares por cada lámina de 100, incorporados los intereses y recargos por mora que se establecieron en el documento de emisión y la sentencia judicial que avaló la demanda. “Fue el costo de no cerrar el problema a tiempo”, enfatizó Cruces.

La investigación apunta que la oferta de los negociadores argentinos equivaldría al pago de 150 dólares por bono, unos 17 dólares más por título en relación con los entregados en el canje de 2005, que hoy valen unos 133 dólares si se consideran los pagos efectuados y la reinversión de utilidades.

Esa compensación extra por las sentencias judiciales y la eliminación de la ley cerrojo por parte del Congreso podría dar pie a nuevos reclamos de los bonistas que aceptaron los canjes, advirtió la oposición en el Congreso.

La Argentina necesita salir del default para volver a recibir créditos de los organismos internacionales y de los fondos de inversión, lo cual le permitirá financiar el enorme déficit heredado y concretar el plan de obras necesario para el crecimiento y desarrollo social.

El festejo del no pago de la deuda deja también dolorosas lecciones que deben ser aprendidas por la sociedad y dirigencia argentinas.